CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que aunque la política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador expresa la ambición de lograr un “sistema de bienestar universal”, ésta se enfoca principalmente “en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos”.

En su informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020, presentado hoy por José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, el organismo señaló que, al igual que algunas de sus antecesoras, la administración actual pretende abandonar los programas y acciones focalizadas y en su lugar implementar un “sistema de bienestar universal” mediante la implementación de los llamados Programas Integrales de Bienestar que acompañen a las personas a lo largo de toda su vida y garanticen su acceso a los derechos, con especial énfasis en los sectores “más indefensos”.

Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, investigadora y académica de Coneval, celebró la intención de eliminar los intermediarios en la aplicación de los programas sociales y adoptar una estrategia de enfoque territorial, pero subrayó que “todavía tiene mucho que construir en relación a los mecanismos específicos de coordinación, la construcción de sistemas de información confiables y transparentes”.

De hecho, el organismo autónomo expuso que, a pesar de que el gobierno federal pretende desaparecer los intermediarios en la entrega de recursos, también “se encontró evidencia sobre el uso de los Centros Integradores de Desarrollo (CID) para la entrega de los apoyos”.

Entre los hallazgos del Coneval destacó la escasa claridad con la que opera y se coordina la estructura de operación de los programas sociales implementada por López Obrador, la cual se divide entre la Secretaría de Bienestar y la enorme estructura paralela dirigida por Gabriel García Hernández desde la Coordinación General de Programas para el Desarrollo (CPGD), quien tiene bajo a su mando a los llamados “superdelegados”, los “subdelegados” y las decenas de miles de “servidores de la nación”.

Respecto a estos últimos –muchos de los cuales formaban parte de las redes de Morena durante el proceso electoral de 2018--, el Coneval señaló que su presencia permitió llevar programas a habitantes de “zonas rurales de difícil acceso”, pero observó que a veces estos agentes no tenían conocimientos claves sobre la operación de los programas, por falta de capacitación.

Aparte, el organismo señaló que varias estrategias no contemplaban una cobertura integral, ni tampoco apoyos monetarios suficientes para atender las necesidades específicas de los grupos; señaló por ejemplo que el programa Jóvenes Construyendo El Futuro contempla un apoyo durante 12 meses, pero “carece de mecanismos para garantizar que la capacitación de los beneficiarios sea adecuada o suficiente para mejorar sus condiciones de empleabilidad”.

Criticó la falta de calendarios de pago para unos programas –como las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez-- y resaltó que “es fundamental garantizar la calidad de estos servicios para generar una cultura de confianza y proximidad”.

De manera general, el Coneval analizó la estrategia del gobierno federal que consiste en concentrar sus esfuerzos en las llamadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), donde se encuentran los mil 100 municipios con alto nivel de marginación, los 623 municipios con mayores proporciones de personas indígenas y las regiones más violentas del país.

El organismo discutió estas variables, pues señaló que dentro de los municipios de mayor marginación existen “importantes heterogeneidades” en la población y que el índice de marginación no permite “evaluar cambios a través del tiempo”, e insistió en que los niveles de violencia –que el gobierno federal mide en gran parte por los robos de auto-- no están asociados con la pobreza.

Según el informe y los comentarios de quiénes lo presentaron, falta mucho para revertir las profundas discriminaciones estructurales que caracterizan el sistema social en México, y que podrían agravarse con la pandemia.

La exclusión estructural de las mujeres al mercado laboral genera que gastan 2.5 veces más horas al día en trabajos domésticos y al cuidado de otras personas, con 50 horas dedicadas al trabajado no remunerado, en promedio; aparte, a empleo igual, las mujeres siguen ingresando un monto 10% menor al de los varones. Todavía en 2018, el 14% de las mujeres no tenía acceso a los servicios de salud.

Aparte, el 70% de las personas indígenas de México vivía en situación de pobreza en 2018, y un tercio sufre pobreza extrema; ocho de cada diez seguía excluida del sistema de seguridad social y un 71.9% recibía un ingreso que no le permitía adquirir los escasos bienes de la canasta alimentaria.

Además de las dificultades para acceder a servicios especializados de salud y de enfrentar condiciones de vida a veces muy precarias, las personas con discapacidad y mayores, por su parte, padecían ciertas enfermedades de manera mucho más severa que el resto de la población, con tasas de diabetes de hasta 25%, que los hacen más vulnerables ante el covid-19.