CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de un proceso de más de 18 años que inició con su detención y tortura sexual hasta llegar a las Naciones Unidas, Luis Pascual Ángel Luna está a punto de ser sentenciado por secuestro y delincuencia organizada. 

El hombre, de más de 70 años, fue detenido el 28 de julio de 2012 por elementos de la extinta Policía Federal en Temixco, Morelos. 

Desde su detención afirmó que los policías que lo aprehendieron lo torturaron y agredieron sexualmente para obligarlo a proporcionar información de personas que, dijo, no conocía. 

Como parte de esto, acudió al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) donde en el año 2021 consiguió que le fueran emitidas medidas cautelares. 

Debido a que el Estado mexicano no cumplió con las medidas ordenadas por el CAT, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el 9 de julio, la extinta Primera Sala le concedió un amparo en el que determinó que las medidas son obligatorias y las autoridades jurisdiccionales de México pueden supervisar su cumplimiento. 

Debido a que la propuesta de amparar a Luis Pascual Ángel Luna fue aprobada por unanimidad en la Primera Sala, el criterio es jurisprudencia obligatoria en todo el país, pues implica que las medidas cautelares en materia de derechos humanos dejen de ser consideradas como meras recomendaciones. 

En el fallo, la Corte ordenó entonces revisar la medida de prisión preventiva oficiosa a la que Ángel Luna fue sometido desde el año 2012 y en septiembre del año pasado recuperó su libertad. 

El pasado 19 de febrero se celebró la audiencia final en el caso, por lo que ahora el juez encargado de su causa penal deberá analizar las pruebas aportadas tanto por la defensa como por el ministerio público para dictar sentencia. 

El fallo de la SCJN no sólo implicó que el hombre recuperara su libertad, sino que también recibiera atención médica y psicológica de manera inmediata para rehabilitarlo y permitirle acceder a los derechos, mecanismos y procedimientos previstos en la Ley General de Víctimas. 

En el expediente existen las declaraciones de Luis Pascual Ángel Luna de que fue sometido a tortura sexual; los informes médicos de la cirugía a la que fue sometido con motivo de las lesiones que presentaba como parte de la tortura a la que fue sometido, así como los dictámenes con base en el Protocolo de Estambul.  

Por lo que, al estar reconocido que el hombre fue torturado, las pruebas obtenidas mediante esta práctica deberán ser eliminadas por el juez. 

De acuerdo con el IFDP, entre estas pruebas están las declaraciones que el hombre realizó señalando a otras personas supuestamente involucradas en el delito por el que es acusado y otras que fueron recabadas sin que estuviera debidamente asesorado por un abogado. 

Mientras espera su sentencia, Ángel Luna ya acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para declarar como víctima de tortura, pues la integración de la investigación contra los elementos policiales que lo detuvieron aún está en curso.