Pese a las denuncias documentadas por la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el caso que implica al exprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y su equipo por actos de tortura contra decenas de personas sigue sin resolverse. Los agraviados externan su preocupación, no sólo por la actitud negligente de las autoridades, sino porque, dicen, algunos de los viejos colaboradores del poderoso exfuncionario están en activo y otros podrían incorporarse al gobierno de la panista Teresa Jiménez Esquivel, quien asume en dos meses.

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana del 14 de diciembre de 2020, el abogado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, procurador de Aguascalientes de 2010 a 2015, compareció ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) por los señalamientos de tortura en agravio de siete personas, en actos en los que él y su equipo de trabajo presuntamente participaron durante ese periodo.

El imputado negó los cargos y solicitó al Ministerio Público tomar en cuenta informes médicos, peritajes psicológicos y el resultado de otras investigaciones por esos mismos casos que, dijo, fueron cerrados sin ejercer acción penal, según su declaración consultada por Proceso.

Es la única vez que Muñoz Vázquez ha respondido ante las autoridades ministeriales por imputaciones en su contra hechos por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según su recomendación 17VG/2019.

Las propias víctimas comentan que en su momento algunos jueces y médicos aportaron a la dependencia que encabezó el acusado pruebas de la tortura de los detenidos e incluso presentaron denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA). De 2019, cuando los casos comenzaron a investigarse, a la fecha no ha habido resultados, dicen los agraviados.

Según la CNDH, peritajes médicos y psicológicos emitidos por la entonces Procuraduría fueron omisos en consignar las torturas que, en algunos casos, hicieron que las víctimas permanecieran semanas hospitalizadas. La falta de transparencia en la actuación de la Procuraduría cuando Muñoz Vázquez estuvo al frente de la dependencia, hace que las pruebas que él pide tomar en cuenta no sean confiables.

En la recomendación de la CNDH se acreditaron 19 víctimas y el único funcionario señalado con nombre y apellidos es precisamente Muñoz Vázquez, quien –de acuerdo con los testimonios analizados por la institución– presuntamente participó de manera directa en las golpizas. “Especial preocupación generan los testimonios, tanto de víctimas como de exservidores públicos, sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en dicho lugar”.

El caso sigue abierto no sólo porque los agraviados, quienes padecen secuelas físicas y emocionales, no han obtenido justicia, sino porque en los años recientes aumentan los testimonios contra el exprocurador y su equipo. Son más de 200 las personas que afirman haber sufrido tortura por personal de la Procuraduría estatal, la mayoría durante 2011, año en el que, según la narrativa oficial, una disputa entre cárteles de la droga afectó a la entidad.

A finales de junio pasado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) difundió el informe Hasta perder el sentido, el cual destaca que entre 2011 y 2014 en Aguascalientes hubo “una práctica sistemática de tortura y malos tratos… planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la Procuraduría estatal”, un delito que no prescribe.

Durante ese periodo, al menos 40 personas (33 hombres y siete mujeres) sobrevivieron a las palizas, quemaduras corporales, violencia sexual y psicológica, arraigo prolongado y otras violaciones a sus derechos humanos para obligarles a culparse de delitos que no cometieron. Hoy, 30 de esas víctimas permanecen en prisión.

Según el informe, en 17 de los casos “un alto funcionario” participó o estuvo presente durante las torturas. Algunos de los señalados trabajaban en la propia Procuraduría; otros, en la Defensoría Pública del estado. Muchos siguen en funciones en la actual Fiscalía General del Estado (FGE), en el gobierno estatal o en el Poder Judicial.

Los carpetazos

En 2019, tras la publicación de su recomendación 17VG/2019, la CNDH anunció que interpondría una denuncia penal contra quien resultara responsable por las graves violaciones a derechos humanos y recomendó a la Fiscalía, entre otras cosas, investigar a su personal.

Pero las indagatorias no prosperaron debido a un amparo promovido en 2020 por el propio Muñoz Vázquez. El informe de la ONU-DH indica que ese amparo dejó de tener validez el 25 de febrero de 2022, por lo que el caso contra el exfuncionario se reactivó, confirmó Jesús Figueroa Ortega, quien hoy está al frente de la FGE.

Hasta ahora la dependencia ha dese­chado la acción penal contra los presuntos responsables al menos en tres ocasiones.

La ONU-DH asegura en su informe que la antigua Procuraduría fue parcial en sus investigaciones. Para las víctimas y personal de la dependencia, una de las razones es que muchas de las personas señaladas aún son funcionarios en activo.

La recomendación de la CNDH sostiene que el 22 de septiembre de 2015 dos ministerios públicos resolvieron que no había delito que perseguir en una carpeta de investigación que incluyó el testimonio de 10 víctimas.

De acuerdo con documentos consultados por Proceso, el 28 de febrero de 2022, Esther Zapata Azpiri, entonces directora de investigación en la FGE, determinó cerrar una carpeta de investigación que acumulaba cuatro denuncias por el delito de tortura.

El documento también está firmado por Mireya García Luévano, actual fiscal especializada en materia de tortura, quien determinó “archivar en definitivo la averiguación previa, por considerar que no existe delito alguno que perseguir”.

Ligada al PRI, partido que gobernó mientras Muñoz Vázquez fue procurador, Zapata Azpiri fue Ministerio Público cuando él era procurador. Se jubiló recientemente.

Lo mismo pasó el 17 de marzo de 2022, cuando la FGE determinó cerrar la carpeta de investigación CI/AGS/08579/04-21 sin ejercer acción penal contra los posibles responsables de torturar a cinco personas en aquellos años; algunos de los testimonios forman parte de la recomendación de la CNDH o del informe de la ONU-DH.

El documento está firmado por Juan Antonio Zermeño, actual vicefiscal de Investigación de Delitos. De acuerdo con su currículum, él fue defensor público de 2011 a 2015, cuando ocurrieron las detenciones y torturas.

Zermeño fue defensor público de Maricela Sánchez; detenida en 2011 cuando era policía municipal, es una de las víctimas más visibles de Muñoz Vázquez y su equipo. Ella afirma que Zermeño no la representó de manera adecuada, por lo que estuvo recluida durante casi seis años.

“La ONU-DH recibió información preocupante sobre el rol que habrían tenido los defensores públicos al momento de ‘asistir’ a la persona detenida para su declaración. Algunos de los testimonios describieron su conducta como totalmente pasiva, pero en 10 casos revelaron la complicidad activa de su defensor”, señala el informe.

Sobre este punto el fiscal Figueroa Ortega se mostró contrariado y afirmó que Zermeño ya no estará vinculado con las indagatorias, pues esa tarea la llevará a cabo una oficina especializada en temas de tortura. No obstante, la oficina que investigará los casos está a cargo de Mireya García Luévano, quien, según las víctimas, sólo se ha encargado de revictimizarlas y hostigarlas.

“Para mí ha sido muy difícil, a mí me habían diagnosticado esquizofrenia, psicosis, ansiedad y otras cosas. El año pasado me hicieron un electroencefalograma y tengo epilepsia derivada de los golpes que recibí; ha sido muy difícil. Hay gente que dice que mejor ni le movamos porque va a regresar Felipe Muñoz y entonces sí va a estar contra nosotros. He cambiado muchas veces mi número porque antes sí recibía llamadas de amenazas”, relata Maricela Sánchez.

Otras dos víctimas, quienes piden omitir su nombre, aseguran que tienen miedo porque, pese a sus denuncias, nada se ha hecho para sancionar a los responsables.

Respecto a las carpetas que se cerraron sin ejercer acción penal contra los posibles responsables, el fiscal Figueroa Ortega explicó: “Estaban determinadas desde 2016, se tomaban decisiones de no ejercicio y no se notificaban. Para nosotros era importante que las víctimas tuvieran conocimiento. (La falta de notificación durante seis años) no es algo que pueda responder, detectamos irregularidades en las investigaciones. El hecho de que se haya tomado una decisión es porque carecíamos de datos de prueba”.

De acuerdo con la ONU-DH, hay al menos 12 carpetas de investigación por el delito de tortura y “ninguna de ellas ha derivado en el procesamiento de algún servidor o exservidor público como responsable”.

El fiscal admitió también que de los presuntos implicados en los casos de tortura siete son funcionarios en activo, como policías investigadores o ministerios públicos; ninguno tiene alguna investigación en su contra.

La mayoría de las personas detenidas en aquellos años eran de condición precaria y fueron acusadas de delitos relacionados con delincuencia organizada y homicidio; otras, de delitos sexuales, robo, secuestro y extorsión. La mayoría de esos ilícitos eran investigados en la entonces Agencia de Investigación número 7, donde ocurrieron la mayoría de las detenciones y torturas entre 2010 y 2015.

De acuerdo con fuentes internas de la FGE –cuyos nombres no pueden ser revelados por cuestiones de seguridad– laboraron en esa dirección: Érick Mejía Facio, hoy titular de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios; Luis Guillermo Padilla Reynoso, director general de Investigación Especializada en la actualidad; José Mario Ortiz Ochoa, titular de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo en la actual administración; y Jesús Salas Herrada, quien ahora es titular de la Unidad de Investigaciones Foráneas.

Todos ellos vinculados, por señalamientos de víctimas y fuentes de la Fiscalía, con Muñoz Vázquez.

Las mismas fuentes señalan también a personal médico, como José Tomás Chávez, quien durante la gestión de Muñoz Vázquez como procurador era jefe de medicina y hoy es titular de la Dirección General de Investigación Pericial. En esa dirección se mantuvo más de una década Jorge Sosa Medina, jubilado en 2021, quien nunca fue investigado por presuntamente participar o ser omiso frente a los casos de tortura.

“Se recibió información sobre la posible participación de personal de servicios periciales en actos de tortura, concretamente de personal médico de la Procuraduría estatal... además de posible encubrimiento de los actos de tortura por omitir las lesiones de las personas sobrevivientes... dicho personal habría participado en actos de resucitación de personas que perdían el conocimiento, las cuales volvían a ser torturadas”, indica el informe de la ONU-DH.

A la lista se suma Juan Carlos Mayoral Esparza, quien ocupó el puesto de Ministerio Público en la entonces Procuraduría y a quien las víctimas señalan como pieza clave de las torturas. Hasta 2019, Mayoral Esparza fue titular de la Dirección Estatal de Atención a Víctimas del Delito y actualmente es director del Centro Estatal Penitenciario de Aguascalientes.

La reportera solicitó una entrevista al gobierno estatal, pues la ONU-DH recomendó “realizar un examen de antecedentes de todos los funcionarios a fin de identificar, investigar y cesar a quienes estuvieron vinculados con la comisión de actos de tortura y malos tratos”. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

El informe de la ONU-DH también señala que, en aquellos años, la CEDHA ha sido negligente en la investigación de las denuncias que recibió por los casos de tortura: “Recibió 295 quejas por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes atribuidas a la Policía Ministerial de la Procuraduría de Aguascalientes (casi todas iniciadas después de 2014) y emitió, en el mismo periodo, 28 recomendaciones por esas violaciones”.

Sin embargo, afirma, hay fundamentos suficientes para asegurar que existe un subregistro de quejas porque el “desem­peño de la CDHEA en la recepción y trámite de quejas en estos casos no fue diligente”.

Se solicitó entrevista con la CEDHA, pero la comisión informó que no hablarán sobre el tema por ahora. Algunas de las víctimas comentan a la reportera que si bien presentaron denuncias ante la comisión, ninguna de ellas se encuentra entre sus archivos, según los documentos oficiales que fueron revisados. En la CEDHA también laboran personas que presuntamente trabajaron bajo el mando de Muñoz Vázquez.

La denuncia por la que compareció el exprocurador en 2020 fue presentada por la entonces diputada local del Partido Verde Ecologista Karina Banda, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos en el Congreso estatal. Las víctimas aseguran que el abogado que la diputada les proporcionó, Guillermo Esparza Martínez, también fue cercano al equipo de Muñoz Vázquez. Él, dicen, incluso les pidió 10 mil pesos para continuar con el proceso, pese a que les habían prometido que los gastos correrían a cargo del Congreso estatal.

Consultada al respecto, Banda asegura no tener conocimiento de los hechos ni del avance de la denuncia que presentó ante la FGR. Con respecto a Esparza Martínez, se le buscó para conocer su posición; hasta el pasado 28 de julio no había respondido.

El rastro de la impunidad

En su comparecencia, Muñoz Vázquez, quien fue titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada entre 2015 y 2019, señaló como su domicilio la oficina 14 del piso número 15 de Torre Plaza Bosques, un edificio de oficinas ubicado en la zona de mayor plusvalía de la ciudad de Aguascalientes.

En esa dirección, según constató Proceso, se encuentran las oficinas del despacho jurídico “Observancia legal, empresarial en materia penal” (con nombre comercial Idegal) operado y fundado, entre otros, por Christian Lozano Muñoz, exagente del Ministerio Público en la Agencia de Investigación número 7 –según confirmaron fuentes de la Fiscalía estatal– y director de la Visitaduría (el órgano de control que investiga a funcionarios públicos) de la Fiscalía hasta 2018.

También figura Ricardo Lucio Ramírez, quien, de acuerdo con documentos oficiales, hasta 2020 –año en el que Muñoz Vázquez ya era investigado– fue Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía de Investigación de Delitos, a cargo de Juan Antonio Zermeño. Las puertas gruesas de cristal de la oficina están adornadas por una cámara de seguridad. Es la única oficina en ese piso que tiene cámara propia.

Aunque en el acta constitutiva del despacho el exprocurador no aparece como accionista, fuentes de la FGE aseguran que, en la práctica, le pertenece. La cercanía de quienes conducen ese despacho con las autoridades ministeriales podría propiciar prácticas nocivas para las investigaciones.

“Hubo actitudes cuestionables de algunos funcionarios y exfuncionarios que comprenden declaraciones públicas y privadas a la ONU-DH, así como el acceso indebido a documentos relativos a las investigaciones de los actos de tortura”, señala el documento publicado por el organismo internacional.

Los tentáculos de Muñoz Vázquez en Aguascalientes parecen estar por todos lados.

Incluso, tras el triunfo de la panista Teresa Jiménez Esquivel como primera gobernadora –asumirá el cargo el 1 de octubre próximo– en los corrillos de la FGE cobró fuerza el rumor de que personas cercanas al exprocurador podrían incorporarse a su gobierno.

El propio fiscal Figueroa Ortega asegura que si le solicitan abandonar su puesto de manera anticipada –su encomienda concluye en febrero de 2024–, él no opondrá resistencia y regresará a su antiguo cargo como juez local.

Deuda con los desaparecidos

Ahora el escenario ha cambiado. En la actualidad el inmueble que ocupaba la antigua Procuraduría General del Estado alberga a empresas nacionales y trasnacionales. Durante los años de Felipe Muñoz tenía una oficina en la cual se cometieron actos terribles de tortura, según los testimonios de las víctimas.

“Especial preocupación generan los testimonios, tanto de víctimas como de exservidores públicos, sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en ese lugar”, ubicado dentro del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, señala el informe de ONU-DH.

En 2019 un expolicía ministerial contactó a Marisela Sánchez, víctima de tortura, y a Sergio de Lara, padre de un desaparecido junto con otros dos hombres en 2011. Hasta ahora ninguno ha sido localizado. Les dijo que en ese terreno estaban cuerpos de personas que habrían sido asesinadas por elementos de la entonces Procuraduría y que podrían formar parte de la cifra de desaparecidos.

En ese año, tanto el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia como el Observatorio de Violencia Social y de Género (organización que acompaña a las víctimas de desaparición) impulsaron la búsqueda de personas en dos pozos señalados por el informante. Tras largos días de negociación, a falta de material especializado y por los cambios que ha sufrido el terreno, la búsqueda concluyó anticipadamente y sin registrar ningún hallazgo. Tras las exigencias, Sergio de Lara junior fue detenido con el argumento de que usaba una camioneta robada. A pesar de contar con la factura, dos años después las autoridades no le han regresado su vehículo.

“(Esa información) la tienen el fiscal y el gobernador (Martín Orozco), pero no quieren hacer nada. Él (el informante) dijo que había sido comandante de la ministerial y que un día lo citó Felipe (Muñoz) a su oficina y le pidió desaparecer a alguien, que él se negó y sufrió represalias. Se les pasaba la mano y los enterraban, pero no quieren buscarle bien, ahí hay personas”, dice De Lara.

Cuestionado por Proceso, el fiscal Figueroa Ortega afirma que se reactivará la búsqueda y, ante las sospechas de ejecuciones extrajudiciales, se iniciará una investigación de oficio, aunque no precisó la fecha. 

Reportaje publicado el domingo 31 de julio en la edición 2387 de la revista Proceso, cuya edición digital pueda adquirir en este enlace.