Por ser de relevancia en el actual contexto político, Proceso comparte con sus lectores el reportaje completo publicado en la edición 2243, para su análisis y discusión.

El teniente coronel Eduardo Navarrete Montes, con amplia experiencia en operaciones especiales, analiza en entrevista el fallido operativo del jueves 17  de 2019 en Culiacán, cuando se capturó y luego se liberó a Ovidio Guzmán. En opinión del también abogado, los jefes militares responsables de la acción deben asumir la responsabilidad de que no hubo un plan para resolver la situación de la mejor manera y para ocultar sus errores, optaron por "espantar" al presidente.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Ningún jefe del Ejército mexicano había quedado entrampado en el combate al narcotráfico como el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval. Órdenes y contraórdenes sin que se conozca su origen, explicaciones confusas y descarga de responsabilidades por parte del militar en quienes carecían de mando en la frustrada captura de Ovidio Guzmán López tienen bajo escrutinio a los mandos de la Fuerza Armada.

La Fiscalía General de la República anunció "una investigación exhaustiva" sobre quienes participaron en el frustrado operativo de captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, más allá de la actuación de los delincuentes.

La indagatoria anunciada el lunes 21 por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, incluirá a la Guardia Nacional y a la Policía Ministerial Militar (PMM), la que según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actuó "de forma precipitada" en la frustrada operación.

"Para esclarecer lo ocurrido hay que identificar la cadena de mando. Ninguna acción militar, y menos una de alto impacto como la captura de un narcotraficante de jerarquía para extraditarlo a Estados Unidos, se puede realizar sin que existan órdenes. El Alto Mando del Ejército, que es el secretario de la Defensa Nacional o su Estado Mayor, no pudieron ser ajenos a la fallida operación. Al presidente lo espantaron por sus propios errores."

El señalamiento lo hace en entrevista el teniente coronel de Infantería y litigante en tribunales castrenses Eduardo Navarrete Montes. Inactivo del Ejército desde 2013, pese a haber obtenido una orden judicial de reinstalación en una causa que le abrieron en medio de un diferendo con un superior, el militar y abogado asegura que si la misión era la captura del hijo del Chapo es porque había una orden por escrito y debió existir un plan de operaciones aprobado por el jefe militar que dio la orden de captura.

Navarrete Montes habla desde su experiencia operativa de 26 años en el Ejército mexicano y de sus cursos en Special Forces y Ranger, en el de Estados Unidos; de Fuerzas Especiales Kaibil, en Guatemala; de Guerra en la Selva, en Brasil; y de Gendarmería, en Francia.

"Conozco la operatividad y me resulta difícil asumir lo que argumenta el general secretario al responsabilizar a la Policía Ministerial Militar, porque ésta se encarga de investigar delitos de índole militar", dice el también maestro en amparo.

Hay un vacío de información respecto a quién dio la orden, quién la ejecutó y por qué falló el plan operativo, si es que lo hubo. Pero lo que no se puede soslayar es que quien ejecutó la operación fue la Defensa Nacional.

Los videos lo demuestran, dice el experto, quien como miembro activo del Ejército se especializó como ranger en operaciones de comando en guerras de baja intensidad en la Escuela de Infantería del Ejército de Estados Unidos, en Fort Benning, Alabama. En la Escuela de Guerra Especial, en Fort Bragg, la instalación militar más grande del mundo, en Carolina del Norte, se graduó como Boina Verde.

"En todos los ejércitos del mundo existe lo que se conoce como procedimiento de conducción de tropa. El Ejército mexicano no lo tiene. Lo que tiene son manuales obsoletos. A diferencia de la Marina, que cuando se incorporó en 2006 al combate frontal al narcotráfico fue a los Marine Corps, un brazo de la Armada de Estados Unidos, y empezó a implementar un procedimiento para este tipo de operaciones. No obstante, en el Ejército mexicano sí hay manera de saber qué ocurrió. Hay que revisar la cadena de mando para establecer responsabilidades."

Investigación administrativa

-El código de Justicia Militar tipifica el delito de "traición a las Fuerzas Armadas" y prevé una pena de 15 a 60 años y baja de las Fuerzas Armadas al militar que, teniendo tropa a su cargo, deje de actuar en contra de cualquier integrante de la delincuencia organizada. ¿Incurrieron en ese delito los militares que liberaron a Ovidio Guzmán?

-Es muy probable que en la Sedena la investigación no sea penal, sino sólo administrativa y se dirija en contra del sargento o teniente que ejecutó la operación. Se dirá que fueron delitos de tipo militar sólo para justificar ante la sociedad.
"Una verdadera investigación tendría que ser en contra del general que dio la orden y el jefe militar que planeó. Lo más seguro que todo sea maquillado. La Sedena nunca va a aceptar la responsabilidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no sabe qué hacer. Está confundida porque tampoco tiene el control  de la Guardia Nacional, que también participó en el operativo", asegura.

-¿Cómo se puede dar con la cadena de mando?

-Por la importancia de la detención se trató de una orden. Se llaman misiones específicas para capturar a los delincuentes. Se establecen objetivos o personas que van a ser capturados. Por su importancia, sobre todo en este caso porque hay una petición de extradición a Estados Unidos, la orden debió haber sido generada por el titular de la Sedena o su Estado Mayor.

"Ninguna acción militar se realiza sin una orden. Es necesario saber de dónde vino y a quién le dieron esa misión; es decir quién fue el responsable de la operación, porque él mismo debió haber planeado y coordinado el apoyo. Debió haber estado pendiente. Así se puede saber dónde estuvo la falla", dice quien fuera también director de Seguridad Pública en Michoacán, donde se originó su litigio contra el Ejército (Proceso 1944).

Explica que una vez que se da la orden, se planea y se ejecuta. En Culiacán pudo ser a través de la III Región Militar (que tiene jurisdicción en Sinaloa y Durango), la Novena Zona Militar (con sede en Culiacán) o directamente se pudo haber asignado a una unidad. También pudo ser que se trasladara una unidad desde la Ciudad de México. "No sabemos qué personal militar actuó, de qué zona o región militar o si fue una unidad especial. Tampoco sabemos cuál era su misión".

-¿Qué sigue después de que se genera una misión, que en este caso era la detención de Guzmán para entregarlo a Estados Unidos?

-Cuando hay una misión se emite una orden tipo misión de operaciones. Eso significa que el jefe militar que la recibe realiza un plan de la operación y es el encargado de coordinar todos los apoyos. Cuando el comandante ejecutor tiene el plan de operación, se lo debe llevar a firmar al que le dio la orden y se convierte entonces en una orden general de operaciones. Cuando la firma el más alto nivel, se vuelve una obligación. Aquí pudo haber sido el secretario de la Defensa, el jefe del Estado Mayor, el comandante de la III Región Militar, el de la Novena Zona Militar o el del 94 Batallón de Infantería, en Culiacán, el general Humberto Cerón Martínez, o incluso un mando especial.

-¿Estuvo mal planeado el operativo?

-Se trató de una mala conceptualización de la operación, de una mala coordinación. La ejecución estuvo bien; el problema fue la operación y los apoyos. Un general debió recibir la orden y prever los distintos escenarios. Por la naturaleza de la operación debió tratarse de un general, porque el caso llegó hasta el presidente de la República. La orden debió salir de la CDMX, en definitiva.
-En una misión de ese tipo, y con 13 años de experiencia del Ejército en el combate abierto al narcotráfico, ¿no era posible prever un escenario como el de Culiacán?

-Cuando dan orden de captura de una persona, que es un enemigo desde el punto de vista táctico, se ordenan dos cosas: lo concentras o lo trasladas al punto tal. Llevan órdenes específicas. Normalmente se van a los aeropuertos o a la CDMX. En este caso, la orden no era 'captúralo y ahí te esperas a ver qué pasa'. Esa es la función del mando y en su plan debe establecer lo que va a necesitar de apoyo logístico. Debieron haber hecho una gran movilización aérea y con drones, echar mano de la guerra electrónica y haber cortado las comunicaciones a los delincuentes, aunque la ciudad se hubiera quedado un rato incomunicada. No hubo ni siquiera apoyo de fuego. Es claro que faltó información, inteligencia y planeación.

-¿La responsabilidad sólo es de quien planeó la operación?

-El encargado de la operación se limita a lo táctico. Es imposible que tenga contacto con el presidente. Me imagino que en el gabinete de seguridad se alarmaron cuando vieron imágenes y entonces tomaron la decisión de liberar a Guzmán López.

-¿La Policía Ministerial Militar puede estar a cargo de un operativo de este tipo?

-Ella no se encarga de eso. Los que estuvieron en el operativo fueron fuerzas operativas del Ejército. El general secretario le echó la culpa a la PMM. Es pésimo porque ésta única y exclusivamente investiga cuestiones militares. Esa es otra mentira. No es posible que estuvieran al frente porque no es de su competencia. Los abogados del detenido habrían alegado una aprehensión hecha por ministeriales militares, que carecen de competencia, y habrían obtenido su libertad por la vía legal. La PMM investiga sólo delitos militares.

Papel de la Guardia Nacional

-También se implicó a la División de Drogas de la Guardia Nacional (GN)…

-El secretario de la Defensa Nacional en teoría no tiene nada que ver con la GN. Sólo con el Ejército y la Fuerza Aérea. No pueden hablar de la GN. Pero ahora sigue existiendo confusión con ese nuevo cuerpo. Los militares son medio tiempo del Ejército y medio tiempo de la GN. Falta voluntad de la Sedena para pasar a la gente a la Guardia Nacional. Si los mandó el Ejército, entonces eran militares. Por eso se necesita demostrar la orden de operaciones, especificando incluso el equipo que se llevó.

"La Secretaría de Seguridad debe saber qué soldados son suyos y asumir la responsabilidad de las operaciones de la Guardia Nacional. Esa fue la intención de la reforma constitucional, que el Ejército ya no fuera el protagonista, pero se sigue rehusando porque los mandos quieren hacer lo que ellos quieren", afirma.

-¿Cuál sería la responsabilidad del comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio?

-Sin duda que hay responsabilidad del secretario, el general de división Cresencio Sandoval, y el general Rodríguez Bucio por el hecho de ser responsables de la operación.

-¿Fue correcto que el presidente avalara la liberación?

-Para mí, el presidente cometió un grave error al dar la cara por las fallas de los militares. El que debió afrontarlos es el secretario de la Defensa. En El arte de la guerra, Sun-Tzu (estratega militar y filósofo de la antigua China) dice que en el campo de batalla manda el general, no el príncipe. Cuando el presidente salió a dar la cara no sabía el impacto que iba a tener. Le faltaba información. Debió haber dejado que la autoridad militar se hiciera responsable. El presidente no tiene por qué decirle a un soldado que dispare o no. Eso depende del general. Estuvo mal asesorado o sencillamente no hace caso.

-El gabinete de seguridad, en el que participan la Sedena y la Secretaría de Marina, le dijo al presidente que era mejor liberar al hijo del Chapo para evitar que murieran personas. ¿Fue correcta la decisión?

-El impacto no es sólo humanitario, porque fue una demostración de que el Estado quedó rebasado por la delincuencia. Los jefes militares tienen que asumir la responsabilidad de que no hubo un plan para sacar la situación de la mejor manera. Es inaceptable que el Estado diga que tiene menor capacidad de fuego que los narcotraficantes. No se puede decir porque no es cierto. Desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico se ha incrementado el presupuesto para la Sedena. El problema principal fue que el gabinete de seguridad tomó la decisión cuando la información táctica que llegaba del campo no era la correcta. La mayoría de los videos los subieron civiles.

-¿Cómo saber que no era la información correcta?

-No lo era porque hay muchos videos que no eran ni de Culiacán. Sí, hubo quemazones y disparos, pero era muy difícil que los delincuentes actuaran contra la población. Si hubieran matado gente se la habrían echado encima.

-Pero entraron a una unidad habitacional de militares y dispararon contra un cuartel…

-No todas las unidades habitacionales están dentro de los cuarteles. La Sedena no les da protección a las familias. Cualquier ciudadano entra. Eso es una falla que explotaron los delincuentes. No hay un plan de seguridad, al menos de las instalaciones donde viven. Pero los delincuentes no querían caer en una matazón porque se afecta su imagen. Al contrario, se hacen pasar como benefactores.

"En el caso del ataque al cuartel, pudo ser un tiroteo que iría a más. La mayoría de las instalaciones militares en el país están sobre carreteras o bulevares. Fue un ataque de hostigamiento. Fue con la intención de llamar la atención. No hubo bajas. Fue un plan de propaganda. Y ese acto de hostigamiento tuvo un efecto, porque en el gabinete de seguridad no lo supieron valorar. Se intimidó. Los delincuentes lograron su propósito porque no tenían ni la fuerza suficiente. No fue un ataque de exterminio."

-El presidente argumentó que había vidas en peligro y el secretario de la Defensa dijo que había ocho militares retenidos…

-El argumento de que se salvaron vidas no es del todo cierto. No había rehenes, como ocurre con los grupos terroristas. No sabemos en dónde estaban los detenidos. El grupo delictivo no ha sacado ni un video que lo demuestre. Hasta ahora, no hay nada que demuestre que estaban bajo su control.

-¿Espantaron al presidente?

-El presidente tomó una decisión sobre hechos que no representaban el riesgo de una masacre. Los delincuentes no lo iban a hacer. Cuidan la base social que los protege. Saben que la gente se puede ir en contra de ellos. Pero hasta ahora, lo que hay es falta de información precisa por parte de la autoridad. No hay nada oculto… que lo oculten es otra cosa.

Reportaje publicado el 27 de octubre en la edición 2243 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.