La desaparición del teniente Miguel Orlando Muñoz en mayo de 1993 no ha sido esclarecida en seis administraciones federales, incluida la de López Obrador. La familia afectada teme que exista protección al Ejército, ya que una investigación de 28 tomos de la fiscalía de Chihuahua arroja indicios de que el joven pudo ser objeto de desaparición forzada con la participación de mandos militares y no se han cumplido las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano desde 2006.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Este lunes 16 se cumplirán 29 años de que la familia Muñoz Guzmán, originaria de San Julián, Jalisco, se comunicó a las instalaciones del 26 Batallón de Infantería, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, en busca de Miguel Orlando, el tercero de seis hermanos de la familia, quien no se había comunicado seis días antes con su madre, María Guadalupe Guzmán Romo, como lo hacía sin falta cada 10 de mayo.

Con grado de teniente de infantería a sus 25 años, Miguel Orlando llamó por teléfono el 8 de mayo a su familia desde la frontera para compartirles su alegría por ser aceptado en la Escuela Superior de Guerra.

Por eso la familia Muñoz no creyó la versión que desde Ciudad Juárez les transmitieron vía telefónica el 16 de mayo de 1993: que Miguel Orlando desertó el día en que les notificó que pronto dejaría su puesto para trasladarse a la Ciudad de México en busca de ascensos en su carrera militar.

Han pasado 29 años desde la desaparición del teniente Muñoz Guzmán y seis presidentes han tenido conocimiento del caso, incluido Andrés Manuel López Obrador, sin que hasta el momento la familia afectada haya encontrado verdad y justicia.

Esto, pese a la existencia de indicios de la participación de efectivos militares en la ausencia del oficial, de acuerdo con un análisis minucioso de los 28 tomos que comprende el expediente, realizado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en su declinación de competencia a favor de la Fiscalía General de la República (FGR).

“No ha tenido ningún avance, están empezando de cero, cuando hay declaraciones en los autos, cuando se podrían girar órdenes de aprehensión, porque hay personas con responsabilidad, como el general Luis Montiel (excomandante de la V Zona Militar), que son adultas mayores y no queremos que se queden sin juicio, y quienes nos pueden decir qué pasó con mi hermano”, señala María Guadalupe Muñoz Guzmán, hermana del teniente.

Agrega que la familia está preocupada por “el poder que en esta administración le están dando al Ejército”, no sólo porque los militares “no deben estar en las calles; creemos que sí hay violaciones a derechos humanos entre los miembros del Ejército y nos desanima pensar que si hay un señalamiento en contra de un militar de alto rango por desaparición forzada, por los compromisos de este gobierno federal con el Ejército no haya sanción para los responsables”.

Protección a militares

La historia del teniente desaparecido, cubierta por Proceso desde diciembre de 1993, incluye actos de hostigamiento previos por parte de superiores del joven militar, como el general Montiel López; el entonces comandante del 26 Batallón, el capitán José de Jesús Morales García; así como lazos de altos mandos militares con líderes del narcotráfico en el norte de Chihuahua, descubiertos por el militar desaparecido.

Además, se falsificaron documentos para sostener que Miguel Orlando desertó; se fabricaron testimonios de compañeros del teniente y se ocultó y desapareció un portafolio que contenía el diario de la víctima con información comprometedora (Proceso 894, 895, 944, 1258, 1512, 1598 y 1699).

Desde 1993 el caso ha recorrido el fuero militar, el fuero común en el estado de Chihuahua y el federal, además de ser analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió sendas recomendaciones al Estado mexicano, sin que éste las hayan cumplido después de cuatro administraciones federales.

En su Informe de Fondo 02/2006 referente al caso 12.130, emitido en febrero de 2006, el organismo regional instruyó a “investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria mexicana para determinar el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán; y, de establecerse que hubo desaparición forzada, para sancionar a todos los responsables que conforman dicha figura jurídica”.

Asimismo determinó “reparar adecuadamente” a los familiares del militar desaparecido por “la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial” cometida por el Estado.

“La última reunión de seguimiento con la CIDH fue en 2019, en una sesión que se llevó a cabo en Quito, Ecuador. En las administraciones de (Vicente) Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, también nos hemos reunido con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (no hemos logrado hablar con el subsecretario Alejandro Encinas), sin lograr lo fundamental: el esclarecimiento del paradero de mi hermano y el castigo a los responsables de su desaparición”, apunta la hermana del teniente Muñoz.

Entre las inconformidades de la familia con la FGR destaca la respuesta que la dependencia dio a comunicaciones que su madre, Guadalupe Guzmán, envió al presidente López Obrador para pedirle una audiencia sobre el caso de su hermano, “una situación extraña porque lo esperado es que quien atendiera la solicitud fuera una oficina vinculada a la Presidencia”, apunta Muñoz Guzmán.

En la misiva dirigía a la señora Guzmán Romo, fechada el 4 de abril de 2022, Héctor Baranda Tello, fiscal titular adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la FGR, declara que la solicitud de audiencia con López Obrador “quedó sin sustancia”.

El argumento del funcionario es que, al ser el tema central “la búsqueda y localización de su hijo”, la audiencia no tiene por qué realizarse, “habida cuenta de que la búsqueda de su hijo está siendo efectuada lo mismo por personas de la iniciativa privada que por gente del gobierno federal y de las instituciones creadas por tales fines”.

Ante la queja de falta de avances, el funcionario de la FGR responde sin especificar que “las instituciones del gobierno federal, al menos, continúan en la ardua tarea de buscar al C. Miguel Orlando Muñoz Guzmán dentro del territorio nacional, sobre todo en aquellos lugares presumiblemente aledaños al sitio de desaparición”.

Abogada de profesión, María Guadalupe reprueba que la FGR no tome en cuenta los hallazgos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, de junio de 2019.

De acuerdo con la declaratoria de incompetencia emitida por la agente del Ministerio Público Liliana Catalina Ramos López, adscrita a la Unidad de Personas Ausentes y No Localizadas (Hombres) de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona, “la desaparición del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán pudiera estar relacionada con una desaparición forzada por parte de propios elementos del Ejército mexicano”, ya que la última vez que se le vio fue en instalaciones del 26 Batallón de Infantería.

Del análisis de los 28 tomos del expediente, en los que se incluyen las indagatorias abiertas en la Procuraduría General de Justicia Militar, la agente ministerial determinó que “la propia autoridad militar ha interferido para ocultar la verdad sobre los hechos”, particularmente en el ocultamiento de un portafolio, propiedad de Miguel Orlando, en el que se encontrarían su diario y documentos que podrían ser reveladores de las implicaciones de los militares con narcotraficantes.

Al revisar el enfoque de la “deserción”, la funcionaria de la FGE alerta que “el propio Ejército ha ocultado la verdad de los hechos y esto nos lleva a poner bajo sospecha las acciones realizadas por el propio Ejército mexicano”.

La fiscalía chihuahuense declinó su competencia con base en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que restringe el fuero militar a casos de violaciones a derechos humanos en apego a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y en la Ley General en Materia de ­Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,

El 12 de junio de 2019 la fiscalía de Chihuahua se declaró “incompetente para seguir conociendo de la presente indagatoria” y remitió el caso “al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción de la delegación estatal Chihuahua, dependiente de la Fiscalía General de la República” en Ciudad Juárez.

En septiembre de ese año la familia Muñoz Guzmán fue notificada por la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que el 30 de agosto de 2019 la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, adscrita a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR, aceptó la competencia para conocer del caso de Miguel Orlando.

Su hermana María Guadalupe señala que en reuniones con funcionarios de la FGR, vía remota, han cuestionado la decisión de hacer a un lado los elementos contenidos en el expediente y las conclusiones a las que llegó la fiscal de Chihuahua, siendo “una determinación que realizó una autoridad, un ente que tiene la potestad de investigar y que la fundamentación de la declinación se hace con la información de los 28 tomos del expediente, donde obran todas las declaraciones de los oficiales ofrecidas durante todos esos años. Esa gente ya declaró en dos o tres o cinco ocasiones y ha ratificado sus dichos; con todo eso ya pueden formar un plan de trabajo que conlleve a demostrar la responsabilidad de los militares”.

Agrega que, a dos años, la FGR “no tienen ninguna hipótesis, parte de que mi hermano desapareció solo, que cruzó la frontera cuando durante estos años ya se demostró que eso no ocurrió; están negando la desaparición forzada de mi hermano”.

Los responsables de la investigación, dice, les indicaron que han girado citatorios a militares que convivieron con Muñoz Guzmán durante su paso por el 26 batallón, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que se les explicara de quiénes se trata para “garantizar confidencialidad de los militares”, pero hasta el momento no hay avances reales. 

Reportaje publicado el 15 de mayo en la edición 2376 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.