De acuerdo con la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela, el régimen de Maduro suele deshacerse del personal castrense que le resulta incómodo: cárcel, tortura y hasta desaparición es el destino de esos soldados, que ya suman más de un centenar, según la misma fuente. Molly de la Sotta, hermana de una de esas víctimas, narra a Proceso su caso.

GINEBRA (Proceso).– Familias de militares que son víctimas de detención arbitraria en Venezuela urgen al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de todos ellos y el cierre de los centros de tortura, como muestra de compromiso para el diálogo con la oposición y en virtud de un memorando de entendimiento firmado por las partes.

En entrevista con Proceso, Molly de la Sotta, fundadora de la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela y hermana del capitán de navío Luis de la Sotta –preso desde 2018 y víctima de tortura–, recuerda que en el memorando se especifica “la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación”.

Exige que las voces de los familiares de quienes han sido víctimas de tortura sean escuchadas en el diálogo entre Maduro y la oposición y que los presos políticos, incluyendo los militares, sean puestos en el centro de cualquier negociación. “Queremos ser parte de ese diálogo porque seguimos siendo ignorados”.

Considera que si Juan Guaidó quiere ser considerado una oposición seria, “debería exigir su liberación”; respecto a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide que se sume a la voz de las víctimas de una manera más enérgica.

“Llamo a la reflexión a los organismos internacionales para que apoyen a las víctimas”, dice De la Sotta, quien recuerda que informes de Bachelet y de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela acusan de crímenes de lesa humanidad a altos mandos del gobierno y denuncian que el sistema judicial es utilizado por el gobierno para reprimir a sus opositores.

“Este tema no puede ser obviado por nadie, ni por las partes negociadoras ni por la comunidad internacional”, remarca De la Sotta, quien –en entrevista vía Zoom desde Miami– narra los hechos: su hermano, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga, fue detenido el 18 de mayo de 2018 en su puesto de trabajo en la estación naval de la Bahía de Turiamo por ocho hombres armados que portaban uniformes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); fue llevado por la fuerza, sin orden de aprehensión, sin dejarlo llamar a un abogado o a un familiar. Se le acusó de instigación a la rebelión militar, motín y sanción al decoro militar.

Los sótanos de la DGCIM

“A mi hermano Luis lo montaron en un helicóptero y se lo llevaron dos días antes de las elecciones de 2018, cuando todos los militares estaban acuartelados. A las tres semanas de que se lo llevaron supimos que lo tenían en la DGCIM y durante 36 días no pudimos verlo”, cuenta.

Recuerda que en un principio pensó que se trataba de una revancha personal, porque su hermano ya había tenido problemas con uno de sus superiores a quien halló robando comida; y es que “la tropa también se está muriendo de hambre”.

“Cuando mi madre logró verlo por primera vez, lo tenían rapado, lucía muy delgado, como si estuviera en campo de concentración; se le veían las marcas de tortura en las muñecas y estaba nervioso, ansioso, estaba desesperado preguntando por su familia, por su esposa, sus hijos”. Después de cinco meses y medio lograron asignarle un abogado privado.

Ella pudo ver a su hermano en septiembre de ese 2018, cuando se le hizo un chequeo médico: “Lo tenían encapuchado y ensangrentado y le hicieron firmar algo que no supo qué era. El médico forense dijo que mi hermano estaba en buen estado de salud, ¡imagínese usted!”.

Después supo que había otros militares en la misma situación que su hermano y comprendió que no era un asunto personal: “Me di cuenta, hablando con los familiares, de que era un patrón, era un sistema, a todos los detienen sin orden de aprehensión; la DGCIM no es una cárcel, es un centro de detención preventiva donde no pueden pasar más de 45 días sin juicio, pero ahí hay gente que lleva encerrada en los sótanos más de tres años”.

Es así como decidió formar la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela.

A su hermano, continúa, le aplicaron medidas cautelares cuando Venezuela era parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no las respetaron. Tampoco el hecho de que el capitán también tiene la nacionalidad peruana y podría tener visita consular. El gobierno no reconoce su doble nacionalidad. Tampoco la de otros militares presos.

“A mi hermano, cuando lo torturaban, le decían que estaba involucrado en un golpe de estado y querían que se declarara culpable de conspirar junto con la dirigente política María Corina Machado. Nunca lo aceptó porque no era cierto y nunca presentaron pruebas de nada que lo relacionara con ella.”

Cuenta que también detuvieron en Caracas a un grupo de militares que tenían relación de trabajo con su hermano. Los detuvieron después de una reunión con el entonces jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada venezolana, Remigio Ceballos, actual ministro del Interior.

“Todos estaban desarmados en esa reu­nión. Entró personal de la DGCIM y se los llevaron y a todos los torturaron. Uno de los tenientes ‘confesó’ que ese grupo de militares estaba conspirando y se reunía en un centro comercial, pero nunca hubo pruebas. Ese teniente firmó la declaración, lo acusaron de desertor y se fue del país.”

Han pasado tres años y cuatro meses y el capitán De la Sotta sigue sin juicio, al igual que todos los de la causa llamada Armagedón (a Maduro le gusta ponerle nombres a las causas de los militares detenidos, como la Operación Jericó, el Golpe Fénix o el Movimiento Espada de Dios).

A la fecha siguen detenidos 123 militares por estas y otras causas, la mayoría de ellos víctimas de tortura y sin juicio. Según las leyes de Venezuela, después de dos años los detenidos de manera preventiva que no tienen juicio deben ser liberados, pero eso no se ha cumplido.

Los cuartos de tortura

“Todo este tiempo mi hermano ha estado bajo custodia de la DGCIM. Ha estado en varios cuartos de tortura. Cuando lo detuvieron, lo encerraron cuatro días en un cuarto al que le llaman ‘El Tigrito’, donde cuatro torturadores encapuchados le aplicaron asfixia mecánica con bolsas plásticas, capucha con gas lacrimógeno, le aplicaron electricidad, le apretaron tanto las esposas con los brazos hacia atrás que todavía tiene las marcas en las muñecas, lo golpearon con palos de madera y lo dejaron tirado en el piso con restricción de alimentos y aseo personal y así lo llevaron ante el juez. Estaba ensangrentado, sucio, y a pesar de eso no hubo investigación.

“Después de eso lo vuelven a llevar a la DGCIM al ‘Cuarto de los Locos’, donde estuvo 32 días aislado y a oscuras. No se podía ver ni las manos. Le tiraban la comida, llegaban los torturadores a golpearlo y a decirle que se declarara culpable, pero eso no pasó.”

“Después lo metieron cinco meses en otra celda y tenía que evacuar en bolsas plásticas, con restricción de alimentos, sin atención médica, sin ver la luz del sol. Una vez a la semana le permitieron recibir visitas y antes de la visita lo dejaban bañarse, le tomaban una foto y la mandaban a la oficina de Bachelet.”

Narra que después de esos cinco meses de prisión llegó como nuevo director de la DGCIM el coronel Hannover Guerrero; al principio les dio beneficios a los presos, los dejaba bañarse, los sacaba al sol, pero después, en 2019, volvieron las torturas, le quitaron las visitas; De la Sotta estuvo tres semanas esposado a una silla y es justo en esa época cuando murió frente a un juez en plena audiencia de presentación el capitán Rafael Costa Arévalo, víctima de tortura, detención arbitraria y desaparición forzada.

La muerte de Costa Arévalo “nos dejó a todos muy mal” y coincidió con la visita a Venezuela de Bachelet, pero ella no consiguió autorización para visitar la DGCIM.

No obstante, según investigaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), en julio de 2020 Bachelet afirmó que “en (16) casos documentados se hacía referencia a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos periodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares”.

Las “puertas Bachelet”

“Vi a mi hermano por última vez en enero de 2019 porque no puedo volver a Venezuela debido a mis denuncias y a las amenazas de Guerrero”, confiesa Molly de la Sotta.

Cuenta que llegó como nuevo director el general Carlos Terán Hurtado y “el 1 de enero de 2020 sacan a 50 militares de los sótanos, los encapuchan, los esposan, los meten en un vehículo, les dan vueltas por Caracas y los regresan a un sótano nuevo de la DGCIM en Boleíta, pero esta vez son 16 celdas pequeñas con puertas de hierro a las que llaman ‘La Casa de los Sueños’.

“‘Ahí está su alta comisionada’, les dijeron al cerrar las pesadas puertas de hierro a las que llaman ‘puertas Bachelet’. En esas celdas pequeñas, sin ventilación, llegaron a estar hasta cinco presos, en donde comían, evacuaban, dormían hacinados. Lo denuncié ante el relator contra la Tortura y el Grupo de Trabajo de la ONU de Detención Arbitraria, que emitieron una comunicación, pero no les hicieron caso”, lamenta.

En marzo de 2020 llegó la pandemia, quitaron las visitas en todos los centros de detención. Pasaron cuatro meses sin saber de él; el capitán De la Sotta enfermó de covid y “la pasó muy mal”, sin medicamentos ni atención.

La oficina de Bachelet logró entrar a la DGCIM el 12 de septiembre de 2020 y se entrevistaron con algunos presos, entre ellos el capitán De la Sotta, pero la entrevista se llevó a cabo en la oficina del director Terán Hurtado “y obviamente fue grabada… mi hermano les advirtió”. Al equipo de Bachelet no lo dejaron entrar a “La Casa de los Sueños”.

El capitán De la Sotta “les contó todo lo de los cuartos de tortura, pero cuando sale la comisión de Bachelet, como represalia lo dejan encerrado cuatro días y sus noches con la luz prendida para que perdiera la noción del tiempo. Más adelante, cuando salió el primer informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela, el 16 de septiembre de 2020, en el que aparece el caso de mi hermano, lo metieron en un cuarto de tortura que es como un ataúd, como una urna de 60 centímetros de ancho por 2.75 de alto, donde los hombros le rozaban las paredes. Ahí lo dejaron 12 horas parado, esposado, sin alimentos, sin agua, en su excremento, con crisis de hipertensión, con dificultad para respirar.

“Lo hicieron como represalia por haber hecho la denuncia ante la comisión de Bachelet; y yo me pregunto: ¿y la protección de mi hermano dónde está? ¿La ONU dónde está?”

Refiere que interpuso ante la ONU una queja por las represalias de testigos o víctimas que denuncian y colaboran con el organismo, pero tampoco hubo respuesta. “No me representan”, se queja.

Hacia finales de 2020 trasladaron al capitán De la Sotta de los sótanos de la DGCIM a otro centro de tortura, Fuerte Tiuna, cuyas celdas se conocen como “La Venezuela de Antier”, donde lo tienen preso sin actividades recreativas o deportivas, sin atención médica, y en donde puede ver la luz del sol media hora al día. Hasta la fecha De la Sotta sigue preso ahí, sin un juicio. El equipo de Bachelet no ha podido ingresar.

Molly de la Sotta lamenta que la oficina de Bachelet no ha logrado cerrar los centros de tortura: “Al contrario, a pesar de su presencia en Caracas desde septiembre de 2019, los centros de tortura se han ampliado, en Venezuela siguen torturando”.

De la Sotta pone en duda el papel de la oficina de Bachelet en Venezuela. Considera que Maduro presume que coopera con la ONU porque ahí está el equipo de la alta comisionada, pero a su modo de ver “sería mejor que el ACNUDH salga de Venezuela si no se logra un avance claro en la situación de derechos humanos en el país. Es como seguirle el juego al régimen de Maduro y eso trae más daños que beneficios”.

Remarca que “la tortura es un crimen de lesa humanidad, eso está tipificado, y entonces si no hay un juicio justo, si no demuestran que son culpables, si no se va a obtener la libertad o la mejora de la situación de estos presos políticos, la comunidad internacional debe atender a las víctimas y a sus familiares. La denuncia no sirve si no hay un compromiso para cambiar las cosas.

“Es frustrante porque mi hermano es el que está ahí y si no los denuncio yo, que estoy en un país libre, no hay nadie que lo pueda hacer; para mí todo esto ha sido un desgaste emocional muy fuerte. Yo estoy tan presa como mi hermano”, lamenta Molly.

Reportaje publicado el 3 de octubre en la edición 2344 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.