CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El pasado 12 de octubre –emblemático día– los gobiernos de Estados Unidos y de México anunciaron una política migratoria coordinada que tiene por objetivo frenar el flujo de migrantes y refugiados venezolanos que arriban a la frontera sur del país vecino, quienes rápidamente multiplicaron su número durante los últimos meses. Librando todo tipo de ­obstáculos y amenazas, algo más de mil venezolanos llegan diariamente a la frontera de Estados Unidos solicitando refugio.

En términos generales, el acuerdo bilateral incluye: a) la expulsión inmediata de venezolanos que arriben irregularmente a la frontera de Estados Unidos, b) la aceptación de México para recibirlos y c) la posibilidad de que hasta 24 mil venezolanos puedan ingresar legalmente a Estados Unidos por vía aérea (“elegibles para trabajar”), mediante un procedimiento vía internet que requiere a la persona disponer del apoyo de alguien que subvencione su permanencia, así como otras condiciones, como no haber ingresado irregularmente a Estados Unidos, a México o a Panamá.

Este acuerdo de control migratorio es significativo por varias razones. Primero, porque se basa en una explícita coordinación de iniciativas por los dos países con el objetivo de contener el flujo migrante, en función de intereses de Estados Unidos. El acuerdo deja atrás las supuestas medidas migratorias “unilaterales”, como por ejemplo el programa “Quédate en México”, que por cierto al final y en una versión más ruda se implementa ahora para migrantes y refugiados de Venezuela.

De manera explícita, nuestro país abiertamente acepta ser espacio para la expulsión de venezolanos por Estados Unidos, sin responsabilidad alguna sobre el escenario social resultante ni si en el camino se violan derechos humanos, tratados internacionales o la legislación mexicana sobre migración y refugio. Además, a diferencia del “Quédate en México”, en esta ocasión no hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores comprometiendo asistencia humanitaria para la población expulsada (lo que fue promesa incumplida, por cierto). Ahora como antes, salvo apoyos marginales, cada quién se atenderá como pueda y sobre todo mediante la generosidad de la sociedad civil.

¿Cuál será el destino de los cientos de venezolanos que diariamente serán regresados a las ciudades fronterizas mexicanas? ¿Cuál el destino de los miles que ya están en nuestro país y de los que vienen en camino por Centroamérica cruzando peligrosas selvas, literalmente? Si bien Estados Unidos aceptará el ingreso de 24 mil personas por vía aérea –lo cual es una medida muy positiva–, se trata de una cantidad mínima frente a la escala de las necesidades de protección internacional. Solamente en septiembre los arribos de venezolanos a su frontera superaron los 33 mil eventos. Es decir, con la nueva disposición migratoria se abre una pequeña ventana, pero a la vez se cierra la puerta, lo cual es la intención de fondo.

No hace mucho tiempo la hermana Venezuela se distinguía por ser un país generoso al recibir a decenas de miles de migrantes y refugiados latinoamericanos y de otras regiones del mundo. Tenía una economía pujante y un sistema político abierto, avanzando en democracia. Hoy puede afirmarse exactamente lo contrario, lamentablemente. Se consolidó un régimen político autoritario, populista, irresponsable y profundamente ignorante con los gobiernos de Chávez y Maduro, especialmente con el segundo. Entre otras consecuencias, una parte muy grande de la población (¡alrededor de una cuarta parte!) se ha visto “obligada” a emigrar, ante la necesidad de encontrar alternativas de vida.

A la fecha se estima que 7.1 millones de venezolanos han salido de su país durante los últimos años. La mayoría se encuentra en países que solidariamente han abierto sus puertas, como Colombia (2.5 millones), Perú (1.5 millones), Ecuador (0.5 millones) y Chile (0.5 millones), entre los principales. Paradójicamente, frente a la hermandad latinoamericana, México se ha alineado una vez más con Estados Unidos compartiendo el propósito de freno y expulsión.

Como prueba última del agresivo rechazo, las autoridades mexicanas les dan un plazo de escasos días a los venezolanos expulsados desde Estados Unidos para que salgan de nuestro territorio. ¿Así de noble es nuestro espíritu humanitario?

El único lado positivo del esfuerzo mexicano es todavía menor. Entre 2013 y 2022 –casi una década– los datos de la Comar sobre el reconocimiento de refugio para venezolanos muestran que ha beneficiado solamente a 21 mil personas. Ante la emergencia de estos días, notable en las fronteras del país, las medidas de refugio y protección debieran multiplicarse especialmente para esta población. El desafío para la Comar es mayúsculo a causa de las severas limitaciones de recursos que afronta, que en la práctica le impedirán una acción efectiva. Es decir, los venezolanos encontrarán limitadas alternativas de refugio en México, lo cual parece ser la consecuencia esperada por el gobierno.

Evidentemente la migración y el tránsito de refugiados por nuestro país no es solamente de venezolanos. Los nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua son también numerosos, junto con la población originaria del norte de Centroamérica y la propia mexicana, además de la procedente de otras partes del planeta. El reto es extraordinariamente diverso y de amplia escala; requiere la necesaria coordinación entre países, pero siguiendo los diagnósticos y objetivos correctos conforme al derecho internacional e interno de las naciones involucradas.

El reciente acuerdo de México y Estados Unidos para contener a la población venezolana no está en ese horizonte. Por el contrario, apunta a convertirse en un “modelo de contención” que después pueda dirigirse contra otras nacionalidades de migrantes y refugiados. Considerando nuestros principios jurídicos y políticos y, además, la enormidad de nuestra población migrante (y refugiada creciente), no debiera México ser engrane de las políticas migratorias del país vecino del norte cuando el propósito es la contención y cuando la violación de derechos humanos es un riesgo continuo.

No está en duda que la coordinación de políticas migratorias, de refugio y de desarrollo debe ser una práctica entre los países de la región, cuando tiene un horizonte de derechos y constructivo. Pero lejos de ese propósito, hoy sólo estamos subiendo el nivel a una crisis humanitaria que ya estaba en graves condiciones.  

*Profesor de PUED UNAM. Excomisionado del INM

Análisis publicado el 23 de octubre en la edición 2399 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.