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Nueva demanda contra armerías Ebrard: la intención es obligarlas a cerrar sus puertas
Luego de que la Corte Federal en Boston desechó la demanda de la Cancillería contra ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas, Marcelo Ebrard presentó la semana pasada una segunda demanda, ahora contra cinco vendedores de armamento de California, Nuevo México y Texas.
Luego de que la Corte Federal en Boston desechó la demanda de la Cancillería contra ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas, Marcelo Ebrard presentó la semana pasada una segunda demanda, ahora contra cinco vendedores de armamento de California, Nuevo México y Texas. En entrevista con Proceso, el canciller expresa su confianza de que ahora sí prospere la petición, pues en junio pasado el Capitolio aprobó una ley bicameral, que incluye varios delitos federales que México puede provechar.
WASHINGTON (Proceso).– México, además de utilizar a cortes federales de Estados Unidos para intentar contener el tráfico ilegal de armas procedente de ese país y que no detiene la Casa Blanca, pondera llevar a foros judiciales internacionales a la industria armamentista del país vecino.
“Estamos viendo si hay alguna instancia internacional en paralelo en donde podamos presentar el planteamiento; en La Haya podría ser”, dice en entrevista con Proceso Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La semana pasada, ante Corte Federal de Distrito del Distrito de Arizona, con sede en Tucson, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México demandó por la vía civil a cinco expendedoras de armas, a las que acusó de atizar de manera intencional el trasiego ilegal de armamento que empodera a los cárteles del narcotráfico y al crimen organizado.
“También, además de la apelación que entregaremos a la Corte Federal en Boston, Massachusetts –que desechó la demanda de la SRE contra ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas–, demandaremos a vendedores en California, Nuevo México y Texas”, adelanta Ebrard.
La nueva demanda civil del gobierno de AMLO que, de acuerdo con Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE, “es un acto de frustración ante la falta de actuación por parte del gobierno de Estados Unidos”, les imputa 13 delitos a los cinco vendedores de armas.
Ubicados en Tucson y Phoenix, Arizona, los ocho firmas que venden armamento de alto poder y estilo militar son: Diamondback Shooting Sports, Inc., SNG Tactical, LLC, Loan Prairie, LLC D/A The Hub, Ammo A-Z, LLC y Sprague’s Sports Inc.
De 138 páginas, la demanda exige a la Corte en Tucson que además de proceder legalmente contra los cinco vendedores por cometer delitos federales que los implican en el tráfico ilegal de armamento a México, establezca un jurado civil para procesarlos, juzgarlos y condenarlos.
“Sería la primera vez que iríamos sobre las armerías y sus personeros. ¿Por qué no habíamos ido antes? Porque la ley de Estados Unidos antes no lo permitía. En junio pasado el Capitolio aprobó una ley bicameral y varios delitos federales que podemos aprovechar para este propósito o que son aplicables en nuestra denuncia”, matiza el canciller mexicano.
Por medio de la firma de abogados, DeConcini McDonald Yetwin & Lacy, PC, la SRE sostiene que “de manera sistemática” las cinco tiendas demandadas participan en la venta de armas y municiones estilo militar a los cárteles del narcotráfico de México.
