En los parques nacionales Pico de Orizaba y Cofre de Perote, una orquesta de taladores ha contribuido a la pérdida de un poco más de 15 mil hectáreas de bosque, que representan más de 50% de las áreas forestales en la región. Los recursos económicos para proteger estos árboles también han sido cortados a la mitad debido a la austeridad del actual gobierno federal.

LA PERLA, Ver.- Al caer la tarde, una orquesta de motosierras cercena pinos hartwegii. ¡Brrrumm, brrrum, brrum! La muerte lenta de los árboles ocurre a 4 mil metros sobre el nivel del mar. La tala opaca el canto de los colibríes dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba. Este concierto estridente se repite todos los días. En la cordillera, varias manchas color café quedan como prueba de la salvaje deforestación en los alrededores de este volcán inactivo conocido como Citlaltépetl.

En un recorrido por las localidades de La Perla y Calcahualco se pueden apreciar las “rasuradas” que ha tenido el volcán Pico de Orizaba en municipios veracruzanos. Los pobladores aseguran que el “desmonte” también alcanza al pico en sus municipios poblanos. Cientos de extremidades de los árboles, ya secas, se observan en el camino; son un material altamente inflamable cuando ocurren los incendios.

En la congregación de San Antonio Tenextepec del volcán vecino, el Cofre de Perote o Nauhcampatépetl, como también se le conoce, se observa sin pudor alguno a talamontes que realizan el “corte” de árboles para dejar caer los troncos por un barranco y luego subirlos a camiones Thornton Dina. Un campamento con fogata para mitigar el frío sirve de área de descanso y comedor para los leñadores clandestinos.

Este mismo ejercicio de exterminio del área forestal se repite en las comunidades de Atzizintla, Ayahualulco, Tembladeras, Nuevo Jacal, La Jícara, Paso León y Nueva Vaquería, entre otras.

Héctor Narave Flores, catedrático de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana (UV), asegura que en las últimas dos décadas ha desaparecido 50% de los parques nacionales Pico de Orizaba y Cofre de Perote debido, principalmente, a la tala inmoderada por grupos protegidos por el crimen organizado, quienes encontraron en el desmonte una alternativa económica al huachicol.

En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2018 el huachicol representaba una industria que dejó dividendos a organizaciones criminales por 60 mil millones de pesos y que, en este 2021, se ha logrado “eliminar” casi por completo.

En el Libramiento de Perote, que conduce hacia la Ciudad de México y Puebla, así como hacia el sur, vía Xalapa y el puerto de Veracruz, es muy común ver camiones y camionetas de doble tracción con troncos recién cortados de ambos parques nacionales. Algunos llevan permisos de aprovechamiento forestal, otros cuentan con “permisos clonados” –falsos o duplicados de licencias gubernamentales para tala–; algunos ni siquiera los portan, pues saben que la posibilidad de ser interceptados por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o agentes de la Policía Federal o de la Guardia Nacional es casi nula.

De acuerdo con Narave, ese no es el único factor que está arrasando con los bosques. También contribuyen a la deforestación la siembra de papa al mayoreo; plagas de hongos y muérdago, originadas por el cambio climático; incendios forestales sofocados con un tortuguismo gubernamental; clonación de permisos de aprovechamiento forestal; “lavado” de madera obtenida de forma ilegal; y desidia tanto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existe otra razón más para esta crisis ecológica: la “austeridad republicana” del actual gobierno federal, la cual “evaporó” los recursos presupuestales de la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente estatal, la Conanp y otros organismos ambientales. Un ejemplo: para el ejercicio 2020, la Semarnat recibió 29 mil millones de pesos, lo que significó una disminución de más de 50% en comparación con lo ejercido en 2015.

“Si antes presupuestaban 10 pesos a un programa federal, mínimo aterrizaban dos pesos al Pico o al Cofre, para su conservación o reforestación; ahora no baja nada, es lamentable”, expone Martín Moreno, administrador del hotel Villas Pico de Orizaba, que se encuentra a 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar, el último lugar habitable cerca de la cima del volcán.

Debido a la insuficiencia presupuestal y la indiferencia gubernamental para proteger ambos volcanes, en el estado de Veracruz hay solamente ocho guardabosques autorizados por la Profepa para “vigilar” las 17 mil 500 hectáreas del Pico de Orizaba y las 11 mil 530 del Cofre de Perote.

Moreno ejemplifica: en la localidad Plan de la Muñeca, municipio de La Perla, los pobladores se “cooperaron” hace tres años y construyeron una torre y una caseta de vigilancia para un guardabosques del gobierno federal, pero éste nunca llegó: “Ahí se quedó la torre, nunca se utilizó; la caseta sí la utilizan, pero los talamontes para dormir y acampar. Se puso la denuncia y nadie hizo nada”.

Burocracia forestal

Raúl Álvarez Oceguera, director de los parques nacionales Cofre de Perote y Pico de Orizaba, admite que otro problema es la existencia de “aserraderos” con permisos de aprovechamiento forestal que se prestan a “lavar madera”, es decir, a legitimar árboles desmontados y obtenidos de manera ilegal. Un problema tan grande –admite el funcionario federal– como la clonación de permisos, donde taladores llevan a cabo el “desmonte” de árboles con licencias apócrifas.

Además del tráfico de madera, organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Sangre Nueva Zeta diversificaron sus actividades con el robo a transportistas, asalto a trenes, así como ampliado el “cobro de cuotas” a migrantes centroamericanos.

Álvarez Oceguera señala que estos grupos criminales han repelido a los guardabosques que intentan combatir la tala clandestina con “amenazas” y a veces con “fuego” –disparos al aire–. “Es una realidad; se detuvo el huachicol y a quienes se beneficiaban de ello. Encontraron en la tala ilegal una forma de obtención ilícita de recursos”, dice.

El vocero de la fiscalía, Mario Lozano, informó que se han iniciado 10 carpetas de investigación por el delito de tala de árboles en 2020 y se han presentado seis denuncias penales en lo que va de este año. Por el mismo delito sólo se presentaron tres denuncias en 2017 y una en 2018. Es decir, el número de denuncias va en aumento.

“Antes se escuchaban una o dos motosierras trabajando por día; hoy en la montaña se escuchan hasta 10”, explica Álvarez Oceguera.

La tala clandestina se vive todos los días a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar y ya empezó a afectar los principales polos urbanos. Narave pone un ejemplo: cada vez hay más tandeos de agua en la capital del estado y municipios circunvecinos. Los tandeos son utilizados por las comisiones de agua en distintos municipios de Veracruz para dosificar el abasto en varias colonias de los principales polos urbanos. “No nos hemos dado cuenta de que la recarga de mantos acuíferos ya es un problema. Cada año que pasa los tandeos son más largos y extensos”, dice el catedrático de la UV.

Narave encuentra mucha indiferencia del actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en materia ambiental. En la Procuraduría del Medio Ambiente fue colocado Sergio Rodríguez Cortés, exdiputado del PRD que lo mismo ha trabajado en el gobierno del priista Javier Duarte que en el del panista Miguel Ángel Yunes, o ahora con el morenista García Jiménez, pero no tiene trayectoria en el tema ambiental.

Para la realización de este reportaje se buscó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras, quien se excusó por tener apenas “dos días” en el cargo, por lo que redireccionó la petición de entrevista con el titular de la Comisión Nacional Forestal, Héctor Mota. Éste se deslindó del tema y pidió “canalizar” la petición de información a la Semarnat u otra instancia. La burocracia permanece en sus butacas sin intervenir en el concierto.

En mayo de 2019 se instaló el Consejo Asesor del Parque Nacional Cofre de Perote. El gobernador García expuso que era importante “establecer políticas y mecanismos de sustentabilidad” y de servicio a la sociedad para que, a través de actividades económicas productivas, se lograra la conservación de áreas naturales protegidas, pero llegó la pandemia por coronavirus y el consejo asesor jamás volvió a sesionar.

Mientras tanto, en las alturas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, así como las cordilleras que las unen, en una clandestinidad permisiva por la intimidación criminal hacia guardabosques y la indiferencia gubernamental, las motosierras continúan con su sinfonía asesina. 

Reportaje publicado en la edición 2347 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.