El Parque Nacional La Malinche es uno de los pulmones más importantes del centro de México. Sin embargo, en los últimos dos años una cuarta parte de su cobertura forestal ha sido devastada. ¿La razón? El acelerado avance de la plaga de escarabajo descortezador y la tala indiscriminada que transcurre ante la mirada pasiva de las autoridades.

SANTA ANA CHIAUTEMPAN, Tlax.- A La Malinche las comunidades indígenas prefieren llamarla Matlalcuéyetl, que en náhuatl significa “la de faldas azules”. Es un volcán extinto que ahora aparece entreverado de rojo y ocre. 

Parece un paisaje otoñal, pero los matices evidencian la creciente muerte de pinos generada por la plaga de escarabajo descortezador que desde hace más de dos años devasta el Área Natural Protegida, uno de los principales pulmones del centro de México, ubicado entre los estados de Tlaxcala y Puebla. 

En esta zona, camino arriba de la comunidad de San Bartolomé ­Cuahuixmatlac, los lugareños muestran los grumos de resina que hay en los troncos, señal de la infestación; también indican los extensos claros donde sólo quedan tocones de los pinos que meses antes vestían de verde esos parajes. La plaga ha dañado unas 6 mil hectáreas, que representan más de 25% de la cobertura forestal que subsiste en el Parque Nacional La Malinche (PNM), estima Carlos Pacheco, ingeniero agrónomo del municipio de Coaxomulco.

Eliber Bello, bióloga de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, aclara que en realidad no es el escarabajo –habitante natural que ahora sobrepuebla la montaña– lo que mata los árboles, sino un hongo que porta en sus patas, lo que tapa los conductos de savia y acaba por secarlos en menos de dos meses. 

Sobrepoblación de escarabajos

Desde febrero de 2020 los habitantes de la zona le advirtieron a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que había una sobrepoblación del insecto en unas 300 hectáreas. Sin embargo, señala Carlos Pacheco, la tramitación de permisos para empezar a combatir al descortezador quedó estancada durante meses, porque las autoridades pidieron documentos, como comprobantes de predial y escrituras, que los posesionarios indígenas no tenían. 

Las primeras autorizaciones para sanear el lugar se expidieron en julio de 2020, cuando el insecto ya había devorado mil 500 hectáreas. Desde entonces, en conjunto con dependencias federales, la Coordinación Estatal de Ecología (CEE) de Tlaxcala puso en marcha una estrategia que consiste en el derribo, troceo, descortezado y fumigación de los árboles infestados. Para esas labores, las comunidades contratan empresas aserradoras que costean el saneamiento a cambio del derecho a comprar la madera fumigada y pagar por ese material sólo una diferencia, pues descuentan el costo de los trabajos.

Desde los primeros meses, los pobladores se dieron cuenta de que funcionarios y empresarios vieron en este “desastre” ecológico una oportunidad para hacer negocios, tanto con la compra de la madera extraída a bajo precio como con los permisos para talar áreas libres de plaga, señala Dulce Hernández, habitante de Cuahuixmatlac. 

Ante esto, las comunidades nombraron comités de vigilancia, la mayoría integrados por jóvenes profesionistas, y un total de 12 pueblos formaron la red Comunidades Unidas por la Defensa de la Matlalcuéyetl. En los primeros días de mayo pasado, uno de esos comités de vigilancia de la localidad de San Pedro Muñoztla bloqueó el paso de varios tráileres cargados con madera sana. 

La maestra Isabel Meléndez narra que los lugareños confrontaron a un empleado de la Conafor que autorizó talar cinco hectáreas del PNM con el argumento de que estaban contaminadas, aunque los pinos no tenían indicios de plaga y eran transportados en esos tráileres. “Fue un ecocidio –asegura la profesora–; estaban talando a plena luz del día un bosque sano, cuando había áreas donde el insecto se extendía y teníamos meses esperando los permisos para sanear”. 

Los pobladores exigieron la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El 7 de mayo pasado, cinco representantes de la comisión de vigilancia fueron citados por Arturo Zárate, delegado de la dependencia en Tlaxcala. En una denuncia que presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (folio 42158/2021/PPC/SEMARNAT/DE475) acusan que, al llegar a la dependencia, Zárate exigió que todos los asistentes apagaran sus celulares.

Añaden que el funcionario denostó la autoridad de la comisión que retuvo los tráileres con madera sana y amenazó con denunciarlos. El expediente fue turnado al órgano de control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual asegura que a la fecha está “en investigación”. Proceso solicitó una entrevista a Zárate, y personal de su oficina informó que se comunicaría, pero eso no ocurrió. 

El presidente de la comunidad de San Pedro Muñoztla, Gregorio Muñoz, y otros habitantes que participaron en el bloqueo de los tráileres fueron notificados de que tienen una averiguación abierta en la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Las autoridades federales conocen esta problemática. De hecho, en octubre de 2020 la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, acudió a esta entidad para instalar el Mando Unificado del Sistema de Comando de Incidentes para un manejo integral de la plaga, en conjunto con la Conafor, CEE, Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). 

La Semarnat ofreció escuchar a las comunidades, relata la promotora ambientalista Socorro Hernández; sin embargo nunca funcionó porque los pobladores pidieron informes sobre planes de trabajo y evaluaciones de resultados, lo que siguen sin obtener. 

Lo cierto es que en los últimos años la Conafor y la Conanp han sufrido recortes presupuestales de 50% y 75%, respectivamente. En Tlaxcala, cuenta la ambientalista, esto se traduce en que hay un solo empleado de la Conafor responsable de tramitar los permisos para sanear, que tardan tres a cuatro meses, cuando por ley tendrían que expedirse en 15 días. 

Por la misma razón, explica Pacheco, mientras los permisos para atacar al descortezador avanzaron a “paso de tortuga”, el escarabajo se reprodujo exponencialmente.

Aunque la Conafor diagnostica que el insecto ha atacado mil 600 hectáreas del PNM, Pacheco asegura que esa cifra no es real porque sólo incluye áreas notificadas para saneamiento. Sostiene que los pobladores estiman que el daño es de 6 mil hectáreas y que el dato refleja el rezago en la atención de la plaga. Bajo el cálculo de 400 coníferas por hectárea, expone que sólo el saneamiento de las mil 600 hectáreas ya tratadas implica la pérdida de unos 640 mil árboles; sanear las 6 mil hectáreas acabará con unos 2.4 millones de pinos. 

Mientras tanto, los pueblos que circundan la Matlalcuéyetl –hablantes de náhuatl y otomí– han trabajado por su cuenta para salvar la montaña, pues desde tiempos prehispánicos la consideran un lugar sagrado. Hernández cree que la participación coordinada entre habitantes y autoridades ayudaría ante la falta de personal y presupuesto que enfrentan las dependencias.

 Denuncias estancadas

En enero de este año, la Profepa abrió el expediente PFPA/35.7/2C.28.2/00001-20, con denuncias de los habitantes de San Pedro Tlalcuapan. Advierten que, en violación a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los pinos para derribo son marcados con pintura, en lugar de estar señalados por ingenieros agrónomos autorizados por la Conafor. “En el paraje conocido como La Mesa, que es uno de los bosques con árboles más grandes, encontramos árboles marcados y árboles derribados que no tenían plaga, ya que no tenían ningún grumo”, informan a la autoridad. 

La vecina de Cuahuixmatlac Dulce Hernández relata que los bosques de localidades como San Rafael Tepatlaxco fueron completamente devastados. En ese lugar lo mismo se taló madera plagada que puede sanar y pagaron de 35 a 50 pesos por metro cúbico, con lo que los funcionarios y empresarios hicieron “un gran negocio”, afirma. 

Dulce Hernández acusa que en los primeros meses del combate a la plaga, la CEE autorizó a un intermediario único para comprar a los posesionarios de los predios la madera extraída. Dicho intermediario llegó a pagar 35 pesos (1.75 dólares) por metro cúbico de material, cuando puede comercializarse en más de mil pesos (50 dólares), aun dañado por la plaga.

Proceso pidió a Hilda Morales, quien era titular de comunicación de la CEE, las cifras oficiales del avance de la plaga y su combate, así como una postura sobre las denuncias presentadas por las comunidades contra funcionarios a cargo del programa de saneamiento. Morales pidió enviar las preguntas a Diana Aspiros, titular de Información de la Semarnat. Por correo se mandó un cuestionario y la funcionaria se comprometió a enviar una respuesta, pero no lo hizo.

El 30 de agosto Lorena Cuéllar tomó posesión como gobernadora de Tlaxcala. Pacheco dice que las nuevas autoridades estatales se han mostrado dispuestas a trabajar de manera coordinada en el control de la plaga y a investigar las denuncias de irregularidades que han presentado las comunidades. Las lluvias recientes, agrega, han limitado su avance, pero temen que cuando cesen, el insecto retome fuerza.

Por su parte, el legislador federal Alejandro Carvajal exigió en la Cámara de Diputados acciones urgentes de las autoridades, pues la devastación de La Malinche tendrá efectos en el abastecimiento de agua en Puebla y Tlaxcala, así como pérdida de biodiversidad y riesgos para especies endémicas. 

Reportaje publicado en el número 2347 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 24 de octubre de 2021.