Aunque Veracruz cuenta con leyes de protección a menores embarazadas y las leyes federales de salud contienen protocolos de actuación que les dan acceso a la interrupción legal, las autoridades de salud y de procuración de justicia obstaculizan el ejercicio de este derecho. La gravedad de la situación se incrementa porque en muchos casos esa condición es producto de violación sexual y Veracruz es la tercera entidad del país con más casos de embarazo infantil.

XALAPA, VER. (Proceso).— Cuando ella –a quien llamaremos Marcela–, de 12 años, acudió a un hospital para que le practicaran una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por abuso sexual, el médico en turno quería obligarla a escuchar los latidos de corazón del producto, en un intento por influir en su decisión. 

Susana (otra menor de 12 años cuyo nombre real se reserva), víctima de violencia sexual, fue al centro de salud cercano a su comunidad indígena, donde le negaron el acceso a un aborto y la obligaron a viajar cinco horas más para garantizar su derecho, a pesar de su precaria condición económica, por lo que tuvo que solicitar ayuda.

Los casos donde los servicios de salud dificultan o niegan el acceso a una ILE se cuentan por cientos y se evidencian en una estadística negra: en Veracruz 2 mil 676 niñas de entre 10 y 14 años fueron forzadas a ser madres en los últimos cuatro años, a pesar de los protocolos que obligan a las autoridades a dar acceso a un aborto seguro. 

Veracruz se encuentra en el tercer lugar de los estados con más embarazos infantiles, por debajo de Chiapas y el Estado de México. Hasta octubre pasado 503 niñas han sido madres. El año pasado cerró con 699 casos. 

Los municipios con la mayor incidencia son Veracruz, San Andrés Tuxtla, Las Choapas, Papantla, Xalapa y Martínez de la Torre.

En 2021 se registraron en el país 9 mil 136 casos de niñas embarazadas y en lo que va de 2022 han sido 6 mil 317. 

Los datos corresponden a la Dirección General de Información en Salud Nacional y son recopilados por la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC, que desde 2016 realiza labores de acompañamiento y visibilización de esta problemática. 

Araceli González Saavedra, de Equifonía y coordinadora del proyecto Erradicación del Embarazo Infantil en Veracruz, advierte que la situación es grave porque son casos producto de la violencia sexual y de pederastia en los cuales se vulneran los derechos de las niñas. 

En la mayoría de los casos los agresores son familiares cercanos, incluso el padre o el padrastro. “Son niñas en contextos de vulnerabilidad y pobreza; las familias no se dan cuenta de los embarazos hasta muy tarde porque los agresores amenazan a las niñas. Por su edad, las niñas desconocen los síntomas de un embarazo y lo confunden con enfermedades, lo que dificulta identificar el embarazo en el primer trimestre. Los casos llegan a la Secretaría de Salud y no saben qué hacer”, explica González. 

La organización IPAS México, en su estudio de 2019 Violencia sexual y embarazo infantil en México: Un problema  de salud pública y derechos humanos, observa que “no se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes, sino de niñas siendo obligadas, coercionadas o manipuladas por adultos, mediante el uso de la fuerza (física o moral), el chantaje, la manipulación y las amenazas en un marco de normalización de la violencia y de la baja efectividad en materia de procuración de justicia”.

En 46% de los casos de las niñas de 10 a 14 años que tuvieron un hijo se reportó que el padre tenía entre 14 y 68 años.

Raffaela Schiavon Ermani, consultora independiente en salud sexual y reproductiva, alerta que la maternidad temprana impacta en la vida de miles de niñas, tanto al nivel de la educación como del mercado laboral, de la salud e incluso de la economía nacional. 

En primer lugar, explica, son embarazos de alto riesgo biomédico y psicosocial, con alto riesgo de mortalidad y complicaciones en la madre y en el producto, además de alto riesgo para la salud emocional y mental de las niñas en los plazos corto, mediano y largo. 

“Son además una violación a sus derechos humanos, por la alteración a su proyecto de vida, su derecho a la educación, al desarrollo, al trabajo digno y a la igualdad de género, y una violación a sus derechos sexuales y reproductivos, por ser resultado de violencia y coerción sexual”, puntualiza Schiavon. 

El reconocimiento nacional de ese problema social es reciente en México. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) de 2015 no incluía medidas específicas para erradicar el embarazo infantil ni lo mencionaba en el diagnóstico. 

En una nueva etapa, la Enapea plantea dos metas clave para México: disminuir a cero los partos en niñas de 10 a 14 años y reducir 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para 2030.

La meta es difícil de cumplir porque falla la voluntad de las autoridades para seguir adecuadamente los protocolos de atención a niñas embarazadas. “En lugar de darles acceso a un aborto, les dan ácido fólico y control prenatal”, señaló en entrevista anterior David Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. 

Agravio comparado 

Desde 2005 México cuenta con la NOM-046, que obliga al Sector Salud a otorgar atención especializada y la ILE en casos de violación. El Código Penal de Veracruz también lo señala, pero el derecho ha sido negado en la entidad de forma sistemática. 

Equifonía ha acompañado casos donde se intentó violentar ese derecho, como el de una niña de 12 años, víctima de violación, con 13 semanas de gestación. 

“El comité de bioética del Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio, de Xalapa, negó la interrupción del embarazo con el argumento de que se había excedido el plazo que marcaba el Código Penal estatal para realizar el aborto, aun cuando se marcaba la causal de salud”, relata Aracely González. 

Otro caso es el de una niña que llegó en su segundo trimestre de embarazo al Hospital General de Martínez de la Torre. Fue violada por su padre y, aunque el personal médico descubrió una malformación en el feto que ponía en riesgo su vida, descartaron realizarle un aborto y querían obligarla a parir y a esperar a que el bebé muriera. 

González Saavedra señala que, en estas situaciones, las niñas están solas y desprotegidas ante instituciones que deberían garantizar sus derechos. 

En 2017, organizaciones como Equifonía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron la declaratoria de una Alerta de Género por Agravio Comparado en Veracruz por una suma de violaciones a derechos de niñas, adolescentes y mujeres, entre ellas la falta de acceso a la ILE y el incumplimiento de la NOM-046. 

La alerta fue declarada por la Secretaría de Gobernación el 13 de diciembre de 2017. En julio de 2021 el Congreso de Veracruz reformó el Código Penal del estado para despenalizar el aborto hasta la semana 12; también amplió las causales para interrumpir el embarazo por afectaciones a la salud y eliminó el plazo de 90 días de gestación en casos de violación. 

Cuatro meses después, en noviembre de 2021, se publicó el programa de aborto seguro para el estado de Veracruz de los servicios de salud, que establece los derechos y la ruta que deben seguir las instituciones al recibir una alerta por una niña embarazada. Por ejemplo, dar aviso del caso a la Fiscalía de Veracruz y a las procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes. 

Pero esto no sucede. Equifonía detectó diversas fallas: “En algunas ocasiones no avisan a la Fiscalía ni a las procuradurías; es una omisión muy grave porque las procuradurías deben acompañar los casos, garantizar los derechos y realizar un diagnóstico de los derechos vulnerados de las niñas”. 

A consideración de González Saavedra, los protocolos y planes se atoran porque no hay reconocimiento de la problemática ni un enfoque en los derechos humanos de las infancias para avanzar hacia acciones y políticas que erradiquen el embarazo infantil. 

“La política no tiene que ver solamente con la aprobación de una reforma o un plan, sino con reducir la brecha de implementación y garantizar el acceso a un servicio derivado de esa política aprobada”, considera. 

El protocolo para atender a niñas embarazadas ha sido difícil de instalar porque no hay difusión de los servicios para una ILE, ni insumos ni equipamiento en centros de salud y hospitales, además de que faltan peritos para dictaminarlos, detalla González. 

Otra alerta para las organizaciones es que el programa tiene apartados controversiales. Uno de ellos es que después de la semana 22 se deberá informar a la usuaria que, entre sus opciones, además de la interrupción, se encuentra la de dar a su hijo en adopción. 

“Este tipo de cuestiones es como poner en un dilema a una niña y violentar sus derechos; entre eso y un médico que quería obligar a una niña de 12 años a escuchar el latido de un producto no hay mucha diferencia “, indica Equifonía. 

Derecho obstaculizado

A partir de la despenalización del aborto en julio de 2021 y la publicación del programa de aborto seguro, no hay un aumento significativo en el número de ILE practicadas en hospitales de Veracruz. 

Según información obtenida vía transparencia, entre 2017 y 2019 los servicios de salud realizaron 31 interrupciones de embarazos, de las que sólo siete fueron a menores de entre 10 y 14 años. 

Mientras que entre noviembre de 2021 y el primer trimestre de 2022 se habían practicado 109 interrupciones legales del embarazo, pero sólo tres de ellas a niñas de entre 12 y 15 años. 

Como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en 2020 se presentó la “Ruta para la atención y protección integral a niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años” (Ruta NAME), que implica acciones de diversas instituciones para atender los casos. 

El objetivo es que éstas se coordinen para identificar los casos y atender y proteger de forma integral a las niñas, a fin de seguir una ruta urgente de atención hasta que se les restituyan sus derechos fundamentales, como salud, situación escolar, procuración de justicia y desarrollo personal. 

La ruta iba a ser aplicada primero en Veracruz, pero el entonces secretario de salud Roberto Ramos Alor se negó, así que el primer estado en implementarla fue Hidalgo, que no tiene un alto índice de embarazos infantiles. 

En octubre del año pasado se presentó la Estrategia Educación Integral en Sexualidad para Veracruz, y en diciembre de 2021 integrantes del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) se reunieron para la implementación de la ruta NAME. 

Amanda González, integrante de la organización Redefine Veracruz y quien forma parte del GEPEA en el estado y del subgrupo para dar seguimiento a la estrategia NAME, reconoce que en la entidad apenas están en proceso de aplicación y es difícil que las metas puedan alcanzarse este año: 

“Se necesita –dice– mucho esfuerzo y articulación, hay una lentitud institucional y hace falta articulación y comunicación entre las dependencias para aplicar este protocolo. Los funcionarios muchas veces no saben ni qué es un instituto municipal de la mujer, cuáles son sus atribuciones. Esas situaciones terminan por obstaculizar la atención.” 

Además se detectó que en los grupos del GEPEA hay rotación de los representantes de las dependencias, lentitud en el seguimiento de acuerdos, pocas reuniones en el año e inasistencia de titulares que tomen decisiones. 

Para este reportaje, Proceso buscó entrevistas con la titular del Consejo Estatal de Población de Veracruz, Soraya Prado, así como con la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría de Salud, pero al cierre de la edición ninguna de las tres instancias respondió a las solicitudes. 

Ante la omisión de las autoridades y las cifras de niñas embarazadas, la organización Equifonía ha trazado una ruta para acompañar los casos y garantizar la restitución de los derechos. Así han identificado una ruta crítica de municipios y ahí dan talleres y cursos a las instancias municipales de protección a menores. 

González Saavedra dice que estas procuradurías municipales son clave para atender y dar seguimiento a estos casos, porque deben actuar en coadyuvancia con los padres de las niñas o en suplencia; es decir, tomar la representación legal de una niña víctima si el agresor es un familiar cercano. 

Mercy Pérez Arévalo, integrante del Consejo Consultivo y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del ayuntamiento de Xalapa, reconoce que lograr la protección de niñas con embarazos ha sido complejo, aunque hay un esfuerzo institucional. 

Xalapa es uno de los cinco municipios con más casos: sólo este año se contabilizan 13 embarazos de niñas.

En entrevista, Pérez Arévalo señala que al recibir los casos se enfrentan a familias que quieren ocultar los embarazos y no denuncian, negando así el acceso de las niñas a una ILE. 

Cita como un caso de buena actuación el de una niña de 14 años, trabajadora de la calle que llegó a la institución cuando tenía seis meses de embarazo. Aunque tuvo a su hijo, se inició un protocolo de actuación para garantizar sus derechos. 

Este consistió en lo siguiente: “Primero, recuperar su estatus escolar, prevenir un segundo embarazo, buscar ayuda social y psicológica para la menor y, como parte del plan de restitución de derechos, dar seguimiento para que se reintegrara a su vida, ahora como madre”, señala la funcionaria. 

A su vez, González Saavedra insiste en que es necesario que  organizaciones civiles vigilen la aplicación de protocolos, programas y ruta de acción:

“Cuando una niña es obligada a ser madre, prácticamente vive una tortura. Si las instituciones la dejan sola, se dificultará que en el futuro esa niña tenga una vida favorable para sí misma y los demás; difícilmente retomará su educación y tendrá acceso a empleos en condiciones precarias. Los hijos de estas niñas nacerán en condiciones de riesgo y crecerán en un contexto de vulnerabilidad. Es un sinfín de omisiones.” l

Reportaje publicado en el número 2406 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 11 de diciembre de 2022.