CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Fiscalía Anticorrupción de Morelos investiga las presuntas irregularidades en la creación y nombramiento del titular de la notaría número 4 con jurisdicción en los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata, proceso en el que habría habido un pago de 20 o 30 millones de pesos para otorgarla y donde estaría involucrado Ulises Bravo Molina, medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Como informó Proceso hace unos días, en julio de este año, en medio del proceso de elección del titular de la notaría 4, elementos de la Fiscalía Anticorrupción realizaron un cateo a las instalaciones de esa fedataria en la colonia Ampliación Bugambilias de Jiutepec, pues ya existía una denuncia por presunto tráfico de influencias para el otorgamiento de notarías en Morelos.

La investigación, según confirmó Edgar Núñez Urquiza, vicefiscal anticorrupción de Morelos, se inició a partir de una noticia anónima en la que se informaba de un presunto tráfico de influencias y manejo de información pública para obtener la titularidad de la notaría por parte de Alejandro Gómez Núñez, quien a la postre fue nombrado al frente de esa fedataria.

Después de realizar ese cateo en julio pasado, no hubo ningún otro indicio de la investigación, sin embargo, la semana pasada fue hecho público un audio de una llamada telefónica entre el entonces secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas y el entonces director jurídico de esa dependencia, Eduardo Kenji Uchida García, misma que habría ocurrido en marzo pasado.

En ese audio se infiere que ambos funcionarios se recriminan por la responsabilidad que estriba en la comisión de irregularidades en el proceso de creación y entrega de la notaría 4. Ese audio también ha pasado a ser parte de la investigación donde ya se pueden señalar hechos que podrían configurar delitos como tráfico de influencias, omisión de funcionarios, ejercicio ilícito de la función pública y ejercicio abusivo de funciones.

El vicefiscal informó que los datos dados por el denunciante anónimo se han ido confirmando en el transcurso de la investigación. Sin embargo, lo complicado será demostrar el presunto pago de 20 o 30 millones de pesos para obtener la notaría, cómo se entregó el recurso, dónde, cómo se dio el trato, entre otros asuntos.

En tanto, desde que se conoció el audio al que se alude, tanto el secretario de Gobierno Samuel Sotelo, el presidente del Colegio de Notarios de Morelos, José Toledo Saavedra y el propio Ulises Bravo, han negado por separado que haya habido irregularidades en el proceso o que se haya entregado la patente por la vía del tráfico de influencias o con mediación de un pago.