Decenas de trabajadores mineros reclaman a su exdirigente Napoleón Gómez Urrutia el pago de 54 millones de dólares que les adeuda desde 1990, cuando se finiquitó la compra de la Minera de Cananea. Fermín Espinoza, miembro de la Comisión Negociadora, lamenta que el hoy senador por Morena ignore cinco laudos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que lo obligan a pagar dicho adeudo y que incluso desdeñe los exhortos para sentarse en una mesa de negociación bajo los auspicios de la Secretaría de Gobernación. Al parecer, dice, Gómez Urrutia es “el bendecido por AMLO”.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado resolver el conflicto derivado del pago pendiente de 54 millones de dólares por parte del exlíder sindical Napoleón Gómez Urrutia a 226 mineros ya retirados, derivado de la compra de la Compañía Minera de Cananea que hizo de Grupo México en 1990.

Tampoco ha convencido al exdirigente de los trabajadores mineros para que forme parte de una “mesa de negociación”; Gómez Urrutia, quien actualmente ocupa una curul en el Senado, parece intocable desde 2018, cuando regresó de su exilio canadiense.

En entrevista con Proceso, Fermín Espinoza, miembro de la Comisión Negociadora, advierte:

“Ha habido cinco laudos. Nosotros sentimos que el Poder Judicial y otros poderes públicos que están por ahí, le dan la oportunidad a Gómez Urrutia de que no cumpla con su obligación. Hemos pedido que Napoleón se presente en una mesa de diálogo con nosotros y le hemos pedido al presidente desde hace varios años, no que nos dé la razón sino que, ante sus funcionarios federales, se establezca una mesa de diálogo para exponer los puntos de vista.”

En entrevista telefónica desde Cananea, donde radica, Espinoza agrega: “Nosotros estamos seguros que ese dinero es nuestro. Tenemos las pruebas documentales fuertes; obviamente eso va a armar un criterio a nuestro favor. Y si él demuestra que, efectivamente, el dinero es suyo, nosotros nos levantamos y le pedimos disculpas. Pero si nosotros le demostramos (lo contrario), que nos diga cómo va a empezar a pagar ese dinero”.

El 28 de enero último la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó por quinta ocasión consecutiva el pago a los trabajadores, que corresponde a 5% de las acciones de la entonces Compañía Minera de Cananea.

“Se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y al licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ambos como responsables solidarios, para hacer efectivo a favor de cada uno de los actores (demandantes) el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional de la cantidad de $54,084,470.90 dólares de los Estados Unidos de América, del extinto fideicomiso número 10964526 (antes 9645), entregados... el 3 de marzo de 2005”, indica la resolución de la Junta Especial Número 10.

Semanas después, el 17 de febrero, la propia compañía Grupo México exigió al senador el pago correspondiente en un comunicado:

“El debate ya ocurrió en los tribunales, que resolvieron que Napoleón Gómez Urrutia debe pagar a los trabajadores mineros los 55 millones de dólares, más intereses, que les debe. Ninguna campaña de boletines de prensa, mentiras, bloqueos de caminos, libelos y publicaciones a modo, como la que Gómez Urrutia lleva meses financiando, debe obstruir el cumplimiento de las resoluciones judiciales que le ordenan entregar ya esos recursos a sus legítimos destinatarios.”

El intocable

Gómez Urrutia ha ido aplazando el pago por medio de amparos. Como senador, goza de la protección presidencial y de poder político; “él menosprecia el esfuerzo de los trabajadores; no quiere pagar los recursos que no son de él, sino de los trabajadores”, sostiene Espinoza.

Pese a los conflictos laborales y sociales que datan de hace décadas en Cananea, el gobierno de López Obrador no toca a Gómez Urrutia, quien, según Espinoza, “ya está bendecido” por el tabasqueño.

En noviembre de 2021 el presidente presentó el Plan de Justicia para Cananea, que consiste en cinco ejes impulsados por el gobierno federal en beneficio de trabajadores y habitantes del municipio; incluyen pensiones, atención médica, becas escolares, abasto de agua y un programa de mejoramiento urbano.

En ese evento la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, declaró: “Estamos dando seguimiento puntual para que las autoridades jurisdiccionales, laborales y el Poder Judicial puedan agilizar las resoluciones pendientes y poner fin a los interminables litigios relacionados con el 5% del valor accionario por la privatización de la empresa, conflicto que venimos arrastrando desde el inicio de la década de los noventa y que a la fecha no ha podido ser resuelto”.

De manera paralela al terreno jurisdiccional, agregó la funcionaria federal, la Secretaría de Gobernación promoverá una mesa de diálogo entre las partes.

Pero el diálogo no llega.

En 1988 la mina de Cananea entró en bancarrota y se sometió a concurso mercantil, donde se subastaron los activos de la empresa paraestatal Compañía Minera de Cananea, SA de CV.

Al año siguiente, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ante la ola privatizadora, se llevó a cabo la primera subasta pública para la compra de la Compañía Minera de Cananea, pero fue declarada desierta.

En 1990 se realizó la segunda subasta pública. Hubo dos postores, y Grupo México resultó ganador con una oferta de 863 millones de dólares. El 5% de las acciones fueron depositadas en un fideicomiso en beneficio de los trabajadores sindicalizados de forma gratuita y voluntaria, sin ser condición de la subasta.

En 2004 la compañía firmó un acuerdo con el sindicato minero, con el entonces titular de la STPS, Carlos Abascal, como testigo de honor, en el que se estableció que las empresas deberían entregar al fideicomiso y comprar a éste las acciones de dichas empresas por 55 millones de dólares. Los fideicomisarios serían los trabajadores.

El 24 de enero de 2005 fueron pagados 47.4 millones de dólares de Minera México y 7.6 millones de dólares de Americas Sales Company al fideicomiso F/9645-2 de Scotiabank Inverlat (ahora 10964526) mediante transferencia electrónica a una cuenta del Chase Manhattan Bank.

Para el 22 de febrero siguiente el Comité Técnico del Fideicomiso acordó extinguirlo; el dinero le fue depositado a dos cuentas del sindicato minero encabezado por Gómez Urrutia en Bancomer: una recibió 54 millones de dólares, la otra el millón restante.

En mayo de 2005 aproximadamente mil 700 extrabajadores mineros presentaron ante la JFCA número 47 una demanda en contra del sindicato minero para que fueran embargadas las cuentas de ese organismo sindical, y evitar que se hiciera mal uso de los 55 millones de dólares por el pago de acciones.

En 2006, al no ser repartido el dinero entre sus legítimos y legales beneficiarios, los trabajadores acreedores de los recursos presentaron dos demandas (264/2005 y 267/2005) contra Gómez Urrutia ante la JFCA.

2006, la huida

El caso provocó en 2006 cargos penales por fraude contra Gómez Urrutia, quien huyó a Vancouver, Canadá, donde estuvo exiliado 12 años. En 2018, cuando fue absuelto de las acusaciones, regresó al país como senador plurinominal por Morena, ya bajo el gobierno de López Obrador.

Para 2007 la Sección 65 del Sindicato Minero inició un paro en represalia, ante la oposición de la empresa de monetizar y entregar el 5% de las acciones del fideicomiso de los trabajadores a Napoleón Gómez Urrutia, por lo que las instalaciones de la mina fueron tomadas durante tres años.

En 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la ilegalidad del paro, ordenando a la empresa el pago de la liquidación del personal de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y dictaminó la terminación de la relación laboral con la Sección 65 del sindicato minero.

Los trabajadores se manifestaron en voto secreto e individual a favor de un nuevo sindicato de la CTM (Sindicato Nacional Minero Metalúrgico).

Para abril de 2021 el laudo de la JFCA eximió del pago a las empresas mineras y a las instituciones financieras, que acreditaron debidamente que cumplieron con la entrega del dinero al sindicato minero a través del fideicomiso 10964526, pero Gómez Urrutia continuó resistiéndose al pago.

Aarón Peña, representante legal de los exmineros de Cananea, explicó a medios que “inicialmente eran 55 millones, pero al momento de cancelar el fideicomiso, el sindicato se ‘autopagó’, digamos, la gestión de conseguir este beneficio para los trabajadores y cobró para beneficio del sindicato 1 millón de dólares por honorarios, por eso quedaron 54 millones de dólares, que es lo que la Junta determinó se tiene que repartir”.

Espinoza, representante del Comité Negociador de los trabajadores mineros, alerta: “Consideramos peligroso que con un acuerdo político den al traste con un trabajo de 17 años. Si Gómez Urrutia no cumple con el pago, será un duro e histórico golpe para la justicia de los trabajadores”.

Por lo pronto, el pasado 10 de febrero López Obrador instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que busque una solución al conflicto de la minera de Cananea.

“No hay que olvidar que se generó todo este conflicto o se agravó porque hubo un choque entre la empresa y el sindicato de Gómez Urrutia, se cruzaron denuncias. En aquel entonces tenía más fuerza la empresa que el sindicato y esto llevó a que Gómez Urrutia se fuera a Canadá casi como de exilio para protegerse”, señaló el mandatario en su conferencia matutina de ese día.

Proceso buscó un posicionamiento de Gómez Urrutia sobre el tema. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Reportaje publicado en la edición 2370 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.