Científicos mexicanos que tradicionalmente defendían las causas medioambientales y se oponían a muchos de los proyectos gubernamentales –el Tren Maya, Dos Bocas– aparentemente han “puesto en pausa” sus luchas. Algunos de sus colegas atribuyen este respiro a que la comunidad científica está más preocupada ahora por recibir recursos del presupuesto.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la lucha por el presupuesto del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT) y del proceso de judicialización para que sus administradores rindan cuentas de los recursos destinados a su operación durante los últimos ejercicios, la conducción de las políticas públicas para la vigilancia del medio ambiente también se ha convertido en fuente de confrontación con otros grupos de la comunidad científica.

Investigadores de universidades públicas y privadas que hoy participan, asesoran y acompañan movimientos políticos y sociales cuestionan la efectividad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de las secretarías del Medio Ambiente y de Agricultura respecto a la rectoría, protección y custodia de los recursos naturales del país.

Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mientras tanto, participan y organizan foros en los que se analiza y cuestiona, a través de las comunidades y pueblos originarios, el papel del gobierno federal frente a problemas climáticos, el manejo de los recursos hídricos, las concesiones en el sector extractivo y el impacto de proyectos como el Tren Maya.

La politización de estos movimientos en decenas de poblaciones del país profundiza, además, la confrontación respecto a las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus proyectos estratégicos, situación que se potencia con la participación de la comunidad científica.

Aún más, en medio de las crecientes críticas por las políticas públicas para proteger el medio ambiente, y para no enfrentar “conflictos de interés”, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), fundada en 2008 por María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), decidió poner en pausa sus actividades desde hace algunos meses. 

La UCCS, en la que participa como integrante del Consejo Asesor el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, simplemente cerró su sitio de internet.

En la UCCS también participa el doctor en economía Enrique Leff Zimmerman, quien ha hecho cuestionamientos sobre la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya. Igual que Toledo, Leff tiene como campo de estudio el área de la ecología política.

El también catedrático de la UNAM y fundador del movimiento Agua Para Todos, Omar Arellano-Aguilar, confirma a Proceso que la UCCS decidió poner en pausa sus actividades, aunque sus integrantes siguen activos en sus universidades y centros de investigación. 

“La UCCS está en pausa para no caer en contradicciones, para no caer en conflictos de interés”, dijo Arellano-Aguilar, biólogo y doctor en ciencias por la UNAM.

Como en su momento lo hizo Toledo, algunos integrantes de la UCCS decidieron aceptar la invitación del gobierno de la Cuarta Transformación para convertirse en funcionarios públicos, afirma Arellano-Aguilar.

El 31 de agosto de 2020, el segundo secretario del Medio Ambiente del gobierno del presidente López Obrador, Víctor Toledo, renunció luego de que se filtró un audio en el que aseguró que durante 10 meses conoció a una “Cuarta Transformación llena de contradicciones”, que se expresó concretamente en luchas de interés dentro del gabinete.

Toledo mencionó que la Secretaría de Desarrollo Rural que encabeza Víctor Villalobos estaba dedicada a los agronegocios, con una posición en contra de la agroecología, tratando de imponer toda la visión con las grandes corporaciones. Aseguró, además, que Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, era el operador principal para bloquear todo lo que fortaleciera la agroecología. En la Semarnat, Toledo dejó pendientes consultas para el Tren Maya y una larga lista de conflictos ambientales sin resolver, muchos de ellos estudiados por la UCCS desde 2008.

Ahora sólo es posible conocer el contenido de los materiales de la UCCS mediante una contraseña que se entrega a los científicos que participan en la organización. En ese sitio de internet era posible consultar el texto íntegro de la demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en el caso de los Movimientos Dentro de la Asamblea Nacional de los Afectados Ambientales (ANAA) contra los Estados Unidos Mexicanos, que integró y promovió Andrés Barreda Marín, otro de los miembros fundadores de la UCCS y hoy coordinador de los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt. También es profesor de tiempo completo de la UNAM.

En el portal de la UCCS se exhibía un documento con firmas de comunidades y pueblos originarios para promover esta demanda y desconocer a las autoridades de la Conagua. Proceso cuenta con copia de esos documentos.

La UCCS también participó activamente en la promoción e impulso de un proyecto para reformar la Ley de Aguas Nacionales, en el debate y estudios sobre el maíz transgénico y en la resistencia al uso del glifosato en la agricultura intensiva, uno de los temas que confrontó a Toledo y a Romo.

Al fundar la UCCS, la directora del Conacyt impulsó la elaboración de expedientes críticos y la difusión del conocimiento científico. De acuerdo con el decálogo de la Unión, en sus trabajos y proyectos no aparecen intereses que no sean los de la ciencia misma, la responsabilidad ética y el compromiso socioambiental. Por tanto, sólo reciben donativos que son aprobados por su consejo y sus miembros pagan cuotas para sostener su operación.

Mientras el FCCT surgió en 2003, vinculándose con el gobierno y organismos del sector privado para analizar el impacto ambiental de las políticas públicas y reformas estructurales, la UCCS surge en 2008, alejada del presupuesto público para mantener su independencia. El fundador de la organización Agua para Todos, Omar Arellano-Aguilar, descarta, sin embargo, que se hubiera convertido en un contrapeso del Foro como órgano de consulta afín al gobierno en turno. “No surgió para eso, surgió para encontrarnos y reconocernos como científicos críticos”.

Arellano-Aguilar se autodefine como activista científico dedicado exclusivamente a obtener datos de sus investigaciones para el debate público. Esa, para él, es la principal función de los científicos comprometidos con la sociedad y no participar en movimientos sociales o políticos. “No se deben suplantar las luchas sociales, acaso se acompaña a las comunidades que toman caminos para su defensa”, explicó el catedrático. 

Sin embargo, desde el Conacyt y desde la Secretaría del Medio Ambiente, Álvarez-Buylla y Toledo organizaron, a finales de 2019, una caravana de activistas ambientales, científicos y eurodiputados llamada “Toxitour”, que recorrió poblaciones de todo el país y durante el cual se señaló a cementeras, refinerías, mineras, así como termoeléctricas, nacionales y extranjeras, como responsables de una catástrofe ambiental y social. En el caso de los movimientos para proteger los recursos hídricos, y después de la sequía histórica que se vivió en 2020, comunidades en Puebla y en el norte del país incrementaron su oposición a la gestión de la Conagua y, en medio de las elecciones intermedias para renovar alcaldías, estas quejas también fueron capitalizadas por grupos políticos.

El “Toxitour”

Además de la demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en el caso de los Movimientos Dentro de la ANAA contra los Estados Unidos Mexicanos, Barreda Marín, ahora funcionario público, también organizó, desde el Conacyt, el “Toxitour”, que en la ciudad de Puebla contó con el apoyo de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, de la Coordinadora Plan de Ayala-MN, el Colectivo Hermanos Serdán, Ecotuzuapan, AC, y pobladores de Santa María Zacatepec, así como de 15 agrupaciones sociales y campesinas. 

Tres rutas en el estado de Puebla fueron incluidas en el Toxitour México, que se efectuó el 7 de diciembre de 2019 y en el que participaron 36 eurodiputados, abogados, científicos y toxicólogos y activistas extranjeros, quienes recorrieron con el apoyo de Conacyt zonas industriales de Puebla para documentar los altos niveles de contaminación.

Los participantes en esa gira pidieron declarar al estado en emergencia ecológica. El pasado 9 de agosto, personas inconformes con la operación de la planta de Bonafont en la comunidad de Juan C. Bonilla tomaron las instalaciones con el apoyo de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, según videos y testimonios. Hasta ahora el gobierno de Miguel Barbosa no ha logrado resolver este conflicto que ahora atrae a científicos críticos del gobierno de la Cuarta Transformación.

El pasado 30 de agosto, Gilberto López y Rivas, doctor en antropología por la Universidad de Utah, profesor e investigador del INAH y exasesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, participó en un foro virtual denominado “Primer Encuentro Científicos por la Vida”, organizado precisamente por ese grupo de personas inconformes con la operación de la planta de la empresa Bonafont.

En ese foro, López y Rivas aseguró que la supuesta lucha contra la corrupción y el adelgazamiento de las estructuras gubernamentales “que, si bien se podría calificar como positiva ante el saqueo de la clase gobernante del erario, ya se constituye como un factor para la aplicación en México y, sin contratiempo alguno, de proyectos neoliberales como las Zonas Económicas Especiales, el Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec (al cual calificó como el resurgimiento del tratado McLane-Ocampo del siglo XIX), la siembra de árboles frutales”, para lo cual –dijo– se queman hectáreas enteras para entrar a lo que calificó como un programa clientelar. 

López y Rivas, quien participó en las filas del PRD, también mencionó la construcción de caminos en zonas rurales, refinerías, así como la edificación de aeropuertos y la declaratoria de zonas francas en la frontera norte del país, como avances de una política neoliberal que busca debilitar la autonomía de los pueblos.

En entrevista con Proceso, investigadores en temas ambientales aseguraron que, con la integración al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, científicos que habían liderado durante décadas las impugnaciones a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por el daño ambiental causado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las reformas estructurales, se esperaban cambios sustanciales en las políticas públicas para este sector.

Sin embargo, al no lograr avances en medio del cambio climático y la emergencia ambiental y sanitaria, simplemente perdieron autoridad moral y legitimidad. Esta situación también ha provocado la radicalización de movimientos y la politización de los problemas y fenómenos naturales.

La renuncia de Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente el 31 de agosto de 2020 marcó el distanciamiento entre el gobierno de la Cuarta Transformación y grupos de científicos que simpatizaban con ella y que ahora mantienen posiciones críticas frente al avance de obras de infraestructura hídrica, como la presa El Zapotillo, la liberación y renovación de licencias para operar recursos hídricos y la consolidación de proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. En foros y entrevistas posteriores a su renuncia, Toledo mantiene sus críticas a la conducción de la política ambiental. El catedrático de la UNAM fue consultado sobre este tema, pero prefirió no hacer comentarios. Tampoco la directora del Conacyt hizo comentarios sobre la “pausa” en la que se encuentra la UCCS.

El investigador de la Universidad Iberoamericana en Puebla, David Jiménez, asegura en entrevista que para los activistas y los movimientos sociales que buscan proteger el medio ambiente y, en especial los recursos hídricos, el gobierno del presidente López Obrador exhibe contradicciones. 

“Se llevaron a mucha gente de la comunidad científica a trabajar al gobierno, incluso a activistas, los dividieron y no hay avances. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla hay un gran problema de minas, de hidroeléctricas. María Luisa (secretaria del Medio Ambiente) conoce muy bien la situación y decía: ‘Ahora que llegue se van a parar concesiones, se va a hacer esto y lo otro, o por lo menos neutralizarlo’, pero más bien está haciendo todo lo contrario en el gobierno”, agrega David Jiménez, quien se mantiene muy cerca de grupos en la comunidad poblana de Juan C. Bonilla que, desde hace seis meses, tomaron las instalaciones de la embotelladora Bonafont.

Jiménez realiza un constante acompañamiento en las actividades de los grupos que tomaron esa planta, cuestiona el papel de la Conagua y asegura que lo dictámenes respecto a la situación de los mantos freáticos y el aprovechamiento de los pozos artesanales y los concesionados a las empresas están equivocados.

El 30 de junio de 2021, la Conagua, a través del organismo de Cuencas Balsas, emitió una opinión técnica sobre las causas del socavón que surgió en esa comunidad el 29 de mayo y concluyó que el acuífero del Valle de Puebla cuenta aún con disponibilidad, con lo cual se concluye que el acuífero no se encuentra en condición de sobreexplotación y mucho menos que ésta pueda ser la causa del accidente geológico del socavón. Este acuífero, así como los pozos tradicionales, después de la temporada de lluvias de este año, ha recuperado sus niveles tradicionales, según la Conagua.

Para Jiménez, sin embargo, en torno al conflicto por el agua en Puebla hay un silencio cómplice por parte del gobierno, por parte de la comunidad científica que ahora está más preocupada por recibir recursos del presupuesto y por politizar los movimientos.