El gobierno federal detuvo los trabajos de la empresa estadunidense Calica por explotar ilegalmente los bancos de piedra cercanos a Playa del Carmen; ahora es la Sedena la que invade terrenos no incluidos en los planos originales, tala árboles y dinamita el suelo para extraer la caliza necesaria para el Tramo 5 Norte del Tren Maya.

PLAYA DEL CARMEN, QR. (Proceso).–Al amparo de su encargo al frente de las obras del Tren Maya, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresaron a varios predios al norte de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde despojaron a un grupo de posesionarios y con métodos explosivos iniciaron la extracción de roca caliza para usarla en el proyecto federal.

Los testimonios indican que alrededor de 110 hectáreas de selva han sido afectadas por el desmonte ilegal desde principios de noviembre, ya que ingenieros militares rompen el suelo con dinamita para obtener el material.

Esos trabajos no están previstos en la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya Tramo 5 Norte. Grupos ambientalistas consideran que se está utilizando el mismo método de extracción que durante muchos años empleó la empresa estadunidense Calica, que no muy lejos de esa zona fue obligada a detener operaciones por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunado al despojo que han sufrido quienes poseen las tierras desde hace unos 40 años y lograron derechos sobre ellas, recientemente volvió a surgir la preocupación por el riesgo que significan esos trabajos para los ríos subterráneos que se encuentran en las inmediaciones, de manera particular el denominado Sistema Crustácea, estudiado por especialistas porque alberga especies endémicas similares a las de otras eras geológicas.

Son dos las comunidades donde se encuentran los bancos de material pétreo explotados por la Sedena: Santa Cecilia y Vida y Esperanza. Este semanario documentó algunas de las implicaciones que traería consigo el proyecto federal para la última comunidad. Ambas se ubican unos 20 kilómetros al norponiente del centro de Playa del Carmen y frente a la franja de complejos hoteleros del destino turístico Riviera Maya (Proceso 2389).

Joel Aguillón Padilla, representante legal de seis posesionarios afectados por la intromisión del Ejército, explica que en esa zona fueron expropiados terrenos atribuidos a alrededor de 60 posesionarios.

Las negociaciones con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) comenzaron en julio pasado. Ellos aceptaron los 75 pesos por metro cuadrado de sus tierras, cantidad distante de los 500 pesos por la misma superficie que el gobierno pagó a los ejidatarios ubicados cerca del centro de Playa del Carmen.

Tras la cesión del dominio por causa de utilidad pública, efectivos de la Sedena comenzaron las labores de desmonte para el paso del Tren Maya Tramo 5 Norte. Pero a principios del mes pasado ingresó el personal militar a una zona que no estaba dentro de los acuerdos.

“Cuando nos mencionaron del trazo pudimos negociar con todos ellos un acuerdo de indemnización para que pasara el tren, se nos dio reconocimiento como posesionarios por el tiempo que tenemos y nos pagaron. Ahora nuestro problema son los bancos de material (...) que la Sedena está haciendo para sacar material y están agarrando otros terrenos. Fonatur nos dice que es tema de Sedena”, expone Aguillón Padilla.

Una de las áreas mide aproximadamente 60 hectáreas y la otra 50. Ambas se encuentran repartidas entre dichas comunidades.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2405 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.