La ley que debía proteger la producción artesanal indígena se convirtió en su peor enemiga, por lo cual se vive hoy “una violación sistemática” de instituciones, como la Secretaría de Cultura, Indautor, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Secretaría de Economía, Banco de México… acusa el promotor cultural Carlos Martínez Negrete. Así, el Legislativo se convirtió en protector de las empresas que retoman los diseños de los pueblos originarios. La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, promovida por la senadora de Morena Susana Harp, es desglosada por el investigador.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Más de dos años demoró la Secretaría de la Función Pública en dar atención a la denuncia por falta de respuesta de diversas instituciones del gobierno federal, que presentó el promotor cultural Carlos Arturo Martínez Negrete en julio de 2019, como parte de su lucha en defensa de los derechos culturales de artesanos de Tenango de Doria, Hidalgo.

El también productor y docente e investigador en medios de comunicación pública y política, considera que diversas instituciones de gobierno han ejercido una violencia sistemática al ser omisas en la aplicación de las leyes y las sanciones por uso indebido del arte popular. En entrevista telefónica con Proceso, lamenta que ahora se haya sumado el Poder Legislativo con la aprobación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, promovida por Susana Harp Iturribarría, senadora de Morena.

Para él, esa ley no ayuda a los artesanos porque es local y no puede entrometerse en el ámbito internacional; en ese sentido propone explorar otras vías, como las sociedades de gestión de derechos.

Respuesta tardía

La historia se remonta a octubre 2017, cuando el también especialista en derechos de autor llevó a los tribunales, junto con el abogado José Dolores González Ortiz, la demanda de los bordadores de tenangos Adalberto Flores Gómez y Angélica Martínez contra la compañía Nestlé­ México, por haber utilizado estampados multicolores en el diseño de unas tazas para promover el chocolate Abuelita (Proceso­ 2185).

Como se ha publicado en este y otros medios, la ola de reproducción de los famosos textiles y/o de otras expresiones iconográficas y culturales de nuestro país ha sido creciente. 

Martínez Negrete menciona varias marcas y empresas, como Mango, Madewell, Zara, Hermes, Pineda Covalin, La Europea, Office Depot, Carolina Herrera, Bonafont, Liverpool, That’s it, Isabel Marant, Pond’s, Cerveza Indio, Telas Bayón, Penguin Random House, Océano, Planeta y “al menos 20 más que han venido usando de manera alevosa, violenta, con poderío supremo y violando la ley y los derechos humanos, imágenes y valores identitarios de los pueblos originarios, sin indicar siquiera la comunidad o etnia de la cual provienen”.

Así lo enumera en una carta dirigida a la titular de la Secretaría de Cultura (SC), Alejandra Frausto, el 1 de julio de 2019 (recibida por el Órgano Interno de Control y la Oficialía de Partes de la oficina central), en la que exhorta a cumplir a los funcionarios responsables “de diversas conductas, que han sido omisas, negligentes” ante los actos de violación y apropiación indebida de obras desarrolladas por las comunidades o etnias de México.

Menciona entre ellos al ahora fallecido Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid, director general del Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), y a nueve más, entre ellos el director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor, el director del Registro Público del Derecho de Autor y el director Jurídico.

Enfatiza que son obras de arte popular cuya reproducción está prohibida por el artículo 160 de la Ley Federal de Derecho de Autor.

En la entrevista, resume que en junio de 2019, al ver que no se aplicaba la ley, envió una carta al titular del Indautor. Como no obtuvo respuesta, se dirigió a Frausto y envió copia a varias dependencias. Nadie respondió, por lo que pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar qué ocurría.

Mediante un oficio fechado el 1 de abril pasado, el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la SC le notificó la suspensión “del empleo, cargo o comisión” de Juan Miguel Ruiz Pérez, director de Protección Contra la Violación del Derecho de Autor, por un lapso de 30 días a partir de esa fecha.

A decir de Martínez Negrete (conocido también por su heterónimo Carlos Lima), hubo una cadena de funcionarios responsables a quienes él notificó, pero nadie hizo nada. La Función Pública reconoció las omisiones y sancionó sólo a uno y apenas por un mes, cuando toda la estructura, incluida la titular de Cultura, es responsable de no haber hecho su trabajo. El defensor tiene aún la opción de apelar al Tribunal Administrativo.

No duda en asegurar que la inacción de esas instituciones, como Indautor –que viene de más atrás–, ocasionó que se perdiera la demanda de Adalberto Flores contra Nestlé. La compañía argumentó que la colección de diseños que el artesano peleaba como suya no era primigenia y que se había pedido su registro en 2016, en tanto que la del Chocolate Abuelita estaba en páginas en internet al menos desde septiembre de 2015, y que fue creada por Miguel Ángel Juárez Bustamante (Mike del Infierno o Mike Infierno o Mike from Hell).

Este semanario buscó a la compañía, cuya área de Comunicación indicó que no tenía más que decir, y señaló que acatará la resolución que la autoridad tomó en su momento.

Qué hora es…

La respuesta de las instancias gubernamentales y del Legislativo a la creciente apropiación cultural –que a decir de Martínez Negrete debe considerarse como violación a los derechos humanos por parte de las empresas– fue la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural, que “no sirve”, como lo han señalado otros especialistas.

Como prueba, habla del caso de Swatch, empresa que hizo un reloj de pulsera con una imagen de un autorretrato de Frida Kahlo, como parte de una colección que incluye otras obras de arte, con respaldo del Centro Pompidou de París. El costo de la pieza es de 2 mil 200 pesos. En la página de publicidad de la compañía dice, con el símbolo de Copy Right (derechos de copia): © 2022 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, México DF.

Narra el defensor que solicitó al Banco de México (Banxico) información sobre cuánto cobra por ese derecho, si se lo están pagando, cómo y cuál es el convenio. Es importante para él porque, más allá de la imagen de Frida, opina que sin la indumentaria pierde identidad. Por tanto, la comunidad del Istmo de Tehuantepec debería recibir una participación económica por el lucro con esa imagen, “porque el vestido tiene un valor identitario”.

De no hacerse ese pago, se trataría de una nueva violación institucional a los derechos de los pueblos originarios:

“Vivimos una violación sistemática: de la Secretaría de Cultura, Indautor, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Secretaría de Economía, Banco de México… Si quisieran aplicar la ley, le pedirían al Banco explicar por qué autorizó el reloj. Yo hice la solicitud hace un mes y me pidieron una prórroga de 20 días. Este caso ejemplifica que la nueva ley no sirve y que todas las instituciones son omisas, no están sancionando.”

Añade que la publicidad de Swatch en las redes sociales “es brutal, está en todos lados, y se expone la imagen de Frida con la identidad tehuana  ¿Qué viene ahora? Una ola de productos alrededor de esa imagen”. Pone énfasis en que la nueva ley no es integral, no protege a nivel internacional:

“Muchas veces se los dije, tanto a Susana Harp como a Eréndira Cruzvillegas (jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SC): ‘Mientras no existan catálogos en el IMPI y éste no detenga las mercancías que entran por aduanas, no se va a detener esto’. Porque las bolsas del Tenango, los cubrebocas, las cortinas… todos son telas importadas. Si esa iconografía estuviera protegida y el IMPI ejerciera sus facultades, incluso sin esta ley, tendría que detener esas piezas en la aduana y mandarlas a destruir.”

El Indautor, lamenta, tenía facultades de oficio para sancionar e infraccionar el uso de las expresiones de arte popular no autorizadas. Pero en la nueva ley se las quitaron. Y se estableció que las obras pueden ser utilizadas por un tercero si así lo acuerdan las comunidades.

Al respecto, el especialista señala aspectos que la ley no previó:

“Tenango tiene ya una quinta generación de migrantes, porque el bisabuelo, el abuelo, el papa, el hijo y el nieto se fueron a Estados Unidos. Es común que allá formen otras familias y no regresen, por eso hay tantas mujeres solas. Otros se van con toda su familia desde aquí… Son desplazados culturales, por condiciones económicas, políticas, sociales, de delincuencia, inseguridad, en fin, que se tienen que mover de sus territorios”.

Cuestiona cómo o con qué mecanismo van a considerarse a esos desplazados. Muchos de ellos se establecieron en Carolina del Norte y Carolina del Sur, pero no todos. Y allá siguen bordando:

“Ellos pueden registrar su obra en Estados Unidos y esta ley no los obliga a nada. Pueden argumentar: Le faltaron al pueblo, y el pueblo también les faltó a ellos, y les faltó a todos el Estado”.

Su cuestionamiento es entonces quién estará facultado para decidir si un tercero puede utilizar los diseños. De entrada, este tipo de consultas le parecen violadoras de los derechos humanos, porque no consideran a todos los actores que forman parte del proceso productivo de un bien cultural, porque los desplazados no dejan de producirlo y venderlo en Estados Unidos. Recuerda que, incluso, muchos productores de Tenango de Doria quisieron vender allá y se toparon conque desde hace tiempo hay quienes venden de manera directa y a mejores precios.

La ley es inoperante y evidencia que el Legislativo se suma a la violencia sistemática contra los derechos humanos y culturales de los pueblos originarios. No duda en afirmar que a la senadora Harp “le urgía” sacarla porque quería ser candidata a la gubernatura de Oaxaca, “así lo puedes citar”. Proceso buscó a la legisladora para que diera su punto de vista. En su oficina dijeron que el tema le interesa y por agenda se comprometió a responder la siguiente semana.

Fuga de creadores

El promotor cultural explica por qué está en contra de que diseñadoras, como la francesa Isabel Marant, o las marcas trabajen con las artesanas: En Tenango de Doria bordan 8 mil creadoras. Si un diseñador las contrata, trabajarán tal vez 100 “a su máxima potencia”. Recuerda el llamado tenango más grande del mundo, recientemente exhibido en Barcelona, España, y que entró al libro de Guinness: trabajaron mil 170 bordadoras “a marchas forzadas, en 30 días, y no les pagaron”. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, negó este señalamiento y a su vez acusó de “coyote” a Martínez Negrete, representante de la Asociación Civil de Dibujantes de Tenangos.

Si Marant contrata a 100 de 8 mil, “el gobierno dirá: ‘estamos trabajando con la comunidad’. ¡No! Están trabajando con una micro minoría de la comunidad, y como mano de obra”.

Pone énfasis:

“Lo que ya no puede permitirse es que siga esta violencia contra los pueblos, y la única manera de defensa es la incorporación a un sistema jurídico internacional, como las sociedades de gestión colectiva”.

Pero la figura “ni siquiera está considerada en la ley, y vengo diciéndoles desde hace ocho años esto, pero Susana Harp me dijo: ‘es que la libre determinación de los pueblos, cómo una sociedad colectiva…’. Pero si ni siquiera se les da la opción en la ley, cómo pueden saber que existe esa posibilidad de incorporarse a un mecanismo de protección”.

Indica brevemente que este tipo de instancias son como la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), la de Autores y Compositores de México (SACM) o la de Músicos Ejecutantes, que cuentan con mecanismos para cobrar y defender los derechos, y además instituciones como la Escuela de Escritores o, en el caso de la SACM, talleres de composición para preservar el conocimiento.

Anticipa que lo que puede suceder es que los desplazados culturales en Estados Unidos acudan a una sociedad de gestión a registrar los diseños y productos que hacen allá. Incluso podrían invitar a la comunidad de Tenango de Doria. Y, sin duda, el Estado americano, “que es proteccionista de las industrias creativas, dirá: ‘¡Claro, claro que les doy el reconocimiento!’. Porque en lugar de tributar en México, todo lo que cobren llegará aquí. Hasta existe un mecanismo de visas para creadores de industrias creativas.

Va a pasar, deplora, que el sistema político mexicano crea a los artistas y el gobierno norteamericano se queda con las ganancias. La fuga de contenidos y bienes culturales se da en todos los ámbitos, y menciona como ejemplo que en España, en Argentina y otros lugares en Sudamérica se bordan tenangos. Y hay videos en YouTube con tutoriales sobre cómo hacerlo.

“Marketing”

Para Martínez Negrete, la presencia en los medios digitales de los bienes culturales es imparable, “es marketing social”. Piensa en el reloj de Frida Kahlo: no es sólo su imagen en la pieza, sino en toda la publicidad que la rodea en internet: imágenes y videos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, en fin. Otro ejemplo es el sillón de Louis Vuitton,­ cuyo precio se ha estimado en 12 mil 800 libras esterlinas. En su momento, a pregunta de la SC, la compañía respondió que sí trabaja con artesanos de las comunidades.

El defensor indica que algunas compañías usan la publicidad para incrementar el valor del producto y autodefinirse como “socialmente responsable”, haciendo ese tipo de afirmaciones:

“Que se trabaja con los pueblos, porque eso genera un engagement (conexión sentimental o compromiso de los consumidores); lo que provocan es una empatía social con la marca y ellos ganan seguidores o suscriptores. Por ejemplo, el video del sillón de Louis Vuitton llegó a tener 200 millones de visualizaciones en Instagram.”

Esos vínculos, afirma, hacen que la gente, que no podrá pagar por un sillón, busque tener un llaverito o algún otro producto más accesible con la imagen de los tenangos. Y compara con la imagen de los personajes de la película Avengers que se usa en colchas, toallas, playeras, lo mismo en tiendas establecidas que en tianguis de ropa de diversas poblaciones: Chiconcuac, Teziutlán, San Martín Texmelucan, por mencionar algunas. Y de mil productos en el mercado, quizá sólo en 100 se tenga una licencia para usarlos.

Dice entonces que si las comunidades que hacen los tenangos se incorporan a un sistema jurídico internacional, podrán tener una participación por su imagen, donde esté, sea el producto físico o los medios en los cuales se hace la publicidad, entre ellos los digitales. Porque ellos monetizan las visualizaciones y les genera dinero.

Cuenta que la Asociación de Dibujantes de Tenango de Doria, que representa, tiene ya seis años en una sociedad de gestión colectiva. El Indautor le hizo un diagnóstico para indicarle que las obras se explotan a nivel público y da autorización para el cobro, pero se deslinda de las negociaciones que deba realizar con las empresas, como Televisa, TV Azteca, estaciones de radio, Google, YouTube, Instagram o Twitter,­ para recuperar lo correspondiente por esa explotación.

Por ello reitera que instituciones como Indautor, IMPI, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), Ifetel (Instituto Federal de Telecomunicaciones), deberían estar pendientes de que el uso de imágenes o de productos culturales en esos medios se pague, pues lo contrario viola los derechos de las comunidades.

Por eso, dice, autores e intérpretes mexicanos, como Juan Gabriel, Joan Sebastian, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, José José, Vicente Fernández, Pedro Fernández y Alejandro Fernández, registran sus derechos en Estados Unidos ante sociedades de gestión colectiva.

Según él, las empresas de nuevas tecnologías son sensibles al pago de los elementos culturales, siempre que se les acredite quién es el propietario. Dice que Televisa paga a la SACM 1% de lo que factura:

“Si YouTube me dice que me va a pagar 0.3% de su facturación anual, ¡a todo dar! No me pelearía por que suban contenidos”.

Agrega que si la SC cumpliera su encomienda, tendría que estar tirando miles de videos de las redes. En su opinión, lo mejor es entonces llegar a una negociación para que las comunidades (sean wixárika, huichol, de Tenango, etcétera) cobren sus participaciones. Por ello advierte:

“Si México no lo normaliza, lo visibiliza y lo propone, lo van a hacer en Estados Unidos.”