Derechos Humanos
Un año negro de violencia envolvente
La pandemia puso en evidencia la ausencia de políticas públicas para dar respuesta a los grupos sociales más vulnerables, advierten defensores de derechos de mujeres, niños, presos e indígenas.
Bastó un año de pandemia para evidenciar la ausencia de políticas públicas para atender las demandas de infantes, mujeres, comunidades originarias y población privada de la libertad. En este contexto se exacerba también la violencia, según revelan las estadísticas del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que corroboran los activistas y organizaciones civiles encargados de documentar esta evidente crisis de los derechos humanos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A un año de los primeros casos de covid-19 en México, la crisis de derechos humanos se acentuó. La pandemia puso en evidencia la ausencia de políticas públicas para dar respuesta a los grupos sociales más vulnerables, advierten defensores de derechos de mujeres, niños, presos e indígenas.
Entrevistados por separado, consideran que no se vislumbran cambios en la materia ni voluntad política para solventar esta crisis que ya bordea los 180 mil fallecimientos por coronavirus.
Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), formada por 69 espacios de protección en el país para mujeres y sus hijos, advierte: “El covid-19 ha evidenciado que México no está preparado para atender la violencia contra las mujeres, que es histórica y que el covid-19 no generó, sólo vino a evidenciar las desigualdades y discriminaciones y a hacer visible que hay una deuda histórica con las mujeres, que son más de 52% de la población”.
En 2020, destaca, la RNR atendió a 46 mil 514 personas, cifra que representa 39% más que la correspondiente a 2019. Y agrega: es sólo “una pincelada de lo que sucede en nuestro país, pues hay un subregistro de datos, porque no se les cree a las autoridades por la forma en que se tipifican los feminicidios; los homicidios dolosos o entre las mujeres indígenas se consideran suicidios”.
De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a diciembre de 2020 se abrieron 3 mil 723 carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres, de las cuales 940 fueron tipificadas como feminicidios, manteniéndose la tendencia de un año previo, en el que se registraron 3 mil 810 asesinatos de mujeres, 942 de ellos clasificados como feminicidios.
El informe del SESNSP evidencia que las agresiones contra las mujeres no cambiaron con el confinamiento; por el contrario, se abrieron 4.7% más investigaciones por violencia familiar pese a las restricciones por la pandemia en agencias del Ministerio Público. Mientras en 2019 se integraron 210 mil 158 carpetas, en 2020 fueron 220 mil 28.
En violencia de género, el aumento de la apertura de carpetas fue mayor (27.4%), al pasar de 3 mil 180 a 4 mil 50; también se incrementaron los delitos contra la libertad y la seguridad sexual de 53 mil 358 a 54 mil 342. De esta última cifra destaca que 16 mil 543 fueron denuncias por violación.
A todo lo anterior se suma que en el año de la pandemia las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra mujeres en distintas modalidades aumentaron de 197 mil 693 registros a 260 mil 67.
