CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa del vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum que, en el caso, se esté aplicando “justicia selectiva”.

Epigmenio Mendieta, abogado del naval informó que su cliente envió una quinta carta a la mandataria federal, quien no ha respondido ninguna misiva, y destacó que este “silencio institucional” contrasta con la forma en cómo se han comportado las autoridades en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Ese silencio institucional contrasta con los posicionamientos recientes de la propia Presidenta, quien ha sostenido en sus conferencias que para señalar o responsabilizar a cualquier persona deben existir ‘pruebas suficientes’ y ‘elementos contundentes’.

“El debate ocurre además en medio de las recientes acusaciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos contra diversos actores políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios, casos en los que desde el Gobierno mexicano se ha insistido correctamente en la necesidad de pruebas y debido proceso antes de emitir juicios”, señaló el abogado mediante un comunicado.

En la carta, el también sobrino del extitular de la Semar, Rafael Ojeda, denunció ser víctima de violaciones a sus derechos humanos, irregularidades procesales y acusó que se le está dejando en estado de indefensión pues la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) le han negado entregarle información clave para su defensa.

Farías Laguna indicó a Sheinbaum que su vinculación a proceso fue realizada sin pruebas fehacientes que acrediten circunstancias de tiempo, modo y lugar y reprochó que se le exhibió públicamente como culpable antes de su audiencia inicial lo que, generó un efecto corruptor que violentó su presunción de inocencia.

Farías Laguna fue detenido hace ocho meses y, desde entonces, no ha podido acceder a toda su carpeta de investigación porque la FGR alega razones de seguridad nacional para negarle el acceso.

“Si el Gobierno de México sostiene que nadie puede ser condenado sin pruebas, ese criterio debe aplicarse para todos los ciudadanos por igual y no únicamente en los casos políticamente convenientes”, dijo Mendieta.

“La falta de respuesta a cinco cartas consecutivas enviadas a la Presidencia no solo profundiza la percepción de abandono institucional denunciada por el acusado y su familia, sino que alimenta cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso público sobre justicia y la actuación real de las instituciones encargadas de procurarla. La justicia no puede depender del contexto político. La presunción de inocencia no puede aplicarse selectivamente”.