El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha estado en la mira de la Sedena desde principios de 2019. Según reveló el hackeo del colectivo Guacamaya, la dependencia acumula documento tras documento que muestran los nexos del exfutbolista con el Comando Tlahuica. No sólo eso: hay pruebas documentales de colusiones con el crimen organizado de otros funcionarios morelenses estatales y municipales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Desde principios de 2019, órganos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano, encabezados por la Sedena, documentaron los pactos que la delincuencia organizada hizo con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y casi la mitad de los municipios del estado para controlar la entidad. Los supuestos vínculos del gobernante con grupos ilegales fueron identificados desde su gestión como presidente municipal de la capital, Cuernavaca.

Documentos de inteligencia de la Sedena, parte de los miles de correos electrónicos hackeados por el colectivo Guacamaya, revelan que desde 2019 el Ejército dio seguimiento a Blanco ante la posibilidad de que estuviera coludido con el Comando Tlahuica, célula del grupo Los Rojos.

Según declaraciones de funcionarios y miembros de la delincuencia organizada, la Sedena documentó que aparentemente Blanco pactó con el Comando Tlahuica para darle el control del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) y el territorio de Cuernavaca.

Este municipio, según documentos de inteligencia de la Secretaría de Marina, está en pugna por ser el punto de reunión en la ruta de la droga proveniente de Guerrero y su ingreso al Estado de México y a la Ciudad de México, además de estar situado sobre el poliducto Añil-Cuernavaca, donde los grupos delincuenciales roban el hidrocarburo.

En febrero de 2019, recién iniciado el mandato de Blanco, el Comité Interinstitucional de Inteligencia (CII) –formado por la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la extinta Policía Federal– realizó una radiografía de la entidad.

“Las estructuras delictivas que mantienen presencia en la región centro de Guerrero, interactúan con las que mantienen presencia en Morelos, existiendo indicios de una posible alianza que obligue a contar con un solo jefe delictivo en cada uno de los estados mencionados”, señala el informe consultado por Proceso.

El CII detectó en Morelos la presencia de 10 organizaciones delictivas a las que se atribuyen los homicidios ocurridos en el estado entre 2018 y 2019, debido a la disputa que mantienen por el control de las actividades ilícitas: huachicoleo, narcotráfico, secuestro y extorsión, principalmente.

Se trata del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); Guerreros Unidos y Los Rojos, ambas implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; Cártel del Sur y Los Maya, afines al CJNG; Los Linos, Comando Tlahuica, la Familia Michoacana, bandas dedicadas al huachicol y una banda de colombianos dedicada a la extorsión.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2402 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.