La irregular entrega de los perfiles genéticos de miles de personas desaparecidas al laboratorio privado ADN México comenzó desde 2016: la entonces Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Arely Gómez alimentó la plataforma de esa empresa y, más tarde, le entregó miles y miles de datos en dispositivos USB.

Luego hicieron lo mismo la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y las fiscalías de varios estados.

No sólo eso: sin consentimiento de autoridades y familiares, la base de datos con más de 49 mil registros fue presuntamente trasladada a España. Más de un año después, el subsecretario Alejandro Encinas confió a familiares de personas desaparecidas que existía una investigación por el robo de la base de datos genéticos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Sin agitarse, con camiseta blanca y la modulación de voz que lo caracteriza, Alejandro Encinas Rodríguez habló en confianza ante representantes de organizaciones sociales y familias de personas desaparecidas con quienes se reunía ese 6 de septiembre de 2019.

Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, había acudido a un encuentro de la Red de Enlaces Nacionales, integrada por familiares de personas desaparecidas, que tenía lugar en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Hablaba el subsecretario sobre los enormes rezagos y sorpresas que se habían encontrado al asumir el poder apenas 10 meses antes y les confió que los antiguos funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBP) habían dejado la oficina vacía.

“Se llevaron desde las computadoras hasta el registro de las personas”. Y enfatizó sobre los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto: “El ADN de las personas. El material genético se lo dieron a un particular”.

Lo que Encinas les decía podía traducirse en otras palabras: se había esfumado la base de 49 mil perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y de cuerpos no identificados que la CNBP había acumulado.

Una parte de los perfiles genéticos había sido entregada por las familias de víctimas a instituciones tan diversas como la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, además de las fiscalías de Morelos, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz.

Las confidencias de Encinas siguieron, a pesar de que quedaron grabadas en un video transmitido en vivo a través de una cuenta de Facebook: “Lo voy a decir aquí por primera vez, pero que no salga de la Ciudad de México: hay un proceso penal ya en marcha por el uso indebido de esa información”.

Lo que ya no les comentó Encinas a los asistentes al encuentro –realizado en un salón en que destacaban mantas con las fotografías de personas buscadas por sus familias–, es una parte sustancial de esta historia: el laboratorio privado al que le entregaron ilegalmente 49 mil datos genéticos para identificación humana se llama Central ADN SA de CV, también conocido como ADN México.

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Hace pocas semanas, el reportaje Traficantes de ADN, realizado por las periodistas Paula Mónaco y Wendy Selene Pérez, reveló que esa empresa obtuvo esos miles de perfiles genéticos.

En forma paralela e independiente de esa investigación, los autores de este texto rastreaban el origen de la entrega a particulares de datos tan personales y sensibles como el ADN de personas desaparecidas.

En las siguientes páginas, se proporcionan algunas respuestas a preguntas clave para las cuales hasta el momento no se tenía ni idea. Por ejemplo:

1.- ¿Desde cuándo supo el actual gobierno que ello había ocurrido?

2.- ¿Cómo se enteraron las familias de los desaparecidos que sus datos genéticos se habían entregado a ADN México?

3.- ¿Cómo se entregaron esas bases?

4.- ¿Quién las entregó y quién las recibió?

5.- ¿A partir de cuándo ocurrieron esas entregas?

6.- ¿Qué medio se usó para hacer esas transferencias de los datos genéticos?

7.- ¿Qué dicen los exfuncionarios públicos a los que se responsabiliza de esa entrega?

8.- ¿Qué argumenta Mariana García Sosa, representante del laboratorio privado que obtuvo irregularmente los 49 mil datos genéticos de desaparecidos?     

Este equipo de periodistas, integrantes del cuerpo editorial del diario El Financiero y la revista Proceso, trabajó durante un año y medio en la elaboración de esta investigación, para lo cual entrevistó a los implicados, a familiares de personas desaparecidas, a funcionarios del actual gobierno, además de que realizó múltiples solicitudes de información y tuvo acceso a partes centrales de la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República, para encontrar las claves de esta historia.

Esto es lo que encontramos: 

Fecha: fines de 2015. Lugar: instalaciones de la PGR. Martha Acela Valdez González es bióloga molecular y durante varios años trabajó en la entonces PGR, a donde ingresó en 2014 como titular del Laboratorio de Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales.

Para esa fecha la violencia vinculada con el crimen organizado estaba en uno de sus picos más altos. Y lo que encontró al empezar a trabajar en la institución era un desorden. Miles de papeles depositados en cajas que se iban acumulando. Eran los perfiles genéticos de 2011 y 2012 que habían llegado de diferentes estados de la República.

Durante meses, Valdez González se dedicó a ingresarlos diligentemente a una base de datos con la que contaba la PGR. Se trataba de un sistema llamado Combined DNA Index System (CODIS), una plataforma que el FBI había compartido con México desde noviembre de 2011 como parte de la Iniciativa Mérida.

La donación de este sistema tenía un propósito: que el gobierno federal mexicano pudiera concentrar las muestras genéticas de personas procesadas penalmente, el ADN encontrado en evidencias halladas en el lugar de los hechos y los perfiles de ADN de personas desaparecidas.

No era una tarea sencilla porque la alimentación de la base con los datos que llegaban de los estados (en hojas de word o excel) se hacía manualmente, lo que potenciaba la posibilidad de cometer errores en el proceso de transcribir los perfiles genéticos, que están integrados, en esencia, por una serie de números.

Se acercaba el final de 2015 y los datos se multiplicaban con rapidez, como ocurría con las víctimas y las personas desaparecidas. El sistema CODIS se alentó por la cantidad de casos ingresados y en la medida en que se acercó al límite de almacenaje de 50 mil perfiles.

Así que se necesitaba una solución técnica, ya que, además, ninguna fiscalía estatal podía tener acceso a CODIS, o los sistemas con los que contaban eran incompatibles con la plataforma de la PGR, dado que no existe un sistema homologado a nivel nacional de cómo enviar sus perfiles genéticos.

En esta coyuntura, casi al arranque de 2016, es que la perito escucha hablar por primera vez de la empresa ADN México.

Dos representantes del laboratorio acudieron a la PGR y, recuerda Martha Acela Valdez en entrevista con este equipo de reporteros.

Sara Mónica Medina, en ese momento titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, le pidió a Martha Acela Valdez que revisara un documento engargolado.

Era una propuesta para elaborar los perfiles genéticos de las personas internas en los reclusorios, además de un abanico de servicios que ofrecía análisis genéticos, la base de datos para almacenarlos y bodegas o software para el manejo de bodegas de evidencia.

Valdez le comentó a su jefa que le parecía interesante la bodega para manejo de evidencias (“no teníamos”) y el muestreo a los internos de los penales (“no teníamos capacidad para hacerlo”). Después, no volvió a saber sobre el tema en muchos meses.

A finales de septiembre de 2016, la empresa realizó una segunda visita al Laboratorio de Genética de la PGR y se entrevistó con Jorge Zúñiga, el nuevo titular de Servicios Periciales.

La bióloga, también especialista en química forense, recuerda que Jorge Zúñiga le mostró la propuesta. “La veo y dije ‘ah, yo ya había visto algo así’, pero ahora ofrecen algo más: un sistema de manejo de laboratorios genéticos llamado LIMS, una base de datos compatible con CODIS que ellos ya tienen y la maquila de muestras de genética forense”.

Zúñiga, dice la exfuncionaria, aceptó testear el programa de prueba y ver si funcionaba a la hora de confrontar el ADN de los familiares con el de cuerpos no identificados y buscar posibles coincidencias.

Urgía tener una base de datos compatible con CODIS, pues éste se encontraba saturado, llegaba a su límite. Los datos que les compartían los estados llegaban mal. Guerrero trabajaba una técnica, Sinaloa otra, Veracruz lo hacía con 13 marcadores. No había nada estandarizado. 

“Por eso, la base de datos que ofrecía ADN (México) parecía una muy buena opción, era como tener una base alterna”, dice la bióloga Martha Acela Valdez. Al final, la compra no se concretó, pero sí se usó el sistema de prueba.

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A finales de 2016 se produjo un relevo en el área: el criminólogo Anselmo Apodaca se hizo cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales, y Mavil López Casamichana, de la Dirección de Laboratorios Criminalísticos.

La nueva jefa de Martha Acela Valdez tomó posesión en 2017 y al poco tiempo la llamó y le solicitó verbalmente que le entregara todos los perfiles genéticos que tenían en el laboratorio (“eran 32 mil y pico”).

“Le pedí un oficio y le pregunté para qué. Se me quedó viendo así como ‘¿tú qué?’, y sólo dijo: ‘Los necesito y los necesito para mañana’”.

A Martha Acela Valdez le preocupaba que en CODIS también se encontraban datos genéticos de empleados de la PGR. “No le iba a dar los perfiles de nosotros, quién sabe a dónde iban a dar. Le pedí el oficio, pero me dijo que no me daría ningún oficio, que sólo le diera la información. Acordamos que se la entregaría en dos semanas para que pudiéramos depurarla. Accedió, pero luego de una semana, le entregué la base junto con un oficio”, explica la bióloga. 

Valdez González transfirió la base de datos en una memoria portátil. “En la USB que le di a Mavil había sólo numeritos de perfiles genéticos. En mi disco duro sí había dictámenes”.

–¿Como cuáles?

–Como el de El Chapo, como todos los perfiles genéticos que obtuvimos de su captura, de su fuga.

–¿Qué perfiles genéticos había?

–Había, por ejemplo, los perfiles genéticos que obtuvimos de los familiares de Ayotzinapa. Ahí ya había nombres y apellidos, no sólo números. Eso era importante”.
La información de esos perfiles quedaron en su disco duro; no en la información que entregó en la USB.

Después de ese episodio, a Martha Acela Valdez González le pidieron su renuncia.

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Fecha: febrero de 2016. Lugar: instalaciones de la PGR. “Miguel”, a quien llamaremos así por razones de seguridad, es un perito bioquímico que trabajó de 2011 a 2018 en la PGR y atestiguó también la entrega de perfiles genéticos al laboratorio privado.

ADN México llegó en 2016 y entregó un demo, recuerda Miguel. “Si se supone que es un demo, no tendríamos por qué alimentarlo con nuestros resultados, pero se volvió obligatorio ingresar datos a esa base”.

En una reunión de representantes del laboratorio privado con personal del área de genética de la PGR, aquéllos les explicaron que todos los datos se subían a una nube. “En ese momento se les cuestionó mucho, porque nosotros (los peritos de las fiscalías) no podemos tener datos en la nube. De hecho, el sistema de la procuraduría es muy cerrado: tiene su servidor ahí mismo y no lo comparte con nadie”.

–¿Cómo se dieron cuenta que se estaban migrando los perfiles genéticos a la base de ADN México?

–Por comentarios de los mismos compañeros. Fue por medio de una USB. Es la que ocupaban para migrar todos los datos de máquina en máquina –explica Miguel.

Miguel recuerda que hubo un hecho que les inquietó más: una nota periodística de un acto realizado en San Luis Potosí, en donde la representante de ADN México mencionó que la empresa ya tenía 40 mil perfiles genéticos.

“Yo le preguntaba a mis compañeros: ¿Oye, qué pasó? ¡Nadie, nadie, tiene esos perfiles aquí en México, sólo nosotros! ¡Nadie más! Empezamos a ver qué había pasado y pues nos regañaron (en la fiscalía), que nos pusiéramos a trabajar y que no teníamos por qué cuestionar”.

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Fecha: febrero de 2017. Hecho: le “donan” perfiles genéticos a ADN México. Lugar: San Luis Potosí. Micrófono en mano, Mariana García Sosa, directora forense de ADN México, agradece a Federico Garza Herrera, entonces procurador de San Luis Potosí, “la donación de la base de datos de material genético”.

Ese 18 de febrero de 2017 luce entusiasmada y cuenta a los asistentes a la Sesión Ejecutiva del Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de Justicia de dicha entidad sobre las tareas de la empresa ADN México.

“Trabajamos con todo lo que es el ADN para identificación humana. Déjenme platicarles que hemos recorrido 28 estados y sólo hemos logrado que seis  procuradores y fiscales se unan a esto. Uno de los primeros fue el procurador de este estado, del cual se deben sentir muy orgullosos porque nos compartió su base de datos genética”.

Destaca con preocupación que San Luis Potosí vive una crisis por la alta incidencia de secuestros, trata de personas y desapariciones. “El tener bases de datos genéticas que San Luis tiene, porque no todos los estados tienen, facilita la ubicación de las personas y, sobre todo, cuando aparecen restos humanos que no son fáciles de identificar”.

Con “la donación de la base de datos”, San Luis Potosí se une a un universo de miles de perfiles genéticos y así se genera la posibilidad de hacer confrontas con otros estados, como Michoacán, Morelos, Baja California Sur, Veracruz y Coahuila.

Mariana agradece entonces las gestiones del procurador Garza Herrera y lo felicita por la acreditación de su laboratorio y de su personal –”yendo más allá de las acciones que ofrecen en el rubro la PGR y el Plan Mérida” –, gracias a la ayuda de ADN México.

La Procuraduría estatal reforzaría algunas horas más tarde el mensaje de Mariana Sosa. “San Luis Potosí es una de las primeras en sumarse a la creación de una bases de datos que contiene al momento 40 mil perfiles genéticos de personas no identificadas, lo que representa un gran avance para la ubicación de personas desaparecidas, tarea en la que hasta ahora participan ocho instancias estatales de procuración de justicia, así como la PGR”, detalla el boletín de prensa emitido por esa oficina.

Es 18 de febrero de 2017 y brinca un dato clave: desde esa fecha, ADN México ya tiene en su poder 40 mil perfiles genéticos.

Este equipo buscó al entonces fiscal Federico Garza Herrera, quien declinó tomar la llamada. En su lugar, el fiscal especializado en materia de derechos humanos, Pablo Alvarado Silva, atendió vía telefónica la solicitud.

–¿Nos podría comentar cómo fue la donación de perfiles genéticos a la empresa ADN México?

–En relación con este laboratorio (ADN México), sí le pudiera decir que hubo colaboración con ellos a efecto de solicitarle que hicieran algunas pruebas genéticas. Sin embargo, al día de hoy ya contamos con un departamento en genética forense.

–¿Cuántos perfiles fueron donados?

–En ese momento, teníamos más o menos alrededor de 150 perfiles –respondió Alvarado Silva y acabó la llamada.

Hubo menos suerte en la respuesta oficial de la Fiscalía General del Estado a la solicitud de acceso a la información pública: “Este laboratorio no cuenta con documentos existentes relacionados a dicha donación de base de datos de material genético,”

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Fecha: julio de 2017. Lugar: sede de ADN México en Morelia. En la agenda de uno de los integrantes del equipo que realizó esta investigación quedó marcada la cita: la mañana del lunes 3 de julio de 2017 en el estacionamiento del Centro Comercial Santa Fe. Una camioneta lo trasladaría a la sede de Central ADN, ubicada en Morelia, Michoacán.

El propósito del viaje era conocer presencialmente los procedimientos que el laboratorio usa para identificar si algunos de los registros genéticos de los miles de cuerpos que se hallan en los servicios forenses del país corresponden a las muestras entregadas por las familias que buscan a sus desaparecidos.  

Mariana García Sosa, directora comercial de ese laboratorio, expresó durante el trayecto la “preocupación de la empresa de otorgar un trato con humanidad a las familias de las víctimas de desaparición”.

Luego de varias horas de viaje por carretera, el vehículo se detuvo fuera del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán (CIDAM), en cuyas instalaciones el laboratorio cuenta con una oficina.

Dividido en las secciones Pos-PCC Fragmentos, Extracción de ADN; PCR Fragmentos y muestras humanas, el laboratorio cuenta con capacidad, según explicó el personal especializado de ADN México, para procesar muestras de sangre en papel, sangre líquida, saliva en papel o tomada con un hisopo, huesos en diferentes estados (frescos, calcinados o deteriorados por algún tipo de solvente).

Los fragmentos de huesos son depositados en recipientes con agua y detergentes e ingresados a una máquina que realiza movimientos oscilatorios, donde son lavados, secados y al último pulverizados, y los fragmentos guardados en tubos de plástico.

“Lo que hago es pasar la muestra por esta columna, la muestra se queda atrapada; se le da una serie de lavados para obtener un ADN más puro”, detalló una laboratorista mientras vaciaba gotas en pequeños recipientes, que luego depositaba en la máquina centrífuga Legeno Micro 21B.

El área de obtención de ADN cuenta aproximadamente con 10 máquinas Analyzer 3500, que obtienen la información genética de las muestras, luego almacenadas en 10 computadoras, donde se crean huellas genéticas y se realizan los cruces de los perfiles. El proceso, desde que llega la muestra de hueso hasta la obtención de ADN, puede tardar hasta una semana.

Sobre un escritorio, se alcanza a ver una caja de cartón blanco con la leyenda escrita a mano: “Familiares Veracruz Finalizados”.

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Fecha: mayo de 2017. Lugar: Torreón. Hecho: filtran perfil de una joven desaparecida. El celular de Georgina Aranda timbró el 1 de mayo de 2017. La pantalla anunciaba que llamaba la maestra Teresa Ulloa.

–¿Sí, hola? –atendió Georgina Aranda, quien llevaba más de cinco años buscando a Tania Sánchez, su hija de 22 años, desaparecida en 2012 luego de que, junto con su novio, salió de una fiesta en la ciudad de Torreón, Coahuila.

–¿Cómo estás, qué estás haciendo? –preguntó la maestra Ulloa, una persona a la que Aranda le tiene mucha estima por la ayuda que le ha dado en la búsqueda de su hija.

–Aquí, maestra, organizando lo de la caravana –comentó, en referencia a la Primera Caravana Internacional de Búsqueda en Vida, en la que participarían colectivos de familiares de siete estados del país. 

–¿Estás sola?

–Sí, maestra. Dígame qué se le ofrece.

–Pues tengo una noticia y me da mucha pena que yo sea quien se la dé porque no soy la indicada. Se la tengo que dar porque la persona que quiere dársela ya quiere ir a su casa y es la menos indicada para hacerlo. Es referente a Tania –le dijo la maestra Ulloa.

Georgina Aranda pidió que le dijera lo que pasaba.

–Ya encontraron a Tania –escuchó a Ulloa–. Bueno, no toda Tania. ¿Recuerda cuando le hicieron las muestras del ADN del último laboratorio que se las tomó?

–Sí –confirmó Aranda, quien, junto con su otra hija y su esposo, había ido a la sede de una secundaria técnica de Torreón para entregar muestras bucales y de sangre a principios de febrero de ese año. Los había convocado el Grupo Vida, un colectivo de familiares de personas desaparecidas.

–Pues ya dio un positivo de una muela. Encontraron una quijada con una muela de Tania y dio positivo en el ejido Santa Elena –le contó Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, quien la había ayudado en la búsqueda de su hija.

Tania Sánchez Aranda, de 22 años, desapareció junto con su novio el 21 de enero de 2012 cuando salían de una fiesta y se dirigían al municipio Francisco I. Madero. En el camino de regreso fueron secuestrados. Los delincuentes se comunicaron con la familia para exigir un rescate de 300 mil pesos, pero nunca volvieron a contactarla.

Desde entonces, Julio Sánchez y Georgina Aranda, padres de Tania, empezaron el rastreo de su hija y se unieron a colectivos de familiares.

Cinco años después, en 2017, tras participar en una búsqueda en el Ejido de Santa Elena, donde se habían encontrados algunos restos humanos, entregaron a ADN México muestras de sangre.

“Nos tomaron las muestras y nos dijeron que en poco tiempo estarían los resultados”, cuenta Aranda. “Pregunté si había algún laboratorio para el ADN y me dijeron que no, que en Coahuila no había. Entonces supimos que en Monterrey un laboratorio estaba haciendo pruebas gratuitas y nos fuimos” allá a entregar nuevas muestras sanguíneas.  

En la búsqueda de Tania, sus papás entregaron muestras de ADN en Monterrey, Ciudad de México (en la PGR) y Torreón. En su desesperación, pensaban que mientras más muestras se realizaran, más oportunidades de encontrar a Tania tendrían.

Cuando recibió la llamada de Teresa Ulloa, Aranda no sabía qué decir, no podía creer la noticia.

–Me da mucha pena darle esta noticia. ¿Qué no le había dicho nada su Ministerio Público?

–Nadie. Hasta ahorita, usted, maestra –dijo Aranda.

Lo primero que hizo fue marcarle a su esposo. “Llegó y empezamos a llorar. Él lloraba más porque decía que intuía algo, decía ´yo estuve excavando en ese cuadrante y a lo mejor yo fui quien recogió esa muela´”.

Consternados, la madre y el padre de Tania hicieron una cita con José Ángel Herrera, fiscal de personas desaparecidas en Coahuila. “Le dijimos que nos habían dado la noticia de que en el laboratorio dio positivo la muela de Tania y la quijada”.

Y le reclamaron por haber filtrado la información del hallazgo. Él respondió que no sabía absolutamente nada. Y, para avalar sus palabras, les mostró un documento.

“Mire lo que me acaba de llegar”. Era un dictamen con el nombre de Tania en el que se leía que, de una mandíbula, una muela, dos huesos largos, siete vértebras y cuatro piezas de cráneo enviados al laboratorio ADN México, la muela había dado positivo con Tania.

“Cuando nos enteramos que la directora (Mariana García Sosa) fue la que filtró la información, fui con mi licenciado y pusimos una queja ante el licenciado Herrera y ante la doctora de ADN (México)”, recuerda Georgina Aranda.

La queja se transformó en denuncia. Entonces, “vino la doctora Mariana a hablar con nosotros, a disculparse y a pedirnos que retiráramos la denuncia”.

La madre de Tania le respondió que no lo haría. “Sí, aceptamos las disculpas, pero no vamos a retirar la denuncia y no la vamos a retirar porque esto fue falta de ética. Usted no tenía por qué habérselo dicho a esta señora (Silvia Ortiz, del Grupo Vida). Nos hubiera citado como padres. Usted violó un protocolo; todos violaron el protocolo. Después de esto, ¿quién va a creer en su laboratorio?”.

La denuncia no ha sido retirada. “Se siente uno impotente porque se burlan de uno; no sabe uno de leyes, violan los protocolos”.

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Fecha: enero de 2018. Lugar: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El sexenio de Enrique Peña Nieto finalizaba y la estela de desapariciones poblaba todo el territorio. Habían pasado casi seis años desde que asumió el poder y el entonces presidente apenas reaccionaba.

La presión social y política por el creciente y elevado número de personas desaparecidas (más de 37 mil en ese momento) lo llevó a tratar de capotear el problema. Ordenó crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBP). El designado para dirigirla fue Roberto Cabrera Alfaro, quien empezó a desempeñar sus funciones desde el 18 de enero de 2018, pero oficialmente tomó protesta del cargo el 7 de marzo de ese año.

Cercano a Renato Sales desde que éste había sido subprocurador de la PGR en 2013, cuando éste fue designado titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Cabrera Alfaro se hizo cargo de la Dirección General Adjunta de la Coordinación Nacional Antisecuestro en 2014 y 2015.

Fungió también como coordinador general de Estrategias del Sistema de Seguridad Pública de la CNS, desde donde, de acuerdo con el mismo Cabrera Alfaro, se encargaba del desarrollo de la Estrategia de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas.

Y desde ese momento hizo contacto con el laboratorio ADN México. En la CNS buscaban generar bases de datos confiables “que nos pudieran garantizar la efectividad en los análisis, no solamente de genética, sino también en los nombres de las personas desaparecidas, las huellas, las fotografías; el tema de genética era uno más. Ahí tenemos el primer acercamiento con la empresa ADN”, cuenta Cabrera en entrevista con los autores de esta investigación.

El “acercamiento” al que se refiere Cabrera Alfaro desembocó en lo que el subsecretario Alejandro Encinas denunció como una entrega ilegal de los datos de decenas de miles de personas desaparecidas a una empresa privada. 

Cuando Cabrera Alfaro tomó la dirección de la CNB se propuso, explica, continuar la tarea de construir bases de datos confiables que contribuyeran a aliviar la severidad de la crisis de identificación de personas desaparecidas.

Armó convenios con instituciones federales como la CNS, la PGR y la Policía Federal para que “me compartieran ciertas bases de datos, mismas que se incorporaron a la CNB”, además de que hizo solicitudes a los laboratorios de cada autoridad estatal para que les entregaran una copia de los datos genéticos que estaban a su resguardo. 

En la medida en que fue recabando esa información se agudizaron los poblemas para tratar de estandarizar los datos y que resultaran funcionales.

México no cuenta con una base funcional de datos genéticos nacional que pueda hacer un cruce de información entre todos los estados. Esto es, si los familiares de alguna persona desaparecida quieren buscar en diferentes estados a sus seres queridos, deben acudir a cada entidad y realizarse una muestra de ADN para ver si se encuentran en los servicios forenses locales.

El sistema de ADN México, continúa el exfuncionario, permitía hacer una ingesta masiva de datos y realizar un proceso de depuración para detectar errores en los perfiles genéticos. Por ello, se solicitó al laboratorio ADN México hacer un proceso de evaluación.

“Era hacer la evaluación del sistema, pero a la vez que pudiera arrojar algún resultado que nos pudiera ayudar (…). Le compartimos los perfiles genéticos sin datos personales. Lo único que compartimos fue la información del perfil  para que pudieran hacer cruces y confrontas con nuestras bases de datos”, argumenta Cabrera Alfaro.

Cabrera Alfaro dice que nunca se otorgó ningún contrato a ADN México y da su versión de cómo ocurrieron las cosas: “Además de que no teníamos presupuesto, la comisión como tal no podía contratar. Lo que hicimos fue firmar un convenio de confidencialidad para evaluar este sistema (de ADN México), donde les compartimos cierta información, que son los marcadores de los perfiles genéticos, sin datos personales”.

Una y otra vez, el exfuncionario insiste en que él siempre se apegó al marco jurídico y no violó ninguna ley ni cometió delito alguno en sus tratos con ADN México. “Les proporcionamos información para que realizaran ciertas acciones. Si ellos hacen, venden, compran, rentan, hacen o deshacen con esta información, hay responsabilidad previa, pero sale de mi campo de acción. Yo no trabajo ahí, yo no conozco qué están haciendo con esa base de datos”.

A pesar de lo que dice, Cabrera Alfaro hoy es investigado. Su nombre brinca una y otra vez en la carpeta de investigación con folio FED/FECC/UNAI-CDMX/0000391/2019.

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Fecha: Febrero de 2018. Hecho: entregan perfiles a ADN México. Menos de un mes después de haber sido nombrado como titular de la CNBP, Cabrera Alfaro firmó un acuerdo con ADN México, del cual este equipo de periodistas tiene una copia.

Fechado el 15 de febrero de 2018 y dirigido a Mariana García Sosa, consta de apenas dos párrafos, en los que se hace entrega total y sin restricciones de la base entera de datos genéticos: 

“Por este conducto, con la autoridad que mi cargo me permite como titular de la Comisión Nacional para Búsqueda de Personas, me permito solicitarle que los perfiles genéticos que hemos obtenido de una recolección nacional, a través de un protocolo de solicitud a los laboratorios de cada autoridad estatal e instituciones de ámbito federal, sean concentrados, resguardados y renombrados, con número o código identificador de esta institución, en una base de datos confidencial de características iguales a las que usa y comercializa el laboratorio ADN México, de la empresa Central ADN SA de CV”.

Y aprovecha para autorizar a dos de las funcionarias del laboratorio privado a que usen y manejen sin restricción alguna los perfiles genéticos en poder de la CNBP: 

“Por este mismo conducto, autorizo a la Lic. Mariana García Sosa, directora forense y a la maestra en biología molecular Lidia Heredia Melo, jefa de tecnología en ADN, ambas dentro de la empresa Central ADN SA de CV, para el manejo, búsquedas, confrontas, estadísticas y manejos especializado de los perfiles genéticos entregados por la CNB”.

Con este documento, el exfuncionario “validaba” la entrega de información a Mariana García Sosa y a Heredia Melo, eximiéndolas de responsabilidad o delito en la recolección y manejo de datos de los perfiles genéticos proporcionados.

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Fecha: primer semestre 2018. Hecho: la base es presuntamente trasladada a España. Mientras la Fiscalía General de la República llama a testigos y hace sus investigaciones, una copia de la base de datos genéticos de los 39 mil desaparecidos en México ya ha emigrado.

El laboratorio que la tenía en su poder la envió por algún medio a España, de acuerdo con el testimonio de Silvia Ortiz, integrante de Grupo Vida, uno de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila.

Ella lo sabe directamente porque Mariana García Sosa se lo dijo en 2018. Se encontraron en la Ciudad de México y la representante de ADN México le contó lo siguiente, recuerda Silvia Ortiz en entrevista con los autores de esta investigación:

“Mariana me dijo: ‘yo tengo la base de datos. Roberto (Cabrera) me la dio. Bueno, yo también le pedí a Martha (Acela Valdez) que me diera lo que tenía. Yo tengo todo eso, lo tengo en mi poder. Y me pidieron que lo respaldara, pero yo no lo puedo tener aquí, no puedo. Yo necesito hacer algo y lo voy a mandar a España”.

Poco tiempo después, hablaron de nuevo y Mariana García Sosa le confirmó: “Ya lo mandé a España”. Silvia le preguntó por qué lo había hecho y le subrayó que la base de datos debía estar en México, a lo que la representante del laboratorio privado le respondió: “No, las autoridades de aquí no son confiables. Por eso lo mandé allá”.

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Fecha: abril de 2019. Hecho: ADN México desea regresar los perfiles. Es una simple hoja, pero en ella destacan dos nombres. En lo alto de la página, el de “Karla Irasema Quintana Osuna”. En la parte inferior, el de “Mariana García Sosa”.

El primero es el de la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El segundo es el de la directora de Genética Forense y directora comercial de la empresa ADN México.

Fechado el 2 de abril del 2019, el documento tiene un propósito clave, según se lee en él: devolver los “perfiles genéticos con su respectivo identificador y metadatos” que el anterior titular le entregó en “forma oficial” al laboratorio privado.

Mariana García Sosa le comunica a Karla Quintana que desea transparentar que ADN México tiene esa información y le hace explicíto que los datos provienen de las bases de “distintas fuentes tanto federales como estatales”, entre las cuales se encuentran “la Fiscalía General de la República, la Policía Federal y laboratorios de entidades estatales”. 

Aunque en la carta nunca se menciona el número de perfiles genéticos que tiene su su poder, sí detalla que se encuentran en archivos en formato Excel y PDF.

El punto central de la comunicación se encuentra en el cuarto párrafo: “Siendo usted la actual Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, y al no contar por nuestra parte con su autorización para seguir resguardando los perfiles genéticos, nos gustaría hacerle entrega de la información de manera personal”.

Por razones que se leerán líneas abajo, eso no ocurrió.

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Fecha: marzo de 2020. Hecho: Mariana García declara como testigo. Lugar: sede de la FGR. Un par de años después de haber recibido ese documento, Mariana García Sosa asistió a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La habían citado en calidad de testigo para que declarara lo que supiera en torno a la base de datos genéticos que le había sido entregada por el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

No le eran desconocidas las oficinas ubicadas en la Glorieta de Insurgentes. Unos meses antes había acudido a presentar de manera voluntaria un escrito en el que declaraba sobre el mismo tema.

Ese mediodía del viernes 20 de marzo de 2020 llegó y ante la fiscal Beatriz Flores Reséndiz se prestó a hacer, entre otras, las siguientes declaraciones, una copia de las cuales tiene Quinto Elemento Lab:                                                          

Que de la oficina de Renato Sales, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, contactaron a ADN México en febrero de 2017 pues habían investigado que “contábamos con estándares internacionales en genética forense” y que tuvo cuatro reuniones con Roberto Cabrera Alfaro, en las cuales hablaron de la plataforma empleada por la empresa y de cómo se podía elaborar y alimentar una base de datos de perfiles genéticos.

Que en una de esas reuniones, los especialistas de ADN México le mostraron a Cabrera Alfaro cómo podía obtener información genética de las prendas personales de las personas o de sus familiares y que éste les dijo que la CNS estaba “buscando resguardar y concentrar los perfiles genéticos para ver si había forma de localizar personas desaparecidas”. 

Que en la quinta reunión, realizada en mayo de 2017, les pidió su colaboración para “resguardar los perfiles genéticos (proporcionados por diferentes instituciones)” que ellos iban a conservar y que en ese momento quería “entregar la primera carga de perfiles”.

Que ella le comentó que los perfiles “no debían contener datos biográficos, sino sólo un número identificador” y que el 31 de mayo les entregaron una memoria con perfiles genéticos sin datos biográficos.

Que en febrero de 2018, cuando Cabrera Alfaro fue designado titular de la CNBP, le extendió una nueva carta para poder tener los perfiles genéticos y que poco después les entregó nuevamente perfiles genéticos a través de una usb, “misma que cargamos a nuestro sistema”.

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Fecha: diciembre de 2020. Hecho: Mariana Garcia amplía su declaración: Lugar: sede de la FGR. Casi nueve meses después de que acudió en calidad de testigo, Mariana García Sosa fue citada otra vez en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

El 11 de diciembre de 2020 se presentó de nuevo. Hizo algunas precisiones a su primera declaración, en la que ya había expresado que ADN México había intentado entregar los perfiles genéticos a funcionarios del actual gobierno hasta en tres ocasiones, dos a Karla Quintana y una a Alejandro Encinas, sin haberlo conseguido.

Según la versión de García Sosa, en noviembre 2018 se enteró de que Encinas había visitado las oficinas de la CNBP y que, posteriormente, supo a través de “diversos familiares que en la visita el doctor Encinas se percató de que en la comisión no se cuenta con nada referente a perfiles genéticos”.

Decidió buscarlo y el 26 de noviembre de 2018 se entrevistó con él. “Le manifesté que tenía las cartas firmadas por Roberto Cabrera, mediante las cuales le dio a la empresa Central ADN SA de CV perfiles genéticos y la autorización de su resguardo, mencionándole que sí existía material de perfil genético y que era nuestro deseo entregarlos de manera oficial, a lo cual mencionó que se vería la manera de hacer la entrega de manera legal”.

Luego de ese encuentro, según contó con detalle a la fiscal que la entrevistó, ya no supo más de él. Tiempo después, cuando se hizo público el nombramiento de Karla Quintana como titular de la CNBP, pidió una cita para ponerla al tanto de la situación que había relatado ya a Encinas.

Tras varias gestiones, se entrevistó con varios funcionarios encabezados por Karla Quintana, quien le aseguró que le recibirían los perfiles, pero que lo tendrían que hacerse ante la FGR “para dar legalidad a la entrega”.

“Después de eso, ya no tuve reuniones con la titular de la CNBP”. Luego se daría cuenta de que la institución ya había iniciado un proceso penal, por lo que decidió esperar a que “me solicitaran la devolución de los perfiles”.

Pero como no lo hicieron, contó que los directivos y accionistas de la empresa decidieron colocar toda la información genética que habían recibido en una usb que posteriormente fue triturada. Según ADN Mexico, esa USB se encuentra en poder de la FGR como evidencia del caso.

En medio de su relato a la fiscal, Mariana García soltó dos datos clave: 

1.- En 2018 se contaba aproximadamente con más de 49 mil perfiles entregados a ADN México por Roberto Cabrera, quien, según la versión de Mariana García, les solicitó vía telefónica “realizar las confrontas o búsqueda masiva con toda la información que ya había proporcionado”.

2.- Una vez hechas las confrontas o búsquedas masivas, se tuvo un sorprendente resultado: “más de 11 mil probables positivos”, uno de cada cinco, de lo cual Roberto Cabrera fue informado “de manera verbal”, pero resultados “que nunca le entregamos a Roberto Cabrera o alguna autoridad”. No explicó por qué no lo hizo.

(En entrevista para esta investigación, Roberto Cabrera dijo que fueron mil).

Más de 11 mil probables positivos incluidos en los archivos que irregularmente ADN México se quedó. Más de 11 mil familias que, de haber sido notificadas, habrían recobrado un cuerpo, recuperado los restos de sus seres queridos y podrían haberlos sepultado, junto con la tristeza y la desesperación que provoca no saber nada de ellos y sentir que se encuentran sumidos en un limbo, en la nada.

* Este reportaje se realizó como parte de la convocatoria de Quinto Elemento Lab para apoyar proyectos de investigación periodística.

*Foto de portada: Toma de muestra de ADN a familiares de desaparecidos en Tetelcingo, Morelos. Foto: Germán Canseco/Procesofoto