CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo México, el consorcio del magnate Germán Larrea Mota Velasco, reviró hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador que se rescindió el contrato multimillonario del Tramo 5 del Tren Maya porque enfrentaba la "imposibilidad técnica" de concluir la obra en apenas 11 meses y de entregarla en julio de 2023.

En respuesta a los señalamientos que lanzó López Obrador en su contra esta mañana, Grupo México aseveró que no incurrió en ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato, pero prefirió retirarse del megaproyecto cuando el gobierno le impuso "nuevas fechas de entrega".

"La seriedad y profesionalismo del consorcio lo llevaron a declinar ante la complejidad y la premura impuesta a la terminación del proyecto", planteó la empresa en un comunicado emitido horas después de la conferencia matutina de hoy.

Desde un principio se han elevado voces que ponen en duda la voluntad del presidente de terminar el Tren Maya en diciembre de 2023, y a medida que el megaproyecto ha tropezado con obstáculos legales y técnicos --varios cambios de ruta, entre otros--, este plazo se ha vuelto todavía más inverosímil.

De todos los tramos, el 5 ha sido el más caótico: el gobierno rechazó la oferta del gigante estadunidense BlackRock para desarrollar la obra, y tuvo que delimitar el tramo en dos partes; la Sur fue adjudicada a Grupo México y la española Accion, y la Norte no tuvo ofertante que cumpliera sus deseos, por lo que entregó la obra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Después de varios cambios en su trazo, el gobierno finalmente rescindió el contrato con Grupo México y cedió la obra completa del Tramo 5 a la Sedena, por un costo mucho mayor al contemplado --más de 61 mil millones de pesos para Norte y Sur-- y con un retraso de varios meses respecto a los plazos planteados en un inicio. La Sedena, a su vez, subcontrató a las empresas Mota-Engil, ICA y Azvindi para encargarse del Tramo 5 Sur.

En su conferencia de hoy, López Obrador arremetió contra la empresa de Larrea, a la que acusó de presentar una demanda contra su gobierno por la rescisión del contrato, a pesar de la promesa de su dueño de que se sentaría a negociar. El mandatario también aseveró que el consorcio había incumplido con sus obligaciones contractuales.

Hoy, el diario Reforma documentó que la Sedena pretendió pagar a Grupo México y Acciona un finiquito de 37.9 millones de pesos, monto que fue rechazado por las transnacionales, que presentaron dos demandas de amparo.