CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una cabina telefónica con enchufes alrededor para cargar la batería de sus teléfonos celulares es el único medio que los mantiene comunicados, vía internet, con su pasado en Venezuela y su futuro deseado en Estados Unidos.

Sentadas en el piso, cientos de personas migrantes de ese país sudamericano esperan en la Terminal Central de Autobuses del Norte en la Ciudad de México a que “algo pase” para seguir su camino. Muchos no saben cómo lo harán, pero todos confían porque van “con el favor de Dios”.

En los pasillos convergen dos grupos de migrantes venezolanos. El primero es el de aquellos expulsados de territorio estadunidense, por la política migratoria basada en el Título 42 de un decreto de salud pública creado por el gobierno de Donald Trump al inicio de la pandemia de covid-19, pero que se volvió a aplicar desde el pasado 12 de octubre a quienes llegaron de manera irregular.

El segundo es el de los que llegan, en su mayoría, de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, luego de entrar a México por Tapachula, Chiapas. Ellos ya sobrevivieron a la Selva del Darién, conocida como el “infierno verde”, entre la frontera de Colombia y Panamá. Caminaron cientos de kilómetros por Centroamérica y, pese a las restricciones migratorias y a la noticia de los deportados, insisten en llegar a Estados Unidos para “buscar una vida mejor”.

Es la tarde del miércoles 26 de octubre. En la central de autobuses se corre la voz de que los venezolanos deportados de Estados Unidos que llevaban ahí varios días varados se fueron a las seis de la mañana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para tomar un vuelo comercial a Venezuela, la mitad de cuyo costo fue pagado por la embajada de ese país en México, como una medida temporal para atender esta crisis humanitaria.

Casi a la misma hora que ellos se fueron comenzaron a llegar autobuses con decenas de “paisas” provenientes de Oaxaca. Tienen en la mira viajar a Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana, cruzar la frontera y reunirse con sus familiares ya establecidos en Estados Unidos.

Saraí, de 27 años, es de San Cristóbal, Táchira, suroeste de Venezuela. Trabajó seis meses en una panadería en Medellín, Colombia, pero decidió reunirse con sus hermanos en Indianápolis y “buscar un mejor futuro” para sus hijos de cuatro y cinco años. Hace un mes emprendió el viaje con ellos, una amiga y el papá de ésta. “Vamos llegando. Estábamos en San Pedro sacando el permiso. Tardé ocho días”, dice sentada en el piso.

Pensaba que el costo del pasaje a Ciudad Juárez era menor, por eso espera a ver si su familia “nos colabora con el pasaje y a ver si allá no nos regresan”. No sabe que algunas líneas de autobús ya no venden boletos a extranjeros sin permiso migratorio para estar en México. En las pocas horas que lleva en la central, se les acercaron personas de una Iglesia bautista para ofrecerles ir a la iglesia en la colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa, a cambio de una despensa gratis.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2400 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 30 de octubre de 2022.