CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de ejidos de Campeche reiteraron sus denuncias contra las extorsiones y violaciones a derechos humanos perpetrados por la empresa Barrientos y Asociados (ByA), a la que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) adjudicó directamente un contrato de 62 millones de pesos en 2019 para conseguir el derecho de vía del Tren Maya.

Agrupados en Ejidos Unidos en Defensa del Territorio y acompañados por organizaciones como Serapaz e Indignación, los representantes denunciaron, por ejemplo, que ByA, una empresa basada entre Morelos y Oaxaca, hizo firmar actas fraudulentas a través de las cuales quitó dinero de la compra de terrenos --a veces con amenazas--, sin entregar información a todos los ejidos.

Al menos dos representantes ejidales denunciaron que fueron amenazados a punta de pistola por empleados o personas identificadas con Barrientos y Asociados–o con un despacho que ByA contrató--, para que les entregara parte del dinero de la venta de los terrenos; ello provocó graves disensiones entre los demás ejidatarios, quienes acusan a sus representantes de haber robado estos recursos.

“Son diferentes momentos, diferentes comisariados ejidales; son varios millones, van desde los cinco, siete, diez, no sabemos ahorita con exactitud cuánto es y tampoco cuántos metros cuadrados le pagaron en negociación, porque esta etapa de negociación nunca se vivió”, se quejó la abogada Leticia Cruz Ortegón.

Ejidatarios de Don Samuel, Miguel Alemán, Haro, Escárcega, División del Norte y Candelaria, en el estado de Campeche, describieron un modus operandi de ByA: un empleado levantó actas de asambleas, sin la presencia de una autoridad agraria; entregaba cheques a una sola persona del ejido, y a veces le sustraía una parte en efectivo.

“En cambio, el representante de ByA pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa”, acusaron.

Las comunidades indicaron que interpusieron denuncias contra la empresa ante la Fiscalía de Campeche y la Fiscalía General de la República (FGR), pero lamentaron que “hasta el día de hoy seguimos sin recibir información sobre el avance de las investigaciones y sobre el estado de nuestras denuncias”.

“Todas las comunidades buscan que se haga un pago justo, con la cantidad de metros cuadrados que a cada comunidad les está afectando. Un pago justo: hay a quienes les pagaron 4 pesos, a quienes les pagaron 17, el asunto es que nunca hubo asambleas, nunca estuvo la Procuraduría (Agraria), nunca hubo un asesor por parte de los ejidos; nunca hubo nada”, lamentó Juan Ortegón Balán, presidente del ejido de Miguel Colorado.

“Fui extorsionada y amenazada por la empresa ByA”, sostuvo Lilia Hernández Vázquez, comisaria ejidal en Don Samuel, Escárcega. “No estamos contra el proyecto”, precisó la mujer, en referencia al Tren Maya, y abundó: “Lo que estamos inconformes es con la gente que nos están poniendo; gente que llega de otro lado y que no sabemos quiénes son”. 

“Los comisariados fueron presionados para firmar convenios, contratos, que revisados por asesores que ya tenemos, nos dimos cuenta que tienen mucho dolo, tienen vicios”, lamentó la mujer, y añadió que “las instancias que debían haber estado, como Fonatur o la Procuraduría Agraria, no estuvieron; nos dicen ahora que es por el covid-19, pero la empresa sí estuvo aquí, cometió actos ilícitos contra varias autoridades y varios ejidos”.

E insistió: “Yo lo que pido es justicia y la devolución de todos los recursos que se llevaron a todos los ejidos, no nada más al de Don Samuel. Si ellos lo pudieron sacar, quiere decir que pertenece al ejido. Le pertenece al ejido, ¡Que nos lo regrese!”.

María Elena Hernández Hernández, representante del ejido Don Samuel, quien también denunció los “actos de corrupción, extorsión, engaño y fraude” de ByA, explicó que la empresa “se gana la confianza de los pueblos, presume subir el valor de la indemnización, que no es indemnización del pasado sino de la expropiación. Deposita a cuentas señaladas por la empresa y después inculpa a los comisariados”.

Delfino Gallego Martínez, presidente del consejo de vigilancia del ejido División del Norte, afirmó que los representantes de ByA se llevaron la información sobre las parcelas y tiempo después entregaron un cheque sin informar a los ejidatarios sobre el precio pagado por metro cuadrado. “Nos quieren comer vivos”, lamentó el hombre.

“Queremos denunciar que las autoridades han sido víctimas, reitero, de engaño, maltrato psicológico, tortura ante las firmas de los convenios. Pedimos al presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga y se transparente el proyecto, el proceso, y que se garantice la integridad física y psicológica de los integrantes de las autoridades, protección a sus familias y a las comunidades”, subrayó.

Aparte, los ejidatarios denunciaron que las comunidades que colindan con el Tren Maya siguen sin tener información sobre los impactos del megaproyecto en la región, particularmente en materia ambiental.