Narcotráfico
Ovidio Guzmán: protección de Estado
Los poderes Ejecutivo y Judicial, junto con la FGR, decidieron mantener en sigilo la información sobre la extradición de uno de los actuales líderes del Cártel de Sinaloa, mientras que el Legislativo evitó indagar los hechos y los motivos del presidente para ordenar al Ejército su liberación.
La FGR, el Consejo de la Judicatura Federal y las secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Relaciones Exteriores cerraron filas para negar cualquier información sobre la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, así como sobre el fallido operativo para detenerlo. Lo hicieron con argumentos tales como que dicha información es “reservada y confidencial”, que “pondría en riesgo” las relaciones de México con Estados Unidos, que violaría los “datos personales” del imputado e incluso que vulneraría su “presunción de inocencia”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El caso de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtió en un asunto de Estado. Los poderes Ejecutivo y Judicial, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), decidieron mantener en sigilo la información sobre la extradición de uno de los actuales líderes del Cártel de Sinaloa, mientras que el Legislativo evitó indagar los hechos y los motivos del presidente Andrés Manuel López Obrador para ordenar al Ejército que liberara a quien el gobierno de Estados Unidos pretende juzgar por narcotráfico.
Pasaron casi dos semanas para que el gobierno federal diera su versión de lo sucedido el 17 de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa. En su conferencia de prensa del 30 de ese mes, el presidente invocó la transparencia y dejó el escenario a sus secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, ahora candidato oficial al gobierno de Sonora. Ambos se limitaron a hacer una relatoría de los hechos en los que se reportaron ocho muertos, 19 heridos y 11 rehenes.
Hasta ahí llegó la transparencia del Ejecutivo. Más aún, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apeló a la “presunción de inocencia” para reservar cinco años la orden de detención provisional con fines de extradición del hijo del Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, uso de arma de fuego y conspiración para cometer lavado de dinero.
El Legislativo, controlado por Morena y sus aliados, evitó también profundizar en los hechos del llamado “culiacanazo”. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, presidida por el partido del presidente, decidió pasar del tema y ni siquiera fue convocada para analizar el caso que tuvo una amplia cobertura de la prensa internacional.
La FGR y el Poder Judicial de la Federación tampoco han contribuido a la transparencia. Con el argumento de “protección de los datos personales” de Ovidio Guzmán y de “poner en riesgo” la relación con Estados Unidos, han evitado hacer pública la información sobre la detención con fines de extradición contra el hijo del Chapo a solicitud del gobierno de ese país.
De acuerdo con la documentación mostrada por el general Sandoval en esa conferencia, la detención de Ovidio Guzmán López, identificado como El Ratón y Ratón Nuevo, fue autorizada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México desde casi un mes antes de que se cumpliera. El juez dio la orden de detención el 25 de septiembre de 2019, a solicitud de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR.
Proceso solicitó a la FGR, vía transparencia, la petición y respuesta diplomática entre Estados Unidos y México sobre la orden de detención provisional con fines de extradición de Ovidio Guzmán. La Fiscalía respondió que “no existe orden de extradición, ya que no ha iniciado el procedimiento, y tal orden la emite la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), una vez que la persona es detenida y se continúa el procedimiento en sus diferentes etapas ante el juez de distrito competente”.
