TULUM, Q. Roo (apro). - En la franja costera entre Tulum y Boca Paila, en la que abundan las “invasiones” y las denuncias por despojo de predios turísticos, la Guardia Nacional (GN) no se queda atrás.

Esta corporación creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta denuncias por ocupar ilegalmente el predio de un particular, para asentar una especie de cuartel de control en la franja costera de este exclusivo destino vacacional del centro de Quintana Roo.

Lo que empezó como un cateo de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el restaurante-bar “Ice Cream”, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Boca Paila, acabó como una “invasión” de elementos de la Guardia Nacional a la propiedad del empresario Rodolfo Cruz Ramírez, hecho que este 15 de mayo cumple un año.

En el estrecho camino, en el que apenas caben dos vehículos, entre hoteles, cabañas, el impacto de las olas y la fetidez del sargazo, aparecen estacionadas dos camionetas blancas de la Guardia Nacional y efectivos de esa fuerza federal. Ahora, esta corporación es un vecino del conjunto turístico del hotel “Hidden Tree House”.

“Es indignante, triste y preocupante la forma en que están actuando las autoridades y las instituciones que fueron creadas para resguardar el orden público, las garantías constitucionales”, reprochó Cruz Ramírez, propietario del inmueble desde hace 16 años.

“Es mi propiedad y la han invadido”, recriminó el empresario.

El inmueble y las denuncias

El predio es un conjunto de tres establecimientos turísticos, en el que además del restaurante-bar, está el hotel “Hidden Tree House” y la boutique “Psylo Fashion Tulum”.

Cruz Ramírez, originario de Ciudad de México y con inversiones también en el sur del estado, platicó que el lugar ocupado por la Guardia Nacional lo rentaba como un restaurante-bar; sin embargo “un día lo acordonó la gente de la Fiscalía del estado”.

Además de apoderarse del restaurante-bar, la FGE tomó una de las habitaciones del hotel “Hidden Tree House” para ampliar ese cuartel de la Guardia Nacional.

“Una de las habitaciones del hotel también la agarraron y fue habilitada. Ese cuarto era algo complemente distinto al negocio del restaurante-bar”, dijo Cruz Ramírez. “Lo invadieron y lo expropiaron”, reprochó.

Hasta ahora, acusó el empresario, no ha habido alguna justificación de la ocupación y no han notificado de este acto.

Por su parte, el abogado Eduardo Medina aseguró que se trata de una ocupación ilegal de la Guardia Nacional en el predio, el cual fue intervenido con la excusa de una orden de cateo el 15 de mayo de 2021 por parte de la FGE.

Precisó que se trató de una diligencia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, en la cual ingresaron al predio con una orden expedida por el Juzgado Penal Oral de Tulum del Poder Judicial del estado.

El establecimiento, agregó, quedó asegurado bajo la responsabilidad del Ministerio Público de la Fiscalía referida.

En repuesta, la parte afectada presentó sendas denuncias “por hechos” ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con los folios 390/2021 y 02/2022, y posteriormente interpuso otra denuncia, pero ahora ante la Fiscalía General de la República (FGR), con número 117/2021.

El litigante recriminó que, sin que medie ningún proceso, el cateo de la FGE se convirtió en un puesto de control y vigilancia de la GN. “Estamos ante una invasión”, subrayó.

A un año del operativo, Medina aseguró que ni la FGE ni la Guardia Nacional pueden sostener permanencia legal en el predio.

“Ni la Fiscalía ni la Guardia Nacional pueden acreditar su ocupación legal, a través de la licitación pública o algún tipo de procedimiento administrativo”, dijo.

Además, agregó que tampoco hay una determinación judicial de extinción de dominio ni hay cargos de delincuencia organizada en contra de su representado o ligado al inmueble.

En el Poder Judicial del estado, apuntó que sigue abierta la carpeta 34/2021, ante el Juez de Control de Tulum, la cual no presenta ningún tipo de avance.

La última audiencia fue a finales de marzo, pero volvió a ser diferida. Por ello, fue solicitado un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación.

También, se presentó una queja ante consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, la cual no ha prosperado. Y, además, la parte afectada ha ingresado una solicitud de información ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo con relación con las actuaciones al Poder Judicial y la FGE en la propiedad de Rodolfo Cruz y la respuesta es que no hay motivo ni razón, y sin sustento legal, para diferir la audiencia durante tanto tiempo.

Rodolfo Cruz Ramírez lamentó la forma en que varias autoridades han cometido atropellos e irregularidades en su contra. Primero, de “forma arbitraria e ilegal”, precisó, la FGE tomó y demolió parte de la construcción, y luego se asentaron elementos de la Guardia Nacional.

Y destacó: “La Guardia Nacional, la institución que se supone fue creada con espíritu anticorrupción, se ha prestado a invadir mi propiedad.

“Actualmente viven, cocinan, duermen, se bañan y se encuentran dentro de mi propiedad”.

El empresario advirtió que su caso es señal de alarma a la ciudadanía, de la forma de cómo están actuando las autoridades.

Pidió al gobernador Carlos Joaquín González se revise la actuación de la FGE e hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que observe “cómo la Guardia Nacional se ha prestado para ser parte de este atropello”.