CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) había estimado que se debía desechar la propuesta del consorcio al que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) finalmente otorgó el contrato de 36 mil 563 millones de pesos para la compra de 42 trenes que operarán en la ruta del Tren Maya, según informó hoy el diario Reforma.

Este miércoles, el Fonatur mandó un comunicado en el cual informó sobre el fallo de la licitación multimillonaria, y afirmó que “el procedimiento de contratación ha sido desarrollado bajo el acompañamiento de la UNOPS”, sin embargo, en el acta del fallo, publicada en la plataforma Compranet, no aparece la firma de ningún representante de la agencia de la ONU, lo que evidencia la ausencia de su respaldo.

Según la nota publicada por Reforma, la UNOPS mandó un oficio al Fonatur el pasado 12 de mayo, en el cual aseveró que el consorcio integrado por la francesa Alstom, la canadiense Bombardier, la española Construcciones Urales y la mexicana Gami Ingeniería omitió presentar el convenio de proposición, lo que “cae en el supuesto de la causal de desechamiento".

De acuerdo con el oficio citado –y cuya veracidad fue reconocida por Fonatur--, el convenio de proposición contiene la descripción de las tareas que cada integrante del consorcio realizará, así como el porcentaje de participación de cada miembro en el consorcio.

No es la primera vez que el gobierno federal otorga un contrato a pesar de la opinión contraria de la UNOPS. En el contrato para la emisión de pasaportes, por ejemplo, un informe preliminar elaborado por un equipo técnico de la UNOPS, el cual desechaba la propuesta técnica del consorcio encabezado por las empresas Thales y El Corte Inglés; sin embargo, la Cancillería y la propia agencia de la ONU hicieron caso omiso al documento y otorgaron el contrato multimillonario a ese consorcio.

En la administración actual, la UNOPS también desempeñó un papel polémico en la compra consolidada de medicamentos en nombre de la Secretaría de Salud, pues los procesos tuvieron retrasos de más de seis meses y agravaron el desabasto de medicinas en el sector de la salud pública en varios estados del país.