Tren Maya
Vigente, contrato de Fonatur con empresa abusiva
La liberación de terrenos para el Tren Maya está más empantanada que antes. El secretario de Bienestar, Javier May, aparentemente les mintió a los pobladores afectados por el proyecto del sexenio, al anunciarles que se rescindió el contrato con el despacho Barrientos y Asociados.
La liberación de terrenos para el Tren Maya está más empantanada que antes. El secretario de Bienestar, Javier May, aparentemente les mintió a los pobladores afectados por el proyecto del sexenio, al anunciarles que se rescindió el contrato con el despacho Barrientos y Asociados para gestionar la identificación y adquisición de predios, debido a las denuncias de que la empresa recurrió a extorsiones, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Según el Fonatur, sigue vigente la relación con ese contratista demandado por la vía penal.
CAMPECHE, Camp. (Proceso).– En julio pasado, después de que salieron a la luz los presuntos hechos delictivos que BYA Barrientos y Asociados perpetró a la sombra de su encomienda, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció la rescisión del contrato que de manera directa le asignó a esa empresa, encabezada por Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, para ocuparse de los trabajos técnico-jurídicos de identificación y liberación de áreas para el derecho de vía del Tren Maya.
No obstante, según información proporcionada por el propio Fonatur vía transparencia, la relación contractual sigue vigente.
En el apartado de antecedentes que se encuentra al inicio del contrato abierto C-TM-007/2010, hasta por 62 millones de pesos más el impuesto al valor agregado, que protocolizaron el 14 de agosto de 2019 Barrientos Quintero como apoderado de BYA; Alejandro Varela Arellano como director jurídico de Fonatur, y Arturo Ávalos como apoderado de Nacional Financiera, la fiduciaria del fideicomiso Fonatur, la empresa fue seleccionada en “una investigación de mercado con el objeto de identificar la existencia de oferta de los servicios, el costo de los mismos y los proveedores con capacidad de prestar los servicios”.
Como parte de los múltiples servicios para los que fue contratada, BYA debía identificar, negociar la compra de las tierras para reservar el derecho de vía del tren a lo largo de todo su derrotero y hasta pagar las indemnizaciones correspondientes, pero sus representantes presuntamente robaron el dinero a los afectados, en algunos casos incluso a punta de pistola, y en otros obligándolos a cederles parte de los recursos que les correspondían en pago por sus supuestos servicios de gestión, entre otros modus operandi.
También se le acusa de obligar a muchas personas, incluidos indígenas que no hablan español, a firmar la venta de sus tierras; de falsificar documentos y firmas, así como de realizar asambleas ejidales ilegales sin traductores ni autoridades de la Procuraduría Agraria y de otras dependencias que por ley debían asistir para legitimarlas.
Por ello, en mayo pasado la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, integrada por comunidades del sur de Campeche por donde correrá el Tramo Uno del Tren Maya (Palenque-Escárcega), denunció pública y penalmente a la empresa por delitos como fraude, extorsión, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Las denuncias se asentaron en la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que la General de la República (FGR) no las admitió. Los ejidatarios calculan que el monto de lo robado ronda los 15 millones de pesos.
El 2 de julio la misma agrupación denunció que seguían siendo “presionados, hostigados y criminalizados” por solicitar transparencia y apertura al diálogo. Acusaron al Fonatur de filtrar información sensible contenida en las denuncias y demandas contra BYA, con lo que “incrementó el riesgo y la vulnerabilidad en la cual ya de por sí” se encuentran por ejercer su derecho a la defensa de sus territorios ante el proyecto del Tren Maya.
También hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda el conflicto y garantice la seguridad, así como el respeto a los derechos humanos de los pobladores.
A fin de sosegar los ánimos y destrabar las negociaciones que se requieren para el derecho de vía del Tren Maya, el Fonatur anunció en las comunidades afectadas que rescindió el contrato a BYA y que emprendió acciones legales con objeto de investigar las acusaciones. Personal de Fonatur asumió la parte de los trabajos para los que se había contratado a la empresa de Barrientos Quintero.
La fecha de la supuesta rescisión del contrato fue el 4 de julio.
Tal versión fue apuntalada por el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, quien el 15 de julio, en una visita a esas comunidades, les ofreció “una disculpa de verdad, por todo lo que han pasado; una disculpa pública. El gobierno y nosotros somos los primeros que vamos a actuar en contra de este fraude, de este robo que les hicieron a los ejidatarios. Esto no se va a quedar así, se les va a pagar lo que se les debe hasta el último centavo”.
Y afirmó: “Barrientos y Asociados no puede contratar personal que venga a robarle al pueblo, no aceptamos eso; nosotros hoy cancelamos ese convenio que tenemos”.
Pero resulta que “dicho contrato no ha sido rescindido”, según la contundente y reiterativa respuesta que dio el Fonatur el pasado 14 de septiembre a una solicitud de información pública que recibió el 17 de agosto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 2116000023621).
En esa solicitud se pidió al Fonatur confirmar si se rescindió el contrato de BYA Barrientos y Asociados, y de ser así, explicar los motivos y términos de la supuesta cancelación y los costos que implicó.
No hubo respuesta a los cuestionamientos sobre cuántas denuncias por fraude o extorsión pesan sobre la empresa, el monto de la afectación y cómo resarcirá Fonatur a las víctimas de su contratista. Tampoco la hubo a la interrogante sobre los poderes que la paraestatal otorgó al contratista para la realización de sus servicios.
La noche del 29 de septiembre, después de mucho insistirle, la paraestatal Fonatur Tren Maya, SA de CV, dio una ambigua respuesta a otro cuestionario que se le envió a través de sus enlaces del área de Comunicación Social en relación con BYA.
Confirmó que ahora “las actividades de concertación y de liberación del derecho de vía se realizan directamente por personal adscrito al proyecto Tren Maya” y que esa entidad “interpuso la denuncia correspondiente ante las instancias competentes para poder dar claridad sobre las presuntas irregularidades” que se le imputan a Barrientos y Asociados.
Añadió que “por lo anterior, y debido a que otorgar dicha información puede vulnerar garantías de seguridad jurídica y del debido proceso consagradas y tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendido como el derecho procesal que debe estar presente en toda clase de procedimientos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro”, eludió la pregunta sobre la supuesta rescisión a la contratista.
No obstante agradeció el acercamiento de este medio “para obtener claridad sobre la información oficial del proyecto” y reiteró su “compromiso con la transparencia y claridad de información del Proyecto Tren Maya”. Por último, sugirió recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia.
La cláusula decimoséptima del contrato en cuestión, en la que se estipulan las causales de rescisión, no previó los delitos que ahora se le imputan al prestador del servicio, pero estableció:
“El Fonatur podrá determinar no dar por rescindido el contrato cuando durante procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto deberá elaborar dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más desfavorables para el Fonatur.”
Los trabajos que Fonatur encargó a BYA son determinantes para la culminación del Tren Maya, la obra cumbre del sexenio y que, según el compromiso presidencial, debe estar en funcionamiento en 2024, por lo que el tiempo apremia y la obra está desfasada precisamente por conflictos con las tierras que la contratista terminó de complicar.
El numeral 1.2 del contrato, que ya lleva dos modificaciones para ampliar a la empresa el plazo de entrega, expone “la trascendencia” de esos trabajos “técnico-jurídico-administrativos” “para la eficaz y pronta ejecución del Tren Maya”. La tarea de BYA es crucial: obtener a favor del gobierno federal “la titularidad y/o propiedad legal de la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado para el proyecto en cuestión”.
La empresa debía garantizar “la correcta adquisición del derecho de vía” y “evitar los problemas de índole social, legal y político, que podrían repercutir en el actuar del gobierno federal”.
En la descripción del objeto de la contratación se especifica que la contratista debe determinar la situación jurídica general que guarda la tierra a ocupar; advertir el estatus legal de los predios en lo individual ante las instancias gubernamentales del orden federal, estatal y municipal e identificar a los propietarios para definir la mejor estrategia de liberación del derecho de vía necesario en un tramo de 538 kilómetros.
Asimismo debe conseguir la anuencia por escrito de los dueños de los terrenos, que faculte a la entidad para iniciar los trabajos de campo esenciales para la construcción del Tren Maya y acompañar al Fonatur para conseguir la formalización de la adquisición del derecho de vía como tal.
Para cumplir la encomienda, se le dio a la empresa acceso a información confidencial y privilegiada en relación al proyecto; peor aún, gracias a este trabajo acumuló datos delicados sobre cada predio y sus respectivos propietarios o posesionarios, así como de las riquezas de la zona, como las reservas de agua, nuevos sitios arqueológicos o instalaciones estratégicas de la nación, de modo que los 62 millones de pesos más IVA pactados resultan poca cosa comparados con el valor consustancial del contrato y la información que contiene.
El contrato incluye una cláusula de confidencialidad, la decimosegunda, pero se restringe a la vigencia de la relación contractual:
“El Fonatur se compromete a proporcionar a ‘el prestador del servicio’ todos los datos necesarios para que éste pueda desarrollar sus actividades, y a su vez ‘el prestador del servicio’ se compromete a manejar todos los datos que se le proporcionen, con carácter estrictamente confidencial y aprovecharlos única y exclusivamente en función del mejor desarrollo de sus actividades a favor del Fonatur.
“La violación de ‘el prestador del servicio’ a lo contenido en esta cláusula da lugar a la rescisión del presente contrato. El prestador será plenamente responsable por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar en la prestación de los servicios aquí contratados, ya fuere ante el Fonatur o ante terceros por utilizar la información proporcionada por el Fonatur sin respetar la obligación de mantenerla bajo estricta confidencialidad.
“El personal que labore para el prestador del servicio en los servicios objeto del presente instrumento deberá estar informado de las obligaciones de confidencialidad y estar obligado con el prestador del servicio a preservar la información con carácter confidencial.”
Lo que no se advierte, al menos en el contrato marco ni en sus dos modificaciones, es alguna cláusula de secrecía profesional que impida a Barrientos y sus asociados, familiares o allegados, lucrar posteriormente con el conocimiento que ahora posee, como solía hacerse por ejemplo con los contratos petroleros, en los que se les imponían a los contratistas ese tipo de candados hasta por dos décadas.
Tampoco hay una disposición que proteja el bien superior de la Nación o a las personas y sus terrenos de los que la empresa obtuvo datos sensibles y que en lo sucesivo podrían derivar en especulaciones y hasta despojos, pues las acusaciones que acumula BYA hacen pensar que no es confiable.
