Ante la amenaza del presidente López Obrador de eliminar de tajo el outsourcing, los organismos empresariales –en particular la Coparmex y la Concamin– se dicen satisfechos con el acuerdo alcanzado con el gobierno federal, pues se mantuvieron dos modalidades de subcontratación –especializada y de servicios compartidos–, aunque, advierten, ello tendrá un “efecto lateral”: empujará a miles de trabajadores hacia la informalidad en un mercado laboral ya muy castigado por la pandemia del covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Finalmente, el árbol que representa el outsourcing –subcontratación–, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretendía arrancar de raíz y al que el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, pedía cortarle sólo los “frutos podridos”, terminó por generar mayor incertidumbre legal para las empresas.

Además, se materializa el peligro de dejar sin la sombra del empleo formal a miles de trabajadores en un mercado laboral muy castigado ya por la pandemia del covid-19.

El lunes 5, en una encerrona del presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete laboral con empresarios encabezados por Salazar Lomelín y el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, así como de representantes de las principales centrales obreras y los sindicatos más grandes del país, se firmó un acuerdo “histórico” en materia de subcontratación.

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Luisa María Alcalde Luján, los sectores pactaron la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.

También negociaron el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

De manera adicional se llegó a un acuerdo sobre el tema del reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto: con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

La dependencia que encabeza Alcalde Luján aseguró que con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento de 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

El acuerdo alcanzado en Palacio Nacional, que se integró al paquete de reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya fue aprobado sin cambios por la Cámara de Diputados con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones y ahora está en la cancha del Senado para su discusión, votación y visto bueno.

La reforma que regula a la subcontratación implica distorsiones; en el jaloneo el sector privado tuvo que ceder ante el gobierno, llevando a su paso efectos colaterales en el empleo formal.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2320 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.