La colombiana Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, comenta a Proceso que el balance del presidente Andrés Manuel López Obrador en el área de los derechos humanos en sus cuatro años de gestión es muy preocupante; también lo es su propuesta de reforzar al INE, pues busca restringir la independencia del organismo electoral. Pensar que su gobierno es de izquierda es completamente alejado de la realidad. Pero el tema más peligroso, advierte, es la defensa que hace de la militarización.

BOGOTÁ (Proceso).— A pocos días de que se cumplan cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, dice que el balance del mandatario en el área de los derechos humanos es “muy preocupante”.

En entrevista con Proceso, Goebertus señala que durante el gobierno de López Obrador “se ha erosionado la calidad de la democracia mexicana”, y la causa “directa” de ese deterioro son “los rasgos autoritarios y el carácter típicamente populista” del presidente.

La abogada colombiana y maestra en derecho de la Universidad de Harvard, recuerda que, como candidato, López Obrador generó “una expectativa, porque hablaba de la desmilitarización de la seguridad pública y de la defensa de los derechos humanos, y lo que nos hemos encontrado a lo largo de su gobierno es todo lo contrario”.

Y estos rasgos, indica, se han venido agudizando en la parte final del sexenio, en la que “el tema más grave es la defensa de la militarización como el punto culmen de ese proceso, de esa deriva autoritaria de López Obrador”.

“En vez de tratar de echar para atrás la militarización, que ya lleva muchos años en México, tomó medidas que fueron mucho más allá de las que tomaron sus antecesores”, dice la experta en derechos humanos.

Para Goebertus, el grado que ha alcanzado la militarización en México, con el control del Ejército y la Armada en el combate a la inseguridad púbica y en la construcción de obras emblemáticas del gobierno, así como en su administración a través de concesiones, tiene al país “en riesgo”.

–¿Usted cree –se le pregunta– que existe el riesgo de que ese militarismo se traduzca, en un momento dado, en una toma de posición de los militares a favor de un proyecto político en una coyuntura electoral específica?

–Esa ha sido una experiencia en el pasado –asegura–, cuando no hay control civil del poder militar, la posibilidad de que los militares se vuelvan actores políticos directos es muy alta, y también de que puedan ellos mismos participar luego en procesos de gravísimas violaciones a derechos humanos.

“Por eso la clave en la región, y lo ha dicho la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), es garantizar el control civil del poder militar, y eso es lo que se está socavando día a día en México”, agrega la exintegrante del equipo del gobierno colombiano que negoció la paz con las FARC y excongresista de la centroizquierdista Alianza Verde.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2404 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de noviembre de 2022.