Jorge Bravo
Qué hará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
La creación de la ATDT como su reglamentación anteceden las previsibles reformas legislativas derivadas de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual genera un escenario de incertidumbre y posibles conflictos de competencias.
El Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero último, define las funciones de esta nueva entidad, encabezada por José Antonio Peña Merino, una dependencia de la Administración Pública Federal con rango de secretaría de Estado que tiene la responsabilidad de la digitalización gubernamental y la política pública de telecomunicaciones.
Tanto la creación de la ATDT como su reglamentación anteceden las previsibles reformas legislativas derivadas de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo cual genera un escenario de incertidumbre, más cambios y posibles conflictos de competencias.
La ATDT tendrá el diseño y ejecución de las políticas de transformación digital del gobierno federal, desde digitalización de trámites, ciberseguridad, hasta la inclusión digital y la gobernanza de datos. Su objetivo principal es coordinar y ejecutar políticas públicas en materia de telecomunicaciones y transformación digital.
Su estructura está conformada por distintas unidades administrativas y coordinaciones nacionales, entre las que destacan:
- Coordinación Nacional de Transformación Digital, encargada de implementar la identidad digital, la interoperabilidad de bases de datos y la simplificación administrativa.
- Coordinación Nacional de Infraestructura Digital, que supervisará la ciberseguridad, las políticas de telecomunicaciones y la capacidad satelital.
- Dirección General de Políticas de Telecomunicaciones, responsable de coordinar con las autoridades en materia de conectividad y redes de telecomunicaciones.
- Dirección General Satelital, que administrará el uso del espectro satelital para fines de seguridad y desarrollo social.
También contará con un órgano administrativo desconcentrado, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, lo cual refuerza su capacidad de influir en la formulación de políticas y regulaciones de toda la Administración Pública Federal.
La creación de la ATDT representa una gran oportunidad para consolidar esfuerzos en la digitalización del gobierno y México, mejorando el acceso a servicios públicos.
La agencia tiene el potencial para fomentar la inclusión digital y promover un entorno tecnológico más eficiente para los ciudadanos. Además, su capacidad para celebrar convenios con otras entidades puede facilitar una colaboración interinstitucional más efectiva entre diferentes niveles de gobierno como estados y municipios.
Si bien la ATDT promete una modernización de la administración pública y una mejor coordinación de políticas digitales, su creación también plantea vacíos institucionales. Uno de los puntos más controvertidos es que la ATDT no administrará el espectro radioeléctrico, función que quedará en manos de otra autoridad aún no definida.
Esto plantea problemas de gobernanza, pues la política de telecomunicaciones estará dividida entre varias instancias abriendo ventanillas e ineficiencias regulatorias en un sector clave para la digitalización.
La ATDT tampoco otorgará, prorrogará u otorgará concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero sí puede emitir opiniones técnicas no vinculantes dirigidas a la autoridad competente, lo cual ya es un tema de conflicto.
Por eso, aunque el reglamento establece amplias atribuciones para la ATDT, es fundamental que se defina claramente su relación con el resto del sistema administrativo federal, especialmente considerando las modificaciones legislativas que acompañarían su creación.
La coexistencia de la ATDT con otras instancias como las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Economía en regulación competencia económica y asimetría puede generar conflictos de competencias y políticos, especialmente en temas como la regulación del espectro, la cobertura universal y la preponderancia en telecomunicaciones y radiodifusión.
A diferencia del IFT, la ATDT estará bajo el mando directo del Poder Ejecutivo, lo cual limita su independencia y puede afectar la neutralidad de sus decisiones. Esto es delicado en un sector donde se requieren criterios técnicos objetivos y no influencias políticas en la administración del espectro, el despliegue de redes o el otorgamiento de concesiones.
La ATDT tendrá un control casi absoluto sobre la estrategia de digitalización del gobierno, incluidas bases de datos, interoperabilidad identidad y ciudadanía digital. Si bien esto puede mejorar la eficiencia burocrática, también concentra un poder significativo sobre la información de los ciudadanos, lo cual exige robustos mecanismos de transparencia y protección de datos para evitar abusos. Considérese que también ha quedado extinto el INAI, responsable de tutelar el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales.
La ATDT coordinará la ciberseguridad del gobierno y coordinará la identificación, monitoreo y evaluación de riesgos de ciberseguridad, así como los procesos de gestión, seguimiento de planes, controles, políticas para mitigarlos y dirigir la respuesta a incidentes de ciberseguridad.
La agencia nace con la misión de transformar digitalmente la administración pública y coordinar la política de telecomunicaciones, pero lo hace en un contexto de transición legal y fragmentación institucional, cuando lo ideal sería que esa nueva secretaría concentrara todas las funciones. Mientras el Congreso define futuros cambios a la ley de telecomunicaciones y de competencia económica, la ATDT debe enfocarse en generar avances concretos en digitalización gubernamental, inclusión digital y ciberseguridad, en un sector que exige resultados inmediatos, neutralidad regulatoria y visión a largo plazo.
X: @beltmondi
