Un plan ideado en las oficinas de Gabriel García, quien fuera poderoso coordinador de “superdelegados” de la Presidencia, desembocó en un intento de ceder a un particular, Alejandro del Valle, la operación de los programas sociales federales. Se trata del proyecto de los Centros Integradores de Bienestar, para los cuales no existe presupuesto.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A finales de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó cinco días en su finca de Palenque. Ahí lo convencieron de visitar un Centro Integrador de Bienestar (CIB), una casa ubicada en la Séptima Avenida poniente, del barrio de Guadalupe, donde además de consultorio médico, farmacia, servicios educativos y acceso a los programas sociales insignia de la administración, había internet gratuito y un cajero automático del Banco del Bienestar.

Era uno de los 13 mil 500 que, conforme a lo planeado en la oficina de Gabriel García Hernández, entonces coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, se desplegaban por todo el país. El propio García Hernández informó que para el 27 de noviembre de aquel año ya había 11 mil de esos centros. En los hechos era una semiprivatización de la operación de programas sociales.

El proyecto de presencia territorial del gobierno lopezobradorista siguió un atropellado proceso. Para empezar, no estaba previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el Reglamento de la Secretaría del Bienestar ni en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual no fue incluido en el presupuesto.

Ante ello, hubo un primer intento de privatización, es decir, de entregar a un particular el contrato para instalar cajeros automáticos en las 13 mil 512 localidades e incluir la edificación de las instalaciones para alojar escritorios de atención de programas sociales y hasta 40 trámites; un consultorio médico, farmacia económica e internet público, entre otros servicios.

Conforme a lo dicho por el propio presidente el 3 de abril de 2019, contarían incluso con servicio de alimentación, hospedaje, actividades y talleres para estudiantes de comunidades pobres.

Dicho contrato, por 10 mil 800 millones de pesos, fue asignado a VivColmex, firma del empresario Alejandro del Valle, inicialmente asociado con el tabasqueño Carlos Cabal Peniche.

Los nombres relacionados con el plan cobraron relevancia en estos días por otros asuntos: Cabal Peniche obtuvo un amparo el pasado miércoles 7, unas 24 horas antes de que se liberara la orden de aprehensión por delitos fiscales contra Miguel Alemán Magnani, quien como los otros dos mencionados fue parte de una serie de operaciones poco ortodoxas relacionadas con Interjet, así como con la toma hostil del control de Radiópolis, la cadena de radiodifusoras que formaban Televisa Radio.

La implicación de Cabal Peniche en el contrato para instalar los CIB, vía los cajeros del Bienestar, fue expuesta el 3 de junio de 2020 por el columnista Darío Celis. El asunto llegó a la mañanera del 14 de junio, cuando López Obrador se desmarcó de cualquier relación con Cabal Peniche, productor bananero que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue beneficiario de la privatización de los bancos Cremi y Unión, los que luego quebró, acogiéndose al Fobaproa.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2332 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.