El pasado 3 de febrero, en vísperas de que se cumplan 16 años de la explosión de Pasta de Conchos, la CFE otorgó a filiales de Prodemex, empresa de Olegario Vázquez Raña, un contrato de 308 millones de pesos para las labores de rescate de los restos de los 63 trabajadores que quedaron atrapados en la mina. Dichas filiales carecen de experiencia en la construcción de túneles carboníferos y habían sido descalificadas en una licitación previa por no mostrar cómo realizarían la obra y por no contemplar instalaciones eléctricas “a prueba de explosiones”. Pese a ello, la misma firma ya se apuntó de manera verbal para otro contrato por mil 300 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A punto de cumplirse 16 años de que la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos estalló, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el inicio de trabajos para recuperar los restos de 63 trabajadores que desde el 19 de febrero de 2006 quedaron atrapados y aún no se rescatan; para conseguirlo, la dependencia decidió otorgar dos contratos millonarios:

En marzo del año pasado adjudicó un contrato a una filial de Minerales Industrializados, propiedad del senador morenista Armando Guadiana Tijerina; y la semana antepasada otorgó otro a dos filiales de Prodemex, la empresa de Olegario Vázquez Raña, especializada en contratismo con el gobierno.

Encumbrado como uno de los magnates mexicanos más poderosos desde el sexenio de Vicente Fox, Vázquez Raña acumula en su Grupo Ángeles lo mismo cadenas de hospitales que el Banco Multiva, la constructora Prodemex y las empresas de medios Grupo Imagen y el diario Excélsior, por lo que ha sido objeto frecuente de alusiones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, al hablar de las empresas dedicadas al contratismo que poseen medios de?comunicación.

No obstante, el jueves 3 su grupo resultó una vez más beneficiado: Proacon y Desarrollo de Terracerías –filiales ambas de Prodemex– obtuvieron el contrato de obra número 221003 por 308 millones 909 mil pesos, una cifra que fue propuesta por ese consorcio y aceptada por la CFE.

La adjudicación directa fue sorpresiva por una razón: un concurso abierto de carácter internacional realizado semanas antes, el 12 de enero, resultó en la descalificación de los participantes y fue declarado desierto. Entre los concursantes se encontraba Prodemex-Proacon-Desarrollo de Terracerías.

El concurso fue convocado el 9 de noviembre pasado bajo el indicativo CFE-0035-CACOT-003-2021. La obra era disputada por cinco consorcios integrados por empresas locales, nacionales y extranjeras, dos de las cuales incluso presentaron propuestas económicas menores a la de Prodemex, según pudo confirmar el reportero entre personal de la CFE.

Sin embargo, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de la CFE determinó la descalificación de todos los concursantes. En el caso de Prodemex y filiales, por no contar con un aspecto fundamental para una obra de ese calado como lo es “la descripción de la planeación integral del concursante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento de ejecución”. Es decir, por no mostrar cómo planeaba realizar la obra.

Aún peor: el consorcio de Vázquez Raña no contempló aspectos de importancia, como el eléctrico. De acuerdo con el fallo del concurso, no presentó nada relativo a “las subestaciones necesarias para realizar los trabajos que deben ser a prueba de explosión”.

El fallo abunda que las instalaciones eléctricas deben ser “intrínsecamente seguras” y cumplir con un plan de seguridad que debe ser especificado, aprobado y certificado conforme al diseño integral considerado en la norma internacional para minería de carbón, la “NFPA-120 Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines”, que la empresa tampoco presentó.

Con el concurso desierto, no hubo nueva convocatoria. El 27 de enero la CFE envió una solicitud de oferta a Proacon-Desarrollo de Terracerías en la cual le pide elaborar una propuesta técnica y económica a más tardar el jueves 3 de febrero, día en el que, efectivamente, se llevó a cabo la adjudicación directa del mencionado contrato, respetándole el precio fijado por la empresa por los casi 309 millones de pesos.

Los trabajos contratados a Desarrollo de Terracerías-Proacon son subterráneos e implican acciones especializadas de seguridad, tales como inhibición de polvo de carbón, ventilaciones específicas para evitar la acumulación de gas y colocación de ademes (soportes) bajo técnicas complejas, así como previsiones para extracción de agua, a fin de evitar inundaciones, e instalaciones eléctricas extremadamente seguras, entre otras.

Las empresas de Vázquez Raña no tienen experiencia en la construcción de túneles carboneros, si bien han construido otro tipo de túneles.

Los enredos del senador

El contrato por adjudicación directa asignado a Prodemex no es el primero que relaciona a políticos o funcionarios en torno a las obras de recuperación de cuerpos en Pasta de Conchos.

El 8 de marzo de 2021 la Compañía Minera Zapalinamé, filial de Minerales Industrializados (Minsa), empresa del senador morenista Armando Guadiana Tijerina, ganó un concurso dentro del Proyecto Pasta de Conchos convocado por la CFE, por un monto de 32 millones 828 mil pesos.

La licitación registró otra peculiaridad: contó con cinco empresas participantes, entre ellas la Compañía Minera Álamos, propiedad de José Luis Guadiana, hermano y socio en otras razones sociales del legislador, quien hasta 2020 presidió la Comisión de Energía del Senado.

La información fue dada a conocer en Proceso.com el 4 de octubre último, dando cuenta del resultado del concurso abierto bajo el indicativo CFE-0002-CACON- 0007-2021.

Al día siguiente, el 5 de octubre, cuando el senador Guadiana Tijerina fue consultado al respecto por la reportera Neldy San Martín, rechazó ser accionista de Minera Zapalinamé. No obstante, admitió que esa empresa era de un sobrino político. Se refería a Osvaldo Garza, yerno y operador de los negocios de su hermano José Luis.

Sin embargo, Proceso había acreditado que Minera Zapalinamé está registrada como filial de Minsa ante la Secretaría de Economía, lo que, no obstante, fue omitido por el senador, quien concentró su alegato en descalificar al semanario. Le atribuyó un ataque político y comentó que en el momento de la licitación él no era senador sino candidato a una alcaldía, lo que, en efecto, acreditaba la nota periodística que dio origen a su reacción.

A diferencia de las filiales de Prodemex, la familia Guadiana tiene amplia experiencia en minería de carbón. Opera concesiones desde los setenta, pues obtuvo el contrato mediante concurso abierto, aunque el monto es casi 10 veces menor que el adjudicado a las empresas de Vázquez Raña.

El objeto de las obras

El 19 de febrero de 2019 López Obrador descartó litigar ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el reclamo de deudos de los 65 mineros fallecidos –de los cuales sólo se rescataron dos– en Pasta de Conchos en 2006.

A pregunta expresa de Proceso, durante la “mañanera” de ese día, el mandatario anticipó que además atendería los reclamos de las familias.

Meses después, el 1 de mayo de ese mismo año, en el Día del Trabajo, anunció que iniciaría la recuperación de los restos de los 63 de los 65 trabajadores que aún permanecían en la estructura minera colapsada.

Como se sabe, el 19 de febrero de 2006 la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, registró un accidente cuyas causas se desconocen. Desde entonces no se llevaron a cabo trabajos periciales y la empresa, con el aval de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, consiguió evitar cualquier labor en el perímetro localizado en San Juan de Sabinas, Coahuila.

Las acciones de deudos y familiares se mantuvieron a lo largo de los 15 años transcurridos, tanto en el ámbito judicial mexicano como en instancias internacionales como la CIDH, con el objeto de rescatar los cuerpos de los trabajadores.

En tanto, técnicos y especialistas expusieron que, de lograr esa recuperación, sería factible determinar las causas del accidente que cobró la vida de 65 mineros y uno más en las labores de rescate antes de su suspensión en abril de 2007, cuando Grupo México cerró la mina.

El cierre se basó en un informe apócrifo (difundido como Informe Wooton) de supuestos expertos estadunidenses y fue avalado por el secretario del Trabajo calderonista, Javier Lozano Alarcón. Posteriormente, un dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue usado por Lozano para insistir en la imposibilidad de las acciones de rescate.

Con la llegada de López Obrador a la Presidencia la posibilidad del “rescate” de los restos se abrió, aunque no el de trabajos periciales. El presidente y sus colaboradores sostienen que es posible financiar las labores con el carbón que se extraiga de las obras in situ, sin reparo en que la calidad no es aprovechable en carboeléctricas, pues el mineral de Pasta de Conchos es coquizable, útil para los altos hornos, pero no para las carboeléctricas que usan carbón térmico.

Tampoco se ha dicho la razón por la que los trabajos en Pasta de Conchos han dejado exento de gasto a su propietario y responsable del accidente, es decir, Industrial Minera México, la subsidiaria de Grupo México de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país y numero 61 del mundo, según Forbes.

López Obrador anunció que el mineral será adquirido por la CFE para abastecer las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en Nava, Coahuila, muy cerca de la frontera.

Con ese argumento, asignó a la CFE las labores y las contrataciones para la realización de obras como las de los dos contratos mencionados. Está previsto que las próximas semanas la CFE convoque, ahora sí, al contrato grande, por mil 300 millones de pesos, mediante un procedimiento en el que Prodemex ya se anotó de manera verbal.

Reportaje publicado el 20 de febrero en la edición 2364 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.