Habitantes de los cinco estados por los que pasará el Tren Maya están preocupados porque aún se desconocen las afectaciones que sufrirán los terrenos cercanos o implicados en las obras. Hasta el momento se han promovido aproximadamente dos decenas de juicios de amparo en cuatro entidades, pero quizás las más activas son las que presentaron en Campeche el Colectivo Tres Barrios y pobladores de Candelaria contra eventuales desalojos forzosos de predios, eufemísticamente llamados “relocalización consensuada” por la autoridad federal. 

CAMPECHE, Cam.- En su derrotero por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el Tren Maya, obra emblemática del sexenio lopezobradorista, desplazará más de 3 mil familias asentadas sobre el derecho de vía, pero es en la capital campechana donde se resentirá el mayor impacto del proyecto, pues trastocará 52 vecindarios.

No obstante, dada la opacidad que envuelve el proyecto, aún se desconoce la magnitud de la afectación. A través del portal de transparencia se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el avalúo maestro para la compra o expropiación de predios en cada tramo del tren, pero esa información se reservó cinco años con la justificación de que su divulgación “representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y al interés social”.

Por lo pronto, unas 130 familias, que se agruparon en el Colectivo Tres Barrios, libran una lucha jurídica para defenderse del desalojo forzado, lo que tiene en suspenso el plan de terminar la obra antes que acabe el sexenio. Los afectados advierten que llevarán su batalla a instancias internacionales y denuncian presiones y amenazas de gente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que se tornan más frecuentes conforme se acortan los tiempos fijados para la conclusión de la obra.

“Están en proceso dos juicios de amparo por violaciones al derecho internacional a la vivienda en el marco del proyecto del Tren Maya; son contra el pretendido desalojo forzoso a las familias que habitan en los costados de la vía”, explica Kalycho Escoffié, abogada de los demandantes, quien litiga dos juicios similares en la cabecera municipal de Candelaria, en el sur del estado.

En tres de esas demandas se dictó la suspensión definitiva del proceso de relocalización consensuada hasta que finalicen los juicios, lo que frenó el proceso de negociación de las indemnizaciones e indirectamente trabó las obras en ese sector. En la cuarta, la suspensión aún es temporal.

La abogada, especialista en derecho a la vivienda, explica que los juzgados de distrito otorgaron la suspensión para efectos de que no se puedan realizar entrevistas, visitas, inspecciones ni otro tipo de actividades que requieran el gobierno federal, Fonatur u ONU-Habitat como parte de la primera etapa del proceso de relocalización consensuada, y abunda: “Es una suspensión judicial contra el proceso de relocalización consensuada, pero tiene como efecto colateral que tampoco han podido hacer obras en esta zona”.

Sólo en esos tres barrios de Campeche (Camino Real, Ermita y Santa Lucía) son aproximadamente 300 los predios afectados, en cuyo interior en muchos casos hay más de un hogar, pero no se sabe cuántos más estarían en la misma situación en el municipio, donde además de 52 colonias de la capital, el proyecto impactará a cuatro poblaciones: Ruiz Cortines, Tixmucuy, Chiná y Kobén. La longitud de la vía que cruza la ciudad es de unos 15 kilómetros. En Chiná también hay inconformidad, pero se queda en protestas. 

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2333 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.