Los trámites para registrar y aprobar en la Cofepris nuevos productos químicos para la agricultura –especialmente plaguicidas y fertilizantes– se han vuelto un cuello de botella para los productores del campo, quienes ante el retraso se ven obligados a adquirir esos insumos en el mercado negro, lo que a la postre encarece los productos para los consumidores finales, de acuerdo con el presidente del organismo que representa a los fabricantes de agroquímicos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende establecer un control de precios en algunos alimentos de la canasta básica si la inflación no cede, por otro lado su gobierno mantiene “cuellos de botella” en el registro y aprobación de productos agroquímicos utilizados en el campo mexicano.

Esto resulta en un aumento en el costo económico para los productores, quienes se ven obligados a recurrir al mercado ilegal para adquirir desde plaguicidas hasta fertilizantes, y un costo social, al encarecerse los alimentos básicos consumidos por la población más vulnerable.

De acuerdo con la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos AC (UMFFAAC), en las oficinas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hay 2 mil 686 trámites rezagados desde 2018. De ese total, mil 470 son el registro de productos nuevos como nutrientes vegetales y plaguicidas; 609 son modificaciones administrativas que van desde cambio de domicilio, razón social, derechos y adición de marca, entre otros; 363 son modificaciones técnicas, como la adición de un nuevo fabricante o proveedor, y sólo 244 son prórrogas.

“Imaginemos lo que eso significa para los agricultores que no han tenido acceso a las nuevas tecnologías que las compañías de agroquímicos han estado buscando, las compañías de nutrición de cultivos, de productos fitosanitarios, como quiera que llamen a las compañías de tecnología que están buscando nuevas alternativas para los agricultores.

“Esos casi 2 mil 700 trámites están detenidos ahí y hay algunos que son verdaderamente absurdos; eso es lo que nos lleva a ver ineptitud entre la gente que está trabajando en esa dependencia”, lanza el ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la UMFFAAC, asociación civil creada hace más de 40 años por empresarios mexicanos, a la cual se han sumado empresas extranjeras proveedoras de productos fitosanitarios.

Gónzalez Cepeda abunda en entrevista con Proceso: “Hay casos de procesos administrativos que son cambiarle el nombre o meter una marca nueva… simplemente un proceso muy sencillo de cambio de marca.

“Por ejemplo, en un plaguicida que antes se daba en 30 días el proceso, hoy tenemos casos que llevan seis meses y no han salido, en un proceso administrativo que no tiene nada que ver con un tema de estudios toxicológicos o de cuestiones ambientales y demás.

“En los trámites que sí incluyen procesos científicos, verdaderamente procesos científicos, hay casos que han salido después de más de tres años y esto está retrasando el acceso a la tecnología para el campo mexicano.”

De acuerdo con González Cepeda, México tiene una demanda de fertilizantes, a grandes rasgos, de hasta 6 millones de toneladas; sin embargo, en la producción se ubicó en sólo 2 millones cifra menor que los 2.5 millones de 2020.

Secuelas de la guerra

Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la producción nacional de fertilizantes se desplomó 11.3% en 2021 al ubicarse alrededor de 2.1 millones de toneladas, de las cuales 47% correspondió a fosfatados; 27%, ácidos, y 26%, nitrogenados. De los 5.4 millones que se consumieron en México en 2021, 62% se cubrió con importaciones, lo que indica el alto grado de dependencia del mercado exterior.

Rusia fue el principal proveedor de las 3.4 millones de toneladas importadas durante 2021, con una participación de 27%; China abastece 20% de las compras nacionales de esos insumos para el campo.

El GCMA señaló que en marzo pasado los fertilizantes elevaron sus precios hasta 126%, por los costos de la energía, en especial el gas natural; por los gravámenes del comercio marítimo, así como por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Para el corto plazo se prevé un fuerte incremento de los precios de estos insumos, ante la suspensión de exportaciones de Rusia en respuesta a las sanciones que le fueron impuestas por países occidentales. El efecto inmediato sería en el potencial del rendimiento de las cosechas primavera-verano 2022”, advirtió el GCMA en un reporte publicado en marzo pasado.

El tema no es menor, ya que México ocupa la posición 14 como productor de fertilizantes y es el número seis como importador.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció a principios de marzo la entrega gratuita de 352 mil toneladas de fertilizantes de producción nacional en nueve estados de la República.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, este año se proyecta ampliar la entrega de fertilizantes a más de 700 mil beneficiarios dedicados a la producción de cultivos prioritarios en pequeña escala. La cobertura pasará de 602 mil 628 hectáreas en 2021 a 1 millón 200 mil hectáreas en nueve estados.

Los fertilizantes contribuirán a los cultivos de maíz, frijol y arroz en Guerrero, Chiapas y Oaxaca; de frijol en Zacatecas, Durango y Nayarit; y de maíz, arroz y hortalizas en Puebla, Morelos y Tlaxcala, explicó el titular de la Sader en la rueda de prensa matutina del pasado 7 de marzo.

“No hay forma de conseguirlas en este momento porque los países más grandes están comprando todo. Brasil está comprando, Chile está comprando con su producción que se adelantó, Argentina está comprando, China está comprando. Así es que creo que nos vamos a enfrentar a un tema de escasez y de baja producción en el campo”, alerta el presidente de la UMFFAAC.

La salida para los productores será recurrir a los mercados informales e ilegales de esos productos agroquímicos, lamenta González Cepeda.

“Una piratería son aquellos productos que pasan por las aduanas sin la verificación correspondiente y que en México son envasados y comercializados por empresas irregulares, imitando a las empresas que sí son reguladas, incluso imitando etiquetas de productos debidamente registrados.”

Abunda: “La otra piratería es la que pasa por las fronteras norte o sur de México y que las aduanas tampoco vigilan, productos norteamericanos, principalmente, o de Guatemala o de Centroamérica, que pasan y se comercializan hasta en inglés, cosa que está prohibida en México, y que tiene registros o regulaciones distintas a las de México.

“Otra más es la que se genera mediante el robo de mercancías en carreteras, que se ha incrementado considerablemente en nuestro país”, explica.

De acuerdo con el documento Mercado de plaguicidas ilegales en México, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, éste representa 15% del total de ventas a nivel distribuidor. Por su parte, la evidencia del muestreo de frascos realizado por Amocali, AC, señala que el porcentaje de productos sin registro equivalía a 13% en 2020. Las fuentes oficiales apuntan a que este problema tiene una magnitud que podría ascender a 30% en términos de aseguramientos de producto por toneladas.

Las estimaciones realizadas a partir de las estadísticas de la industria privada, a través de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología y UMFFAAC, asociaciones que agrupan a 95% de las empresas de la industria legal, señalan que el mercado legal está valuado en alrededor de mil 400 millones de dólares a precios del distribuidor, mientras que el ilegal ocupa una participación promedio de entre 15 y 20% aproximadamente.

Si este último porcentaje se monetiza en términos de ventas, los plaguicidas ilegales representan 210 millones de dólares

El estudio revela que las empresas encuestadas han identificado que la mayor presencia de plaguicidas ilegales se encuentra en comercios establecidos (86.7%), en sitios web (66.7%) y en otros sitios físicos (73.3%). Por lo tanto, esos porcentajes sugieren que los productos ilegales comparten el piso de venta con los productos legales, sin necesidad de la intermediación de otros actores.

Asimismo detalla que se identificó que el precio de los fungicidas, los insecticidas y los herbicidas contrabandeados resulta entre 30% y 40% más barato.

Asimismo se detectó que los plaguicidas robados tienen una mayor variación en el precio, pues llegan a ser 50% más económicos. Este diferencial de precio es atractivo para los consumidores que, en un contexto de competencia, tratan de reducir el costo de sus insumos, ya que el gasto en plaguicidas y semillas puede ser equivalente hasta a 40% de sus ingresos.

Si bien el registro de la producción, la importación, la exportación y el uso de plaguicidas es otorgado de manera conjunta por la Cofepris y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Cofepris es la autoridad de regulación, control y ejecución en relación con las actividades que requieren de una autorización o permiso sanitario, vinculadas a la elaboración, fabricación, preparación, exportación e importación de plaguicidas.

Es decir que la Cofepris está autorizada para regular y controlar los riesgos a la salud humana que se generan en los sitios donde se gestionan plaguicidas, y ahí se encuentran los cuellos de botella en este contexto de carestía e incremento de precios.

Esto resulta en una crisis en el sector agropecuario que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), acumula tres meses consecutivos con cifras negativas, pero lo más alarmante es que el desplome es cada vez mayor, según el Indicador Global de la Actividad Económica, el cual mide la evolución del sector real de la economía en el corto plazo y está integrado también por las actividades primarias, las secundarias o industriales y las terciarias, que engloban el comercio, el turismo y los servicios.

En el caso de las actividades agropecuarias, cerraron diciembre de 2021 con un retroceso de -1.2%; para enero de 2022 el tropiezo fue de -2.2%; mientras que para febrero ya el descalabro del campo fue de -3.8%, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. En todo el primer trimestre del año en curso descendieron -1.9% respecto al cuarto trimestre de 2021; sin embargo, en su comparación anual crecieron 2.1%.

Y la inflación

Por otra parte, los precios de los alimentos son cada vez más altos. En la primera quincena de abril la inflación se situó en 7.72% anual, la más alta en los últimos 21 años, según datos del Inegi.

Sin embargo, la inflación en alimentos fue de 13.97% en los primeros 15 días de abril. Además, en alimentos centrales en la dieta de los mexicanos, como las harinas de trigo y la tortilla de maíz, la inflación anual es superior, 16.62% y 17.42% respectivamente.

En el análisis que realizó la organización México ¿Cómo Vamos? se considera que “esta situación es alarmante ya que en México 40.3% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral, es decir, el ingreso en un hogar es insuficiente para alimentar a todos sus miembros.

“A pesar de que el incremento de los precios en alimentos se debe en gran medida a los efectos de la pandemia en las cadenas de suministro, el gobierno debe reaccionar con un programa social que permita que las familias más vulnerables tengan acceso a alimentos”, advirtió el think tank, en el que participan expertos en desarrollo social, economía y finanzas, entre otras áreas.

Pero esa advertencia sobre la situación no fue la única. El pasado 26 de abril funcionarios del FMI de plano hicieron una recomendación a países de América Latina como México:

“Para garantizar la cohesión social y reducir el riesgo de tensión social, los gobiernos deberían proporcionar apoyo focalizado y temporal a los hogares vulnerables y de bajo ingreso, y dejar que los precios internos se ajusten en función de los precios internacionales. Esto ayudaría a los grupos vulnerables y contendría los costos fiscales, además de incentivar la producción y moderar el consumo.”

–¿Ha habido acercamiento con las autoridades para tratar el tema? –se le cuestiona al presidente de UMFFAAC.

–Ya hemos intentado el acercamiento, pero hace poco nos cancelaron una reunión a la industria, sin aviso; simplemente nos dijeron que se suspendía la reunión en materia de revisar precisamente qué está pasando con esto y con estos trámites. Y es preocupante porque, si no sabes, pide ayuda a los científicos, a los técnicos, a los investigadores, para que expliquen cuál es el proceso. En la Cofepris no saben, no piden ayuda, simplemente se quedan ahí, impávidos, sin hacer nada –suelta González Cepeda.

Proceso buscó un posicionamiento de la Cofepris, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.  

Reportaje publicado el 1 de mayo en la edición 2374 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.