En 2019 venció el plazo para que la FGR creara el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas, indispensables para resolver las miles de desapariciones en México. Ante las omisiones de la 4T, Olimpia Montoya Juárez ha promovido un amparo. En entrevista, esta mujer –que desde hace cinco años busca a su hermano– habla de los maltratos y el desdén que ha sufrido de parte de las autoridades estatales y federales, pero también de las posibilidades de conseguir una herramienta que permita la interconexión de las bases de datos de los estados y del gobierno federal en materia forense.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En busca de verdad y justicia, pero sobre todo del paradero de su hermano Marco Antonio, desaparecido en marzo de 2017, Olimpia Montoya Juárez ha decidido recurrir al Poder Judicial de la Federación para exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas (RNPFNI), como lo mandata la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en vigor desde noviembre de 2017.

Desde Celaya, donde forma parte del Proyecto de Búsqueda, colectivo de familiares de víctimas de desaparición creado en enero de 2021, Olimpia Montoya comparte las penurias de miles de personas que buscan a sus desaparecidos, una herida que a escala nacional suma 96 mil 827 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al viernes 14.

Partícipe de la búsqueda en campo de fosas clandestinas y de restos humanos, como miles de personas en México, ha sido maltratada en las agencias del Ministerio Público, ha sufrido el desdén e indiferencia de las autoridades para dar con el paradero de sus familiares y padece la incertidumbre de los cotejos que se han hecho de los perfiles genéticos que sus padres y una sobrina han proporcionado para la localización de Marco Antonio, visto por última vez el 18 de marzo de 2017 en compañía de un agente federal, Eduardo Rodríguez Bustos, también desaparecido.

“¿De qué sirve que sigamos sacando cuerpos de las fosas, si los estamos yendo a meter a un Semefo o a un laboratorio donde duran meses o años resguardados? La falta de efectividad de las autoridades está haciendo que los cuerpos sean identificados y entregados a sus familias meses o años después”, dice Olimpia, quien con su colectivo y otros más ha rescatado 60 cuerpos de fosas clandestinas halladas en dos localidades en Celaya.

Ante la acumulación de cuerpos sin identificar en espacios bajo resguardo de fiscalías estatales y la federal –que a escala nacional suman poco más de 52 mil cadáveres, de acuerdo con un informe del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México y reconocidos por el gobierno federal–, Olimpia decidió solicitar un amparo indirecto a la FGR para el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición.

Acompañada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), Olimpia interpuso el 30 de agosto último un recurso de amparo ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por dicha omisión, reclamo del que serían responsables el fiscal Alejandro Gertz Manero, así como los titulares de las fiscalías especializadas en Derechos Humanos, en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, de la Coordinación General de Servicios Periciales, de la Agencia de Investigación y del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, instancias todas de la FGR.

Admitido el 31 de diciembre pasado, el amparo tramitado por Montoya Juárez resalta que la Ley General en Materia de Desaparición dio un año a la FGR para sentar las bases de la creación del BNDF y del RNPFNI, plazo que se venció en enero de 2019.

Sin herramientas

En el amparo indirecto 1070/2021, del que Proceso tiene una copia, Montoya se considera agraviada por el desacato a la Ley General en Materia de Desaparición por parte de las autoridades de la FGR, porque la “privan de herramientas tecnológicas que forman parte de políticas públicas que son indispensables” para la localización de su hermano.

Olimpia reprocha que la falta de creación del BNDF y el RNPFNI no sólo va contra la Ley General en Materia de Desaparición, sino que “causa directamente una afectación a mi derecho a la verdad, a la justicia y a la legalidad y seguridad jurídica” reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la Ley General de Víctimas.

El Juzgado de Distrito ha solicitado a las autoridades señaladas un informe justificado sobre los señalamientos de la quejosa, y fijó el 17 de febrero como fecha para realizar la Audiencia Constitucional.

En entrevista, Olimpia explica que durante los casi cinco años que lleva buscando a su hermano, tres meses después de denunciar la desaparición ante la fiscalía estatal, se tomó muestra de ADN a una de sus sobrinas, en tanto que, al remitirse la carpeta de investigación a la FGR (a finales de 2019), en 2021 se tomaron las muestras a sus padres.

“Después de que le hicieron el perfil genético a mi sobrina, no nos dijeron si lo habían cotejado con alguna base de datos, sino hasta finales de 2019, que revisé la galería fotográfica de personas fallecidas y no identificadas que tiene la fiscalía estatal, pedí que cotejaran ese perfil con un hallazgo (un cuerpo localizado), pero salió negativo.

“Lamentablemente, entre la fiscalía estatal y la FGR se estuvieron echando la bolita por ser mi hermano un civil, al final se encontraron elementos para considerar que mi hermano y el agente federal fueron desaparecidos por agentes federales, y juntaron la carpeta de mi hermano a la de Eduardo; año y medio después de que la FGR tomó el caso de mi hermano le tomaron el perfil genético a mis padres, en febrero apenas me van a hacer el cuestionario ante-mortem, mientras en diciembre fui a ver al agente del Ministerio Público, pero no tiene una línea de investigación”, cuenta.

Durante su peregrinar, Olimpia ha conocido decenas de casos en los cuales las autoridades entregan los cuerpos después de 11 meses a dos años del hallazgo de los restos. También sabe de la incertidumbre que existe cuando se sospecha que los restos pueden estar en un estado vecino a Guanajuato, pero se topan con la falta de colaboración entre autoridades de esas entidades para cotejar la información.

Además de lo anterior, se mantiene la impunidad porque no hay castigo para los responsables de asesinar y desaparecer personas.

Pese a lo anterior, Olimpia Montoya es optimista de que el Poder Judicial de la Federación le dé la razón y ordene a la FGR acelerar el trabajo que hasta ahora no ha hecho: unificar las bases de datos forenses que tienen los estados con existentes a escala federal, así como crear un registro de los datos de las personas fallecidas sin identificar, que se encuentran en espacios administrados por las mismas fiscalías.

La creación de la BNDF “nos va a beneficiar a todos, a miles de familias que esperan a sus desaparecidos y hasta a las mismas autoridades, ya no van a tener esa acumulación de osamentas, de cuerpos y de restos óseos en espacios donde los tienen que depositar y mantener hasta que surja algo.

“Es momento de que las autoridades nos dejen de ver a las colectivas como piedrita en el zapato, que nos vean como colaboradoras porque lo que más nos interesa es que esto funcione y sea certero”, dice Olimpia Montoya.

Los pretextos de la autoridad

César Contreras, abogado del Centro ­Prodh, explica que la Ley General en Materia de Desaparición establece que a la FGR le corresponde “crear y operar el banco, así como de pedir toda la información a las fiscalías locales para reunirla en el banco, y le dio un año de plazo, pero hasta ahora no existe una herramienta que permita la interconexión de las bases de datos en materia forense, incluyendo en materia genética para realizar la confronta de perfiles de manera automática, constante y permanente, como herramienta de búsqueda e identificación”.

En entrevista, recuerda que desde hace 10 años la entonces Procuraduría General de la República y ahora la FGR tienen a su disposición el Sistema Índice Combinado de ADN (Codis), gracias a un memorándum de entendimiento entre la FGR, el FBI y la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del gobierno estadunidense, una herramienta tecnológica que “sí permite articular otras bases de datos” genéticos de los estados e, incluso, la que en su momento tuvo la Dirección Científica de la Policía Federal y que se transfirió a la Guardia Nacional.

“No hay claridad en dónde se está atorando el problema para que la FGR no haya cumplido con la Ley General en Materia de Desaparición”, insiste.

Contreras denuncia que, a partir de que se venció el plazo para que se creara el BNDF, en respuesta a solicitudes de información, “la institución ha ido cambiando la narrativa: anteriormente no daba información sobre los avances, posteriormente lo que dijo fue que le compete a la Comisión Nacional de Búsqueda establecer lineamientos tecnológicos para la interconexión entre las bases de datos, y lo último que salió de la Auditoría Superior de la Federación es que la FGR ya tiene un proyecto de cómo implementaría el BNDF, pensado para culminar en 2028, y eso no está representando la urgencia de las familias ni obedece a los planteamientos que se hicieron en la Ley”.

Sobre la responsabilidad que tendría la CNB, el defensor puntualizó que el argumento de la FGR no se sostiene en la ley y “no hay evidencia documental de que la institución haya requerido esos lineamientos tecnológicos en algún momento a la CNB o que le haya requerido alguna información para poder interconectar las bases de datos”.

El abogado del Centro Prodh detalló que en el recurso de amparo se solicitó al juez que llame a la CNB para que responda por los señalamientos que ha hecho la FGR.

Al exponer que la falta del BNDF ha resultado de gran preocupación para organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Contreras destaca que en las familias esa situación genera “incertidumbre porque no saben a dónde han ido a parar las muestras de ADN que han donado, en ocasiones, a varias instancias; segundo, porque no saben si están siendo cotejadas con otras bases de datos genéticas de otros estados, situación que no está ocurriendo, y, por último, porque no tienen información sobre si se están comparando con los constantes hallazgos que están ocurriendo, datos que tendrían que estar en un registro único de personas fallecidas no identificadas”.

Para el abogado, pese a los esfuerzos que pudiera haber en algunas instancias del gobierno federal, y en algunos funcionarios en particular, la falta de herramientas tecnológicas para la identificación de personas refleja que “no hay una perspectiva de Estado” como parte de todo un engranaje institucional “que tendría que estar al servicio de las familias”.

También destaca el doble discurso de la autoridad, porque “aunque el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha mencionado que los desaparecidos eran la prioridad número uno para todo el país y para todas las autoridades, en la práctica lo que estamos viendo es que eso no está sucediendo, ni presupuestariamente ni en voluntad política”.

En materia de recursos, Contreras recordó que para este año la CNB tuvo un incremento menor a 1%, considerando el índice inflacionario con respecto de 2021, es decir, de poco más de 720 millones de pesos a más de 747 millones.

Reportaje publicado el 16 de enero en la edición 2359 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.