CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, reconoció la prevalencia de ocho delitos relacionados con la deforestación en el país, entre ellos, el “lavado” de madera, los incendios provocados y la presencia de la delincuencia organizada.

Tras la publicación de la serie de reportajes titulada Depredadores del bosque, paisajes de la deforestación en México, elaborada por Proceso y Connectas, en la que se evidencia la omisión de las autoridades frente a la problemática de la deforestación descontrolada, la Semarnat dio a conocer –el martes 26 en conferencia de prensa– que este año implementó una estrategia coordinada entre autoridades forestales y fuerzas del orden público, y que la inició en seis entidades con mayor incidencia delictiva en ese sector: Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México y Chihuahua.

Albores detalló que de 196 ­millones de hectáreas en el país, 70% tiene vocación forestal. De 138 millones de hectáreas de superficie forestal con diferentes tipos de ecosistemas, el aprovechamiento legal es de 9 millones de metros cúbicos de madera en 13 mil 967 aserraderos o centros de alimentación y transformación.

El promedio de deforestación anual es de 212 mil 834 hectáreas, que sumadas entre 2011 y 2018 alcanzan el millón de hectáreas deforestadas, según estimaciones satelitales de la Comisión Nacional Forestal, agregó Albores González.

El problema forestal es mayúsculo: la Semarnat señaló 122 zonas críticas forestales en 28 estados. Esas zonas pueden comprender tres localidades o más, así como dos municipios. 

La funcionaria detalló que identificaron ocho delitos relacionados con el sector forestal. Cada entidad con zonas críticas forestales registra uno o más de esos ocho delitos, entre ellos tala clandestina; “lavado” de madera o “clonación” de permisos; extracción de madera sana, como el caso de La Malinche, donde hay un problema con la plaga del escarabajo descortezador, que detectaron la semana pasada, según la funcionaria, quien dijo que ya atienden el problema junto con el gobierno de Tlaxcala. 

Un cuarto delito es la sobreexplotación de recursos forestales, que consiste en el otorgamiento de permisos alterados; incumplimiento de programas de manejo; cambio de uso de suelo que se da por diferentes presiones, como el sector inmobiliario o para cuestiones agropecuarias o agrícolas. 

El séptimo delito mencionado es el problema de los incendios forestales provocados para ocupar los terrenos en proyectos inmobiliarios o agrícolas y, el último, la delincuencia organizada vinculada al problema de la tala clandestina.

Como estrategia para combatir la tala ilegal, Albores dio a conocer que, a partir de abril pasado, varias dependencias pusieron en marcha operativos para investigar, supervisar y vigilar el quehacer forestal, comenzando por seis de los estados que registran mayor incidencia delictiva: Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México y Chihuahua.

Las dependencias que participan en esa estrategia, además de las autoridades estatales y municipales, son del sector forestal, como la Profepa, la Conafor, el Consejo Nacional del Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y las de seguridad, como la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Sedena, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Albores destacó el caso de Campeche, donde han comenzado a combatir la tala ilegal, ya que de acuerdo con las estadísticas de la Conafor, es la entidad con mayor deforestación en el país: 2.2 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas, que incluyen selvas tropicales, humedales y reservas emblemáticas como Calakmul y Balam.

En aquella región detectaron asentamientos irregulares, degradación en zonas de manglares, crecimiento de la frontera agrícola, cultivos de palma de aceite y soya transgénica, prácticas alentadas en su mayoría por la comunidad menonita. En 1990 había un asentamiento menonita con 2 mil 907 habitantes y el año pasado registraron 14 comunidades con 30 mil habitantes en 25 mil hectáreas de la entidad. 

Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora federal de Protección al Ambiente, informó en rueda de prensa que han recibido denuncias por invasión contra empresarios mineros y agroindustriales, principalmente. Durante 2021 han realizado cuatro operativos forestales con la Guardia Nacional y la Sedena.

Las funcionarias mencionaron operativos en Chiapas, Puebla, Yucatán, Quintana Roo y Estado de México, así como de la clausura de seis proyectos mineros para extracción de minerales pétreos en Texcoco, entre otros.

En la rueda de prensa detallaron el modus operandi de los talamontes sicarios (Proceso 2331) y confirmaron la presencia de grupos delictivos en toda la cadena del procesamiento forestal en el país. 

Destacaron que en algunos lugares se trata de talamontes jóvenes que ganan alrededor de 800 pesos por corte y pueden derribar hasta 20 árboles en una jornada, por lo que resulta un negocio rentable también para ellos.

“La forma de operación es de diferentes formas: desde el manejo indebido de documentación forestal, lavado de madera, apoyo a taladores simpatizantes, el halconeo en las carreteras, seguimiento de vehículos irregulares, la transformación de la madera en aserraderos clandestinos que trabajan en horarios nocturnos, lavado de dinero con uso de documentación forestal. Por eso es importante la vigilancia y supervisión en territorio y de cuánto aprovechamiento tienen esos permisos”, destacó Albores.

Luego de culpar a los gobiernos neoliberales, Albores González resaltó los grupos de pobladores que se organizan para la resistencia y llamó a las comunidades a organizarse para abatir el problema: 

“Con el neoliberalismo, las comunidades y ejidos, se hizo una componenda de delincuencia organizada (…) Este año decidimos entrar en serio a la tala ilegal”, sostuvo la titular de Semarnat, quien aseveró que le apuestan al programa federal Sembrando Vida para la reforestación.   l

Texto publicado en el número 2348 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 31 de octubre de 2021.