En Veracruz sigue vigente el delito de ultrajes a la autoridad, declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2016 y que facilita la detención arbitraria de personas sin elementos probatorios. Ejemplo de ello es el caso de Juan Gabriel López Hernández y Miguel Ángel Moncebaez Martínez, a quienes se les atribuyen cargos que no se han comprobado, pese a lo cual permanecen en la cárcel desde mayo pasado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El 26 de mayo de 2021 María Teresa Tocohua iba a celebrar con su familia su cumpleaños número 46 cuando su esposo, Juan Gabriel López Hernández, le envió un mensaje a su celular avisándole que había sido detenido con un compañero, Miguel Ángel Moncebaez Martínez, por policías ministeriales de Orizaba, Veracruz. “Ya mi patrón lo está arreglando, ahorita llego”, le escribió. Pero no volvió.

Juan Gabriel y Miguel Ángel, ambos transportistas de carga, llevan ocho meses en prisión preventiva oficiosa, acusados de ultrajes a la autoridad, un delito que en 2016 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, según la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debe ser derogado en Veracruz a fin de prevenir violaciones a derechos humanos.

Aunque no se conocían, víctimas de la misma arbitrariedad y confiando en la inocencia de sus maridos, María Teresa se comunicó con Hermelinda Hernández, esposa de Miguel Ángel, para unir fuerzas y hacer todo lo que estuviera en sus manos para sacar a sus esposos de la cárcel.

La lucha por liberarlos

María Teresa y Hermelinda han tocado todas las puertas posibles. Fueron al Palacio de Gobierno en Xalapa a dejar un oficio al gobernador, Cuitláhuac García; fueron a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador a su gira en Córdoba; entregaron otro oficio a la ayudantía y han recorrido fiscalías. Dejaron a sus hijos a cargo de sus hogares y se han dedicado a luchar para que Juan Gabriel y Miguel Ángel regresen a casa.

Su caso es una de las 90 denuncias que apenas en un mes llegaron a la Comisión Especial del Senado para investigar posibles abusos de autoridad en Veracruz, antes de que fuera cancelada el pasado 27 de enero, tras la presión de un grupo de 29 morenistas alineados con el gobernador veracruzano.

“El día que fueron detenidos esperaban en una fila para entrar a cargar a una fábrica de Apasco, cuando llegó una camioneta de ministeriales sin identificación, vestidos de civil y con armas largas. Los insultaron y con violencia los treparon a la patrulla”, narra Hermelinda en entrevista.

En una visita que ella le hizo a su esposo en el penal de Coatzacoalcos, él le dijo que lo primero que pensó cuando lo detuvieron fue que era un “levantón” de grupos criminales, porque no iban uniformados y portaban armas largas.

De acuerdo con la acusación, Juan Gabriel y Miguel Ángel protestaban como parte de un sindicato de transportistas, obstruyendo la entrada principal de la empresa de cementos Apasco en el municipio de Ixtaczoquitlán, cuando cinco policías que “realizaban actos de investigación” en la zona fueron llamados por el abogado de la empresa para que liberaran el acceso.

“Nos identificamos plenamente como agentes de la Policía Ministerial con los conductores de dichos camiones, haciéndoles de su conocimiento que se encuentran cometiendo un delito, solicitándoles que descendieran de las unidades, tornándose los conductores en un modo agresivo y con palabras altisonantes refirieron que no se iban a quitar de ese lugar hasta que les resolvieran sus peticiones, por lo que en ese momento se les menciona que serán puestos a disposición”, declararon los ministeriales.

Los elementos policiacos acusaron a Juan Gabriel de rasgar la sudadera blanca a uno de ellos con una navaja, diciendo: “A mí nadie me detiene, pendejos”, y según la misma versión, Miguel Ángel se bajó de su camión y se lanzó contra otro de los policías también con una navaja, “alcanzándole a picar a la altura de una bolsa mariconera color negra”.

Sin embargo, un documento con la conclusión del análisis de las huellas dactilares, que obra en la carpeta de investigación UIPJ/DXV/F4/778/2021, determinó que en ninguna de las armas blancas se encontraron “huellas latentes” que “pudieran ser confrontadas con las huellas dactilares de los imputados”.

“Se les sembró la navaja, porque si fueran de ellos tendrían sus huellas, pero las huellas dactilares no coinciden. No tienen antecedentes penales, tampoco son personas violentas. Tenemos cartas de vecinos que dicen que no son violentos, mi esposo llevaba trabajando 11 años con el mismo patrón”, dice Hermelinda.

El 3 de junio de 2021 fueron vinculados a proceso. Pero Hermelinda y María Teresa aseguran que sus esposos no estaban protestando en ninguna fábrica, que no pertenecen a ningún sindicato y que fueron detenidos afuera de la Farmacia Guadalajara, a un kilómetro de la entrada de la empresa de cemento cuando hacían fila para ingresar por el material.

“Son inocentes. Pero estamos desesperadas y decimos: si el problema son 350 pesos por los daños que dicen que les ocasionaron, pues se los pagamos, pero ya que los dejen libres, porque llevan ocho meses encerrados… Mi esposo ha dicho que no entiende por qué está ahí. Él me pidió que averiguara qué estaba pasando, pero ya buscamos y buscamos, y no hay algo real”, dice Hermelinda.

“Nos destruyó como familia”

María Teresa se dedica al trabajo de los cuidados de su hogar, pero el día que detuvieron a su esposo se tuvo que convertir prácticamente en una detective para saber a dónde lo habían llevado. Ninguna autoridad le daba informes.

A las 11 de la noche del 28 de mayo supo que lo estaban llevando al penal de La Toma, en Amatlán de Los Reyes, y se trasladó para allá, pero no pudo tener comunicación con él: “Decían que por la pandemia. Yo le decía a un guardia: ‘Quiero una llamada, mínimo. Quiero saber cómo está’. Pero no lo permitieron. Hasta los 20 días nos los dejaron ver”.

María Teresa tiene cuatro hijos: de 23, 16, 12 y tres años. Con la ausencia de su marido, ella y su hijo mayor cargan con todos los gastos de la familia. Ella vende productos por catálogo y el dinero no alcanza. Ahora tiene que pagar también sus viajes mensuales para ver a su esposo en la cárcel de Tuxpan, a más de 10 horas desde su domicilio en el municipio de Nogales, Veracruz.

“¿Se imagina? Mi esposo es el sustento de la casa. Ahorita mi hijo gracias a Dios está trabajando, me está apoyando. Yo estoy tratando de conseguir trabajo para ir saliendo, porque ahorita son más gastos. Irnos para allá es mucho gasto. Pero además allá adentro todo es muy caro y yo tengo que llevarle para sus cosas: jabón, papel de baño, lo básico”, comenta María Teresa.

Además, en estos meses María Teresa ha visto su salud mermada. Tiene la presión alta y colitis nerviosa.

“Es que luego andamos sin comer. El día del traslado estuvimos sin comer dos días, porque subíamos y bajábamos para saber dónde estaban”, cuenta.

Después de 27 años de casada, dice que no duda ni un minuto de la inocencia de su marido, a quien considera un gran padre.

“Mis hijos estaban muy apegados a su papá. Les ha dado una buena educación. Él apoyaba haciendo las tareas con mis hijos. Ellos sienten. Más el pequeño, que estaba muy apegado… Ahora, escucha un carro y sale corriendo y dice: ‘papá, papá’… Mi hija llevaba muy buenas calificaciones y por todo esto llegó a bajar. Le digo: ‘Échale ganas, échale ganas por tu papá’”, dice María Teresa.

El caso de Hermelinda no es muy diferente. Es empleada doméstica y ahora tiene que pagar las cuentas ella sola. Además, carga con la preocupación de que su esposo Miguel Ángel está enfermando en prisión.

“No los podemos dejar solos. Ellos dependen y confían en que nosotras podamos hacer algo. A mi esposo por la ansiedad le salieron muchos granos, sufre colitis, le está dando depresión. Porque como él dice: si yo hubiera hecho algo, pues lo hice, por pendejo me chingo, pero ni siquiera sabe por qué está ahí”, dice con impotencia y la voz resquebrajada.

Hermelinda lleva 25 años casada y tiene dos hijas, una de 23 años y otra de 19, quienes se han convertido en su único apoyo, aunque también están sufriendo de depresión.

“Lo único que te queda es ver cómo se destruye la familia, cómo se acaba todo –dice–. Nos toca a nosotras como esposas salir a trabajar y tratar de resolver las cosas y a ellas les toca ser amas de casa, en el caso de mis hijas. Ellas van a visitar a su papá y verlo llorar, cómo ha bajado de peso, las revisiones al entrar a un penal… Son situaciones terribles que nunca pensamos pasar. No se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo, porque es horrible.”

La promesa del gobernador

El 11 de marzo del año pasado se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz una reforma al artículo 331 del Código Penal local para elevar la pena del delito de ultrajes a la autoridad de cinco a siete años de prisión, cuando anteriormente ameritaba de seis meses a dos años.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo en conferencia de prensa, el pasado 12 de enero, que daría cumplimiento a la recomendación 146/2021 de la CNDH por la detención arbitraria y violación a las garantías individuales de seis jóvenes detenidos durante seis meses por ultrajes a la autoridad en el estado.

En la recomendación, el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra pidió al gobierno veracruzano derogar el delito de ultrajes. “Hoy se demuestra que la CNDH está funcionando”, reconoció Cuitláhuac García ese día. Luego dijo que si su gobierno tiene que corregir, corregiría.

“Desde luego que vamos a atender, nos interesa mucho que se dé cabal cumplimiento a lo que estipula la ley respecto a los derechos humanos. Si tenemos que corregir, corregimos”, dijo.

Ante la pregunta insistente de una reportera para que aclarara si sería derogado el delito de ultrajes a la autoridad, García dijo que “la aceptación de la recomendación es en sus términos”.

Sin embargo, han pasado 15 días y hasta el cierre de esta edición el gobernador todavía no envía ninguna iniciativa al Congreso del estado para derogar ese delito, por el que mil 33 personas se encuentran en prisión desde el 13 de marzo de 2021, entre ellos Juan Gabriel y Miguel Ángel.

Reportaje publicado el 30 de enero en la edición 2361 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.