La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes cumplió sus primeros 10 años de vigencia. Más allá de la efeméride, el cambio de agenda y estilo en los gobiernos federal y locales, aunado al nuevo contexto que pervive en los asuntos públicos, son condiciones que exigen realizar un balance sobre la situación actual en el cumplimiento de derechos de este grupo poblacional.

Sin especulaciones y con datos basados en evidencia, es pertinente analizar los aciertos y retos para asegurar en los próximos años resultados tangibles de cara a 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, de los cuales poco más de 12 millones se encuentran en su primera etapa de vida.

En tal sentido, debe reconocerse que la agenda de niñez en realidad se encuentra sobrediagnosticada. Es preciso dejar atrás la etapa en donde la labor de las organizaciones y especialistas únicamente se enfocaba en identificar los problemas y socializarlos. Este estilo de modelo de intervención desde luego ha sido loable en aras de configurar una primera fase del funcionamiento general del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y echar andar la estructura de planes y programas del sector.

No obstante, hay que decirlo, lo que hoy se requiere son avances concretos en el ámbito de las políticas sociales, comenzando por incrementar de manera progresiva la inversión presupuestaria a escala federal y estatal, especialmente hacia los servicios que se brindan a la primera infancia.

En este primer tramo de vigencia de la ley, tanto los focos rojos como las recomendaciones en cada una de las dimensiones prioritarias se encuentran plenamente identificadas —en mayor o menor medida— a través de múltiples reportes, decálogos, rutas, informes y diagnósticos que detallan la situación en la que vive la niñez en temas como su salud, educación, cuidado, nutrición, pobreza y seguridad.

Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos; un nuevo piso de diálogo de alto nivel, además de operativo y eficaz, que sepa involucrar a todos los actores e instituciones públicas o privadas que forman parte del ecosistema en la materia. El SIPINNA fue creado justamente para eso.

En la forma, están las alianzas, reuniones, foros y firmas de compromisos protocolarios que históricamente suelen predominar en los asuntos de niñez. En el fondo, el sobreponerse ante un entorno de resultados adversos, saber construir consensos con los actores del momento y focalizar propuestas concretas, técnicamente viables para materializar los derechos de la infancia acorde con los propios parámetros, resoluciones y observaciones globales de instancias como el Comité de los Derechos del Niño y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Early Institute, por ejemplo, hace tres años nos dimos a la tarea de lanzar el primer Sistema de Indicadores para la Primera Infancia (SIPI México), la única herramienta en su tipo que integra datos estadísticos actualizados, respecto a los indicadores que atañen a la primera infancia mexicana. En su esencia, el sistema se compone por recomendaciones y rutas críticas sobre el estado de salud, educación, cuidado, nutrición, violencia y pobreza de este sector poblacional.

Más que una plataforma que concentra datos duros, este programa propone en su metodología una conversación productiva y acotada a puntos concretos con los actores clave, buscando incidir desde una óptica realizable en las prioridades de la agenda gubernamental y legislativa sobre primera infancia.

El aniversario de la ley representa también un momento propicio para reflexionar que esta agenda debe ordenarse y priorizarse. Atenderla con enfoque progresivo, ir paso a paso y hacerla compatible con las circunstancias que la mayoría de la sociedad y en el gobierno reclaman, especialmente desde el sentir popular que pide erradicar la corrupción del poder público y dar pie a transformaciones sociales de fondo para reducir las desigualdades históricas.

Ha sido un error estratégico pretender que un solo grupo de organizaciones, actores o instituciones puedan gerenciar cada una de las temáticas que enfrenta la primera infancia en un país tan extenso y con realidades locales disímiles como ocurre en México. De igualmente manera, opino que no ha sido del todo acertado presentar a los tomadores de decisión agendas tan extensas y ambiciosas, cuya complejidad técnica y operativa simplemente no logra superar los filtros en la nueva lógica en que se comporta la conformación de mayorías y prioridades gubernamentales o parlamentarias.

Las cosas simplemente no ocurren y ese debe ser el piso en que debemos autoevaluarnos quienes estamos involucrados en el tema. Mientras se destine menos presupuesto, existan altos índices de pobreza, violencia y desigualdad en la vida de niñas, niños y adolescentes, nuestra tarea se encuentra inacabada.

La reciente renovación en la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA avizora una ventana de oportunidad y de cambios sustanciales en la forma de conducción y liderazgo de este mecanismo de coordinación intergubernamental. Se trata de un perfil con probada experiencia en el diálogo con grupos sociales, los derechos humanos y el manejo de los asuntos públicos que sin duda elevará el nivel de exposición y relevancia que este mecanismo exige para los próximos seis años.

El SIPINNA está llamado a ser el sistema de sistemas en México. Su mandato constitucional y legal es muy claro y constituye su principal meta: garantizar el interés superior de la niñez en toda decisión del Estado. Esta agenda también requiere construir un segundo piso en su transformación.

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*Abogado. Doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.

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