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Aguascalientes: Frenan la “Ley Garrote”, pero su impulsor se perfila para el gabinete
Durante más de dos meses, el diputado panista de Aguascalientes Enrique García López impulsó su iniciativa de ley de manifestaciones –la Ley Garrote– en el Congreso estatal. Pero el miércoles 24 se desistió, luego de las airadas protestas de organizaciones sociales.
Durante más de dos meses, el diputado panista de Aguascalientes Enrique García López impulsó su iniciativa de ley de manifestaciones –la Ley Garrote– en el Congreso estatal. Pero el miércoles 24 se desistió, luego de las airadas protestas de organizaciones sociales. Y aun cuando algunas activistas lo consideran un triunfo, manifiestan su preocupación porque, dicen, el personaje se perfila como subsecretario de gobierno en la administración de su correligionaria Teresa Jiménez, quien asume el próximo 1 de octubre.
AGUASCALIENTES, AGS. (Proceso).– Tres días después de que la panista Teresa Jiménez arrasara en las elecciones estatales para renovar la gubernatura en la entidad, su compañero de partido, el diputado local Enrique García López, presentó al Poder Legislativo una propuesta para crear una ley de manifestaciones que de inmediato fue bautizada como Ley Garrote.
La iniciativa, que despertó polémica pues en la práctica intenta criminalizar la protesta social, fue dada a conocer por el Congreso estatal el 9 de junio último. A diferencia de otras propuestas, la de García López fue turnada con rapidez –en menos de dos meses– a las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos para su dictamen y posterior votación en el pleno.
El diputado morenista Juan Carlos Regalado Ugarte llama la atención sobre esa inusual rapidez, sobre todo si se considera que las últimas iniciativas relacionadas con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo tienen casi un año y ni siquiera han sido analizadas.
Regalado califica de autoritaria la propuesta de ley de manifestaciones que impulsa el panista García López, quien pertenece al mismo grupo político de la mandataria electa.
La presunta prisa prendió las alarmas de organizaciones civiles nacionales y locales. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, formado por organizaciones nacionales como Artículo 19 y el Centro Prodh, la calificó como un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Colectivas locales, como Cultivando Género, VIHDA y la Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual, entre otras, también se pronunciaron en ese mismo sentido.
En Aguascalientes las manifestaciones más numerosas han sido organizadas por mujeres, por integrantes de la comunidad LGBTQ+ o motivadas por temas políticamente controversiales, como la falta de agua potable. Analistas políticos, como Alejandro Madrazo Lajous, aseguran que la propuesta tiene una dedicatoria clara.
Y mientras crece el descontento contra García López, el legislador se aferra a su propuesta. Fuera de su oficina en el Congreso estatal se colocaron pancartas con su rostro, acompañadas con la leyenda “Fascista”; sin embargo, también es apoyado por el sector más conservador de la entidad.
Hasta ahora ningún partido se posicionó al respecto. El PAN y su aliado legislativo, el PRD, tienen mayoría en el Congreso; luego sigue el PRI, que durante la campaña formó parte de la coalición Va por Aguascalientes, que llevó a la panista Jiménez a la gubernatura. De los cinco diputados de Morena, sólo Regalado Ugarte ha manifestado su rechazo a la iniciativa.
Las organizaciones civiles fueron claras en sus exigencias: que la propuesta sea retirada o, en el mejor de los casos, que se vote en contra. Tras la presión local y nacional, la buena noticia llegó el miércoles 24, cuando activistas circularon un documento en el cual García López informó a la Mesa Directiva del Congreso que retiraba su propuesta.
Y aun cuando eso fue tomado como un triunfo por las organizaciones, la activista Angélica Contreras, de Cultivando Género, sostiene que hubiera sido mejor votar en negativo, para impedir que en el futuro se vuelva a impulsar esa iniciativa. “Ganamos una batalla, pero la lucha sigue; lo festejamos, pero esto no termina aquí”, comenta.
También se dio a conocer un documento firmado por García López en el cual informa que, en respuesta a la exigencia de organizaciones y a petición del presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez –quien nunca se posicionó públicamente sobre el tema– decidió retirar su propuesta, pero recalcó que trabajará para “afianzar las bases que aporten el bienestar y la estabilidad social permanente”.
Contra las “buenas costumbres”
La iniciativa de García López incluye 30 artículos y es difícil decidir cuál es el más grave. El quinto, por ejemplo, señala que: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, es decir, cuando se persiga un fin que no sea contrario a las buenas costumbres o a las normas de orden público”.
Además, prohíbe a los y las manifestantes “intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen, así como bloquear las vías primarias” pues “en caso contrario, la autoridad competente podrá disolver la manifestación”.
También obliga a dar aviso a las autoridades sobre la protesta 48 horas antes de realizarse, e impone el horario de 11 a 18 horas para manifestarse o de lo contrario habría sanciones y la autoridad, de nuevo, podría disolver la manifestación.
La propuesta confiere facultades al estado para no permitir una protesta o hacer modificaciones al recorrido de la misma y obliga a las personas manifestantes a portar un brazalete que les identifique “a fin de supervisar” su desarrollo, entendido como buen comportamiento.
En su artículo 14 señala que se tomarán “las medidas necesarias para evitar el bloqueo en las vías primarias”. Y en su artículo 16 señala que “si durante el desarrollo de una manifestación se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio público, la Secretaría (de Seguridad Pública Estatal) deberá disolverla y garantizar el libre acceso de los servidores públicos a las instalaciones”.
La ambigüedad de los términos, señalan activistas, es sumamente peligrosa; por ejemplo, la ley no especifica sanciones, pero habla de multas, arresto y trabajo comunitario. Además, indica que se podrá solicitar la intervención de la fuerza pública cuando “la manifestación obstruya el libre acceso y salida del personal o de los usuarios de las instituciones de carácter público”, o “cuando se obstaculice o interrumpa la realización de actividades prioritarias del estado” y “cuando haya una afectación a la infraestructura o servicios públicos”, entre otras.
Señales ominosas
Como integrante del grupo político de la gobernadora electa, García López se perfila como el próximo subsecretario de Gobierno tan pronto inicie la administración estatal, el 1 de octubre próximo. Sería el segundo de a bordo en el proyecto gubernamental y el encargado de la política interna del estado. Este contexto hace que las organizaciones lo miren con reserva.
Aunque García López retiró su propuesta, activistas han puesto otra exigencia sobre la mesa: la creación de un protocolo para garantizar la seguridad de las y los manifestantes, asunto que forma parte de la recomendación 08/2021 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tras los actos de represión cometidos el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de las Mujeres, contra jóvenes que se manifestaron.
Ocho de ellas fueron encarceladas y otras más golpeadas e insultadas directamente, y por órdenes del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Porfirio Sánchez Mendoza (hoy procesado por el delito de tortura presuntamente cometido cuando fue director de la Agencia Federal de Investigación, bajo el mando de Genaro García Luna) y del propio gobernador panista Martín Orozco Sandoval, quien durante días se negó a levantar los cargos contra las detenidas.
La postura de los gobiernos blanquiazules plantea un escenario de preocupación para las organizaciones, sobre todo la administración que está por iniciar, caracterizada por el control de los medios locales mediante contratos de publicidad y la poca rendición de cuentas.
“Es un mal sabor de boca y una pretensión de coartar la libertad de expresión, la libertad de manifestación y en términos generales todo lo que nos ha aportado la democracia moderna en México, como la transparencia y rendición de cuentas. Parlamentarios locales nos comentaban que el equipo político cercano a la titular de la próxima administración no ha dejado avanzar iniciativas que permitan elevar el estándar en materia de derechos humanos. Son malas señales”, dice Wilfrido Salazar, defensor de derechos humanos y activista de la comunidad LGBTQ+.
Y agrega: “Las dos gestiones anteriores (de Jiménez como alcaldesa de la capital del estado) han sido señaladas por la inversión en medios de comunicación y por tener una campaña permanente de que ‘están bien las cosas’, y no un indicador que la pobreza extrema en los últimos cinco años se incrementó en el municipio capital”.
Contreras añade: “Es una muy mala carta de presentación, ¿hacia dónde va dirigida esta iniciativa y cuál es la agenda política? ¿Escuchar o buscar las alternativas para no escuchar? Recordemos que la futura gobernadora, muy al inicio de su campaña, decía que no iba a escuchar las críticas. Si decía eso en un periodo de campaña, ¿qué va a pasar cuando ya sea gobernadora y gobierne para todos los grupos?”.
García López es uno de los diputados más polémicos de la actual legislatura local. En 2021 impulsó el incremento de más de 50% del sueldo de los diputados, en medio de una controversia por la falta de transparencia en el ejercicio de recursos del Legislativo. Y, además, como extitular del Consejo de Administración es una pieza clave en el presunto desvío –entre 2018 y 2019– de más de 140 millones de pesos del Legislativo local a empresas fantasma y otras ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, consignado en la investigación periodística La caja negra de Aguascalientes, motivo por el cual enfrenta una investigación penal.
Aunque se solicitó una entrevista con García López e integrantes de la bancada panista clave para el análisis de la propuesta, hasta el cierre de este trabajo no hubo respuesta.
