CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Mientras el discurso del gobierno canadiense insiste en la defensa de los derechos humanos, sus empresas, inversiones, turismo y diplomacia contradicen esta narrativa, al actuar como el principal soporte del sistema cubano.    

Un informe titulado “El continuo apoyo de Canadá al régimen totalitario de Cuba”, elaborado por Consorcio Justicia y difundido por Prisoners Defenders, revela que Canadá ha optado por una política de "normalización" del statu quo en la isla, priorizando los dividendos económicos sobre la libertad de un pueblo que se hunde entre apagones y la parálisis comercial.

En foros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno del primer ministro Mark Carney, suele presentarse como un aliado de la libertad de asociación y los derechos civiles. Sin embargo, detrás del progresismo diplomático se esconden esquemas de trabajo forzado e irregularidades que van en contra de los principios democráticos que Ottawa dice defender. 

Canadá es más que un observador neutral; es el segundo mayor inversor directo en la isla y su principal emisor de turistas, con flujos que alcanzan el millón de visitantes anuales, de acuerdo con el documento.  

Esta relación, mantenida de forma ininterrumpida desde 1945, ha permitido que Ottawa actúe con una "aceptación de Cuba tal y como es", validando los relatos oficiales del régimen sobre supuestos logros en salud y educación -lo que el informe califica como un "mito generalizado"- mientras ignora la represión sistemática de los derechos humanos. 

Minería, tabaco y explotación 

Una de las críticas más fuertes recae sobre la posible complicidad del sector empresarial canadiense en violaciones laborales. El informe destaca el caso de la minería, donde gigantes como Sherritt International operan en empresas conjuntas con el Estado cubano. Bajo el marco del artículo 176 del Código Penal cubano, el personal de la isla contratado para estos proyectos es sometido a un régimen coercitivo. 

Los trabajadores cubanos en Canadá, a pesar de generar ingresos de mercado cercanos a los 100 mil dólares canadienses, son obligados a transferir entre el 80% y el 90% de su salario a cuentas del gobierno cubano. Esta práctica, realizada bajo la amenaza constante de repatriación y castigos penales, ha sido denunciada por la ONU y el Parlamento Europeo como una forma de trabajo forzoso y esclavitud moderna.  

Además se reporta que estos empleados son forzados a participar en reuniones políticas en territorio canadiense, lo que plantea graves cuestionamientos sobre la diligencia debida de las autoridades laborales, fiscales y de inmigración de Canadá. 

“No hay pruebas de que las empresas tengan conocimiento de ninguna de estas medidas adoptadas por el gobierno cubano, pero es imprescindible llevar a cabo una investigación exhaustiva y seria al respecto”, subrayó Consorcio Justicia. 

En cuanto a la industria del tabaco, Canadá importa millones de puros cubanos anualmente -por un valor superior a los 7 millones de dólares-, a pesar de las pruebas que vinculan la producción de marcas como Cohiba con el trabajo forzoso en prisiones.  

El informe identifica al menos siete centros penitenciarios, como el de Quivicán, donde los reclusos son obligados a fabricar habanos bajo coacción y violencia, recibiendo un salario simbólico de apenas 7.32 dólares estadunidenses al mes por jornadas extremas. Consorcio Justicia sostiene que la producción en estas cárceles podría representar más de 11 millones de puros al año, triplicando el volumen total de las importaciones canadienses en 2024. 

La supervivencia del totalitarismo cubano también se debe al rol de Canadá como mediador y contrapeso a las sanciones de Estados Unidos. El informe critica que Ottawa organice conversaciones secretas y actúe como interlocutor a petición del régimen, otorgando una legitimidad diplomática que La Habana utiliza para ganar tiempo en momentos de crisis. 

Además, el gobierno federal destina fondos de cooperación a entidades controladas directamente por el Estado, como la Contraloría General de la República y la Federación de Mujeres de Cuba, fortaleciendo las estructuras del régimen en lugar de apoyar a la sociedad civil independiente.  

México, otro socio solidario  

En el abanico de apoyo externo, México aparece como otro pilar fundamental. Al igual que Canadá, México nunca rompió relaciones con la isla tras la revolución de 1959. Hoy, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, esa "tradición solidaria" se ha traducido en un apoyo vital ante el endurecimiento del cerco petrolero impuesto por el mandatario estadunidense Donald Trump. 

México ha concretado envíos masivos de ayuda humanitaria, sumando más de 3 mil 100 toneladas de bienes básicos como arroz y frijol enviados en buques de la Secretaría de Marina. Aunque Sheinbaum detuvo los envíos directos de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para evitar aranceles estadunidenses, ha confirmado que empresas privadas, incluyendo cadenas hoteleras en Cuba, han buscado a la paraestatal mexicana para comprar combustible y mantener sus operaciones en medio del colapso energético. 

Asimismo, la presidenta mexicana ha defendido el acuerdo para emplear a cientos de médicos cubanos en el sistema de salud pública, a pesar de que Washington califica estas misiones como "trata de personas" y "trabajo forzado". Para Sheinbaum, se trata de una ayuda mutua necesaria para cubrir zonas rurales donde no hay especialistas. 

La crisis en Cuba no es reciente, sino resultado de décadas de dependencia externa iniciada en la Guerra Fría. Tras la Crisis de los Misiles de 1962, el país pasó de los subsidios soviéticos al petróleo venezolano y hoy a apoyos de otros aliados clave. 

Actualmente el sistema eléctrico colapsa por falta de inversión y escasez de combustible, agravada por la interrupción del suministro venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. La llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 730 mil barriles de crudo, es descrita por expertos -citados por BBC-, como un "efímero parche" que apenas dará unos días de respiro a una población exhausta por apagones de más de 16 horas. 

Por otro lado, Consorcio Justicia concluye que Canadá posee una influencia económica y diplomática única en el hemisferio que podría ser utilizada para presionar por cambios democráticos sustanciales. Sin embargo, Ottawa ha preferido la comodidad de la "normalización" de la situación cubana, validando un sistema que explota a sus propios ciudadanos para mantener flujos comerciales. 

En este contexto, el informe advierte que la continuidad de estas relaciones no sólo perpetúa la crisis interna de la isla, sino que también erosiona la credibilidad internacional de quienes, como Canadá, se presentan como defensores de los derechos humanos. Lejos de ser un actor pasivo, Ottawa aparece como un factor clave en la supervivencia de un sistema que restringe libertades fundamentales, dejando en evidencia la brecha entre su discurso y sus acciones.

Mientras tanto, para millones de cubanos, la espera de un cambio real sigue marcada por la incertidumbre, en un escenario donde los aliados externos del régimen parecen inclinar la balanza no hacia la democracia, sino hacia la continuidad del poder.