Medio Ambiente
Michoacán: El desastre ambiental del "oro verde"
Los intereses financieros vinculados al auge del aguacate en Michoacán provocaron una acelerada expansión ilegal de plantaciones, a costa de la tala de grandes superficies de bosques de pino y encino en las zonas templadas de esa entidad.
Desde el año 2000, los bosques en Michoacán han perdido el equivalente a casi la mitad de la superficie de la Ciudad de México, principalmente por cultivo de aguacate y ganadería. En contraste, la industria aguacatera ha construido un baluarte económico que le ha permitido expandirse de manera irregular sobre áreas forestales, con el aval de distintos gobiernos. Habitantes de algunas comunidades también advierten de la contaminación de acuíferos producida por el uso de agroquímicos en las huertas del “oro verde”.
URUAPAN, Mich. (Proceso).- Los intereses financieros vinculados al auge del aguacate en Michoacán provocaron una acelerada expansión ilegal de plantaciones, a costa de la tala de grandes superficies de bosques de pino y encino en las zonas templadas de esa entidad.
La producción de este fruto, conocido como “oro verde”, es la segunda fuente económica del estado (50 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares), sólo superada por las remesas de los migrantes, señala Juan Manuel Barrera Terán, director ejecutivo de Resiliencia y Desarrollo Comunitario, AC.
En consecuencia, la deforestación de miles de hectáreas boscosas, iniciada hace más de tres décadas, continúa su avance imparable ante la pasividad de las autoridades que, desde hace varios sexenios, han tolerado las afectaciones ambientales de ese cultivo.
Con base en estudios de la UNAM, Barrera calcula que del año 2000 a la fecha Michoacán sufrió la deforestación de cerca de 100 mil hectáreas (equivalentes a 42.5% de la superficie de la CDMX), principalmente por cambios de uso de suelo para cultivo de aguacate y para expansión ganadera.
Proceso consultó al delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Carlos Alberto García Salgado, sobre los diagnósticos del crecimiento de las zonas de cultivo, pero éste pidió dirigirse a la oficina de Comunicación Social de la dependencia federal. Ahí, la directora de Información, Diana Aspiros Heras, solicitó que se le enviaran las preguntas por escrito y reconoció que no existe un estudio con cifras validadas sobre deforestación de bosques para cultivar aguacate. “La Comisión Nacional Forestal ha calculado por interpretación geoespacial más de 8 mil hectáreas sólo en la cuenca de la Meseta Purépecha”, respondió.
El tema no es nuevo. Un estudio de Jaime Navia Antezana, director del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Aplicada, AC (GIRA), y James Barsimantov, investigador de la Universidad de California, Santa Cruz, reveló que 11 municipios aguacateros ya habían perdido 41 mil hectáreas de su cobertura forestal entre 1990 y 2003, además de que 46% de las huertas se establecieron sobre terrenos boscosos.
Ecocidio en curso
La producción nacional de aguacate durante 2020 fue de 2.39 millones de toneladas, de las cuales Michoacán aportó más de 75%. El auge de esta industria en la entidad motivó el crecimiento desmedido de las áreas de cultivo, que según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se elevaron de 30 mil 979 hectáreas en 1980, a una superficie de 78 mil 530 en 2000, para sumar 107 mil 058 en 2010 y llegar a 169 mil 939 hectáreas en 2020. Es decir, en los últimos 40 años las áreas de cultivo crecieron 448%.
La Semarnat señala que a finales de los ochenta otorgó algunas autorizaciones de cambio de uso de suelo para cultivo de aguacate, de las que no conserva datos específicos, pero desde entonces no ha entregado ningún otro permiso con ese propósito. A partir de los noventa la expansión de plantaciones se dio “a expensas de las áreas forestales arboladas, en forma ilegal”, subraya la dependencia. Ese fue el inicio del ecocidio.
En la última década se aceleró el crecimiento de la superficie del cultivo de aguacate en Michoacán, cuya expansión se dio con un promedio anual de 6 mil 288 hectáreas; esto es más del doble del crecimiento en la década anterior (2000 a 2010) cuando fue de 2 mil 852 hectáreas por año, o del periodo entre 1980 a 2000, cuando se estimó un aumento anual de 2 mil 377 hectáreas de cultivos de aguacate.
A consecuencia de lo anterior, la franja aguacatera michoacana se extendió a 43 municipios, principalmente Tancítaro, Ario de Rosales, Uruapan, Salvador Escalante, Tacámbaro, Peribán, Tingambato y Los Reyes.
Navia Antezana, de GIRA, explica que en Michoacán se ha impulsado la economía con la suplantación de bosques por cultivos de aguacate, por lo cual “estamos con un grave deterioro de nuestros recursos en un área muy específica”.
El 20 de mayo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó a la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM), con sede en Uruapan, el Premio Nacional de Exportación, galardón que también había recibido esta organización en 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Según la APEAM, que este año exportó más de 1 millón de toneladas a Estados Unidos, la industria aguacatera mejoró la vida de las comunidades de la zona de producción, donde ofrece 78 mil empleos directos y 310 mil indirectos, lo que redujo la migración.
La ilegalidad de buena parte de la industria aguacatera ha sido “solapada por el Estado”, que “no da permisos pero tampoco actúa para frenarla, porque ese sector representa un importante baluarte económico… no podemos decir que no nos interesa el aguacate; es muy importante, pero no puede ser a costa de los bosques”, explica Navia.
Vía correo electrónico, Proceso solicitó a la Profepa una respuesta a los señalamientos de que ha incumplido sus funciones para frenar la expansión ilegal del cultivo de aguacate, a través del área de Comunicación Social en las oficinas centrales. La coordinadora, Claudia Dora Palacios Cid, contestó que “se ha dado atención al tema mediante la realización de visitas de inspección”. No ofreció detalles.
Agua contaminada
Las comunidades enclavadas en la franja aguacatera se encuentran entre los innegables beneficios económicos que reporta esa actividad y los daños ambientales que empiezan a resentirse.
Para los jóvenes cortadores, conocidos como cuadrilleros, el aguacate es una fuente de empleo muy bien pagado. Mientras en otros sectores el ingreso oscila entre 150 y 250 pesos, ellos pueden ganar hasta 500 pesos (25 dólares) por jornada.
Este cultivo, agrega Navia Antezana, ha reportado beneficios duraderos para los campesinos que establecieron directamente huertas de aguacate en sus tierras, en tanto que quienes vendieron sus parcelas disfrutaron el beneficio sólo mientras les duró el dinero cobrado.
“Sí hay un poco más de dinero con el aguacate, pero en algunas comunidades ya nos está afectando la escasez de agua”, dice el presidente de un ejido de la región, que pidió reservar su identidad.
La fuente explica que en los últimos años la disminución de afluentes de manantiales ha sido de 30%, a causa del uso de mayor volumen de agua para regar las huertas de aguacate. Además, el uso de agroquímicos provoca dolores de cabeza a habitantes de los asentamientos cercanos a las plantaciones, aunque no se han hecho estudios sobre afectaciones directas de esas sustancias.
Sobre los beneficios económicos de la actividad aguacatera, Navia Antezana cuestiona: “¿Cuánto tiempo durará esto? Ya no tenemos bosques. Están contaminando el agua con agroquímicos, sobreexplotan los acuíferos porque el aguacate necesita agua: perforan pozos, desvían las corrientes de los ríos, hacen ollas de agua por todos lados; están impactando el ambiente con una visión de tan corto plazo que temo que en 20 o 30 años esta situación sea de crisis total”.
Por otro lado, Juan Manuel Barrera coincide: “Si la situación sigue así, esto será un ecocidio; están acabando la biodiversidad y las ciudades se quedarán sin agua si aumenta la deforestación en las partes medias y altas de las cuencas”.
De acuerdo con Navia Antezana, quien ha trabajado con ejidos y comunidades de esa región, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) “no hace nada” ante los daños ocasionados por la industria aguacatera, “pues aunque tiene personal y una tarea por cumplir, que llama pronta y expedita, ésta no tiene nada de pronta ni expedita y muy pocas veces resuelve el problema”.
A la pregunta de cuántas huertas aguacateras detectó la dependencia sin permiso de uso de suelo en esas inspecciones y cómo procedió en esos casos, desde 2010 a la fecha, Palacios Cid contesta que “se instauraron 316 procedimientos administrativos, de los cuales se derivan 312 denuncias penales, cuyos resultados han sido sanciones, como multas y medidas de restauración de los sitios afectados”.
Industria en expansión
Consultada por medio de su área de Comunicación Social, sobre los impactos de los cultivos de aguacate en los acuíferos y la deforestación, la APEAM argumenta por escrito que, según sus estudios, “los acuíferos están en equilibrio”, pues la mayor superficie aguacatera “es de temporal y el riego es especializado, con tecnologías ahorradoras de agua”.
De acuerdo con la organización, miles de huertas se establecieron desde los sesenta en terrenos diversos “sin destruir los bosques”, pero reconoce el “problema actual” y muestra disposición de compensarlo mediante cauces legales. “Nuestra visión es poder establecer un límite al crecimiento desordenado del cultivo en estrecha coordinación con el gobierno estatal y federal”.
La APEAM expone que tiene un diagnóstico ambiental general de la zona aguacatera con el fin de reducir los impactos al mínimo, regularizar las huertas y permitir su expansión sólo bajo el marco legal existente.
Al respecto, la Semarnat puntualiza: “Las huertas que se hayan establecido realizando el cambio de uso de los terrenos forestales en forma ilegal, se deben remover para dar lugar a procesos de reforestación y restauración de las áreas, que siguen considerándose terrenos forestales. No existe un procedimiento para que las huertas con cambio de uso de suelo ilegal se regularicen”.
Juan Manuel Barrera advierte que actualmente todavía hay entre 50 mil y 60 mil hectáreas de bosques de pino-encino en riesgo de ser deforestados en los próximos años. Y pronostica que, si las autoridades no intervienen, se convertirán en nuevas huertas aguacateras.
