La tala clandestina y los incendios provocados para sembrar aguacate han ocasionado la pérdida de al menos 23 mil hectáreas de bosques en el sur de Jalisco, según datos oficiales. Debido a ello, los habitantes de San Gabriel viven escasez de agua y temen que la lluvia provoque el desbordamiento del río Salsipuedes, dejando a su paso destrucción y muerte, como ocurrió en 2019.

SAN GABRIEL, Jal. (proceso).- Sofía aún recuerda con detalle lo que sucedió el 2 de junio de 2019, alrededor de las 17:00 horas, cuando iba a llegar a un supermercado junto al río Salsipuedes: “Empecé a sentir que vibraba el piso; pensé que estaba temblando, pero no sentía que se viniera más fuerte la sacudida y dije: ‘Algo está raro’. Me asomé a los corredores del supermercado y no había nadie”.

Miró hacia la calle y vio una corriente de agua con lodo y troncos quemados. Corrió a la esquina. Su sorpresa fue que el arroyo había crecido a tal grado que arrastraba camionetas, un camión de volteo que iba pasando por arriba del puente y hasta un pirul longevo. “Los cables de la luz estaban cayendo y no hallaba a qué casa meterme; decidí correr a la otra esquina”, relata.

Junto con otras personas atrapadas en el mismo punto, Sofía fue testigo de cómo la poderosa corriente de agua se llevó a Emilia, una habitante de San Gabriel cuyo cuerpo nunca fue localizado. Murieron cuatro personas más y hubo 3 mil damnificados.

Sin embargo, en San Gabriel no llovió ese día. La corriente que afectó al municipio se debió a una gran cantidad de precipitación pluvial que cayó en otra zona cercana y, debido a la pérdida de masa forestal, el líquido no se infiltró al suelo, sino que se fue directo al río y lo desbordó.

En un comunicado del 15 de noviembre de 2019, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconocía que el cambio de uso de suelo sin autorización para el establecimiento de huertas de aguacate en San Gabriel es uno de los factores con mayor impacto al ecosistema, lo cual provoca “la merma de filtración de agua por parte de pinos y encinos, pérdida de flora y fauna local, y alteración del equilibrio ecológico”.

Otra de las razones del desbordamiento del Salsipuedes es que, para sembrar aguacate, tres semanas antes empresarios provocaron incendios que consumieron más de 12 mil 177 hectáreas de bosques, según estimaciones de Control de Incendios Forestales del gobierno federal. Comúnmente, los cultivadores de aguacate optan por talar bosques para tener más terreno de cultivo.

Esas condiciones de incendios forestales y deforestación no han cambiando en San Gabriel. El último incendio se registró en abril pasado, con dos hectáreas dañadas. Sócrates Ruelas, fotógrafo y vecino del municipio, ha observado que de los cerros de la zona bajan camiones cargados de troncos talados. En el mismo punto existen cultivos de aguacate.

Incluso, dice que cuando necesita hacer tomas de bosque, al elevar su dron sólo en la parte frontal hay pinos, el resto son aguacates.

Sofía cuenta que, tras el desastre, cada vez que se formaban nubes negras “todos estábamos al pendiente”. Ruelas refiere que tras el desbordamiento del río se organizaron cuadrillas de jóvenes para monitorear el crecimiento de la corriente y se les capacitó para dar primeros auxilios. No obstante, después de medio año se “relajaron las medidas”, sobre todo porque la autoridad hizo algunas obras para evitar que el agua llegara “de golpe”.

Ya pasaron dos años, pero Sofía aún siente miedo: “Sigue la incertidumbre si en algún momento va a bajar el agua igual. Da miedo que llueva”.

Al poco tiempo de la tragedia, los pobladores se organizaron para denunciar tala clandestina, pero desistieron porque a los pocos días recibieron amenazas de muerte. Así lo narró un habitante que, igual que otros entrevistados, pidió el anonimato ante la inseguridad que se vive en la zona, donde hay presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación. “En este país las personas que se inconforman contra algo que está mal en su comunidad terminan muertas o en la cárcel, y yo no quiero eso”, comenta.

El doctor Carlos Suárez, jefe del departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), realiza trabajo de campo sobre el cambio de uso de suelo en la región sur de Jalisco desde hace cinco años. Recuerda que antes se cultivaba maíz, caña de azúcar, avena, alfalfa, trigo y mostaza, que al ser de temporal permitían la infiltración del agua y “se mantenía el equilibrio constante del manto freático”, además de que “siempre había una cubierta vegetal” para evitar la erosión del suelo.

Sin embargo, entre 2005 y 2010, en Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, Tecalitlán, Zapotlán el Grande, San Gabriel y Sayula, los agricultores cambiaron el cultivo tradicional por el agroindustrial, a raíz de que productores aguacateros de Michoacán comenzaron a comprarles o rentarles sus predios.

Cada vez se ven más huertas en las zonas altas de montaña “y ese cambio de uso de suelo está generando problemas ambientales porque el cultivo de alto rendimiento consume mucha agua”, lo que provoca un problema de distribución de este líquido en la región. “La deforestación incrementa el riesgo de erosión”, recuerda Suárez.

De acuerdo con el académico, “en los últimos tres o cuatro años se ha visto que están invadiendo zonas forestales. Cuando se quema el bosque aparecen nuevas huertas. Creo que la autoridad debe investigar un poco más al respecto, porque la ley forestal dice que un predio quemado debe estar 20 años sin uso, hasta que se recupere”.

Es cierto que con la siembra de aguacate se notó la prosperidad económica en la comunidad, pero esto es una “burbuja económica”, alerta Suárez. Y pone como ejemplo lo ocurrido en Chile en 2018, donde hubo un auge del aguacate y actualmente muchas de esas tierras, que en su tiempo fueron productivas, están semidesérticas.

Desatención de las autoridades

Un académico de la UdeG del Centro Sur, que también pidió no publicar su nombre, estima que en 2020 la producción de aguacate aportó 20.6% del valor de la agricultura de la región sur de Jalisco, sólo rebasado por el agave tequilero, con 33.3%. “En muchas ocasiones se dejan cortinas de pinos para que cuando pasen los verificadores no alcancen a identificar que adentro se está sembrando aguacate”, reveló.

Con cifras del Sistema de Información Agrícola y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, menciona que en 2015 había 14 mil 721 hectáreas cultivadas de aguacate en la región; en 2019 aumentaron a 20 mil 315 (38% más) y en 2020 ya eran 23 mil 233 (un incremento de 63%). Aunque si se suman las ilegales o no incluidas en esa base de datos, llegarían a 30 mil hectáreas en 2021, según estimaciones basadas en su trabajo de campo. Piensa que aún hay tiempo de remediar la situación, pero si no se detiene el desastre ecológico, la zona sur se desertificará en un plazo no mayor de 30 años.

Proceso buscó a los titulares de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) en Jalisco para conocer estimaciones oficiales sobre daños provocados a los bosques por la siembra de aguacate. Sergio Ávalos, de Comunicación Social de la Conafor, solicitó que se le enviara por correo un cuestionario con las dudas, el cual no respondió. En la Semarnat, una asistente contestó que “no hay delegado”, sino un encargado de despacho, quien no podría dar entrevista. También pidió que se le enviara por correo electrónico un cuestionario a Diana Aspiros, encargada de Comunicación Social de la dependencia. Tampoco hubo respuesta.

Javier Silva, abogado ambiental y asesor de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF), señala que a partir de 2006, con la administración de Felipe Calderón, “sin que hubiera una indicación por escrito”, la Semarnat comenzó a negar los permisos de cambio de uso de suelo forestal para cultivo de aguacate en el sur de Jalisco, y esto ha originado que muchos empresarios estén cultivando en la ilegalidad.

El 31 de julio de 2019 el gobierno de Jalisco interpuso una denuncia en la Profepa contra la tala ilegal en zonas forestales del sur del estado para el cultivo de aguacate. Hasta la fecha no se ha castigado a nadie, señala Silva. El pasado 14 de julio, mediante la Ley de Transparencia, este semanario solicitó a la Semarnat información relacionada con la deforestación (folio 0001600238021). La dependencia contestó que no le corresponde dar esos datos.

Javier Silva considera que, si se autorizaran cambios de uso de suelo, habría un control para que en promedio 30% de cada hectárea fuera para sembrar aguacate y el otro 70% para su manejo forestal y conservación; así el empresario cumpliría con el pago al Fondo Forestal Mexicano (FFM), “garantizando su sustentabilidad”.

El FFM se creó el 10 de julio de 2003 para “promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados”, según información de la Conafor. Además, los interesados tienen acceso a “servicios financieros en el mercado” y el gobierno impulsa “proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva” mediante “mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales”.

Alrededor de 10 mil hectáreas se podrían regularizar con el apoyo de la autoridad y compensar de esa manera el daño provocado, calcula Silva, aunque precisa que hay lugares donde no sería posible autorizar otro uso del suelo, por ejemplo, en las inmediaciones del Nevado de Colima.

Por su parte, Ignacio Tovar, presidente de la AMPF en Jalisco, afirma que toda actividad primaria afecta al sector forestal, por lo que es necesaria una proyección técnica que se sustente en la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio Técnico Justificado que deben presentarse ante la Semarnat. Esto ayudaría a conservar las actividades y el ecosistema, no sólo en Jalisco, precisa, sino en 21 estados del país donde se están haciendo cambios de uso de suelo para producción de aguacate.  

Reportaje publicado en la edición 2346 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.