Guerra Sucia
Una Comisión de la Verdad de corto alcance
Creada a partir de un decreto presidencial el pasado sábado 2, la Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones graves de los derechos humanos entre 1965 y 1990 es considerada por activistas y especialistas en derechos humanos como un avance.
Creada a partir de un decreto presidencial el pasado sábado 2, la Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones graves de los derechos humanos entre 1965 y 1990 es considerada por activistas y especialistas en derechos humanos como un avance. Sin embargo, causaron polémica el periodo que revisará, la forma en que se instituyó y su carácter transitorio.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Considerada una “deuda histórica de la izquierda en México”, vio la luz la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, al publicarse el miércoles 6 en el Diario Oficial de la Federación el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 2 de octubre, 53 años después de la masacre de Tlatelolco.
La publicación del decreto prometido desde el 30 de agosto por López Obrador en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada generó opiniones encontradas sobre la efectividad de la Comisión de la Verdad, por restringir su alcance a 25 años de la historia de México –la mayor parte, correspondiente a la Guerra Sucia, cuando el Estado volcó su poder en la contrainsurgencia– y no ampliarlo a las atrocidades ocurridas décadas después.
El sábado 2, en la inauguración del Sitio de Memoria Tlaxcoaque, que fue sede de la Dirección General de Policía y Tránsito en los sesenta y setenta, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, describió la Comisión de la Verdad como un hito “para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de lo que es la competencia de la administración pública federal”.
Cuatro días después, con la publicación del decreto en el Diario Oficial, se establece el mecanismo “con carácter transitorio” y funciones de “investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990”.
Está integrada por los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de la Segob, a través del subsecretario Encinas, así como de los responsables del Archivo General de la Nación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
La comisión sumará además a cinco personas expertas “de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la Comisión” y que, al igual que los funcionarios, “ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su participación”.
Su mandato contempla el esclarecimiento histórico de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el periodo de revisión, coadyuvar en el acceso a la justicia, establecer planes de búsqueda y reparación a las víctimas, diseñar estrategias para la memoria y garantías de no repetición, coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública federal “acciones de búsqueda e investigaciones de campo con las personas y en los lugares en los que se presuma se hayan cometido violaciones graves de derechos humanos” y colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales “con el fin de coadyuvar en el acceso a la justicia y la verdad a las víctimas”.
El decreto establece que la comisión estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024 y que presentará ante el presidente, las víctimas, sus familiares y sobrevivientes, así como a la sociedad en general, un informe final “de esclarecimiento histórico de los hechos, procesos, instituciones y responsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano”.
Temporalidad, a debate
Alicia de los Ríos Merino, hija de la líder guerrillera de la Liga Comunista 23 de Septiembre Alicia de los Ríos, detenida y desaparecida en enero de 1978 en la Ciudad de México, considera que la vigencia que se le dio al instrumento es muy corta, si se considera que en los hechos, por razones administrativas y presupuestales, podría estar operando a partir de enero de 2022, pero “es un avance que se ponga en el debate público la Comisión de la Verdad como una necesidad en la transición”.
Integrante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, una de la veintena de colectivos de familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia que participaron en el diseño de la comisión, De los Ríos Merino apunta que en nuestro país, como en otros de Latinoamérica e incluso España, “procesos de violencia política como la contrainsurgencia están diseñados para no dejar rastros, por lo que plantear una Comisión de la Verdad es justo sacar el tema de la jurisdicción de las propias familias o de los colectivos, como si fueran los entes a los únicos que nos importara, para ponerlo en debate público, de la sociedad. Si esa sociedad no se manifiesta, ni para bien ni para mal, querrá decir que triunfó la apuesta al olvido”.
Sobre el periodo histórico de revisión, de 1965 a 1990, De los Ríos Merino señala que durante esos años prevaleció una violencia de Estado con una “lógica contrainsurgente”, con particularidades en cada región, “pero en algún momento hay un nudo entre los victimarios, los perpetradores”.
No comparte la opinión de quienes sugirieron, al triunfo de López Obrador, ampliar el periodo de revisión en busca de esclarecer otras atrocidades cometidas en el país en años más recientes, como parte de un proceso de justicia transicional.
“Si ampliamos la temporalidad, el resultado final sería un informe equis, que no va a servir para un verdadero esclarecimiento del paradero de los desaparecidos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pugnar por otra comisión para que pueda desentrañar las nuevas lógicas, en la que se le incluye ahora la participación de particulares entre los perpetradores, pero en las que las comunidades de víctimas han tenido acceso a un Ministerio Público y a una Comisión Nacional de Búsqueda.
“Sería un desatino pedir una comisión para todos, para todas las colectividades de víctimas, la Comisión de la Verdad para las víctimas de la contrainsurgencia surge por la complejidad del caso, por el no acceso histórico a la justicia, por el no acceso histórico a la verdad, históricamente hemos vivido el desprecio, se necesitan instancias diferenciadas”, sostiene.
Con más de 40 años en espera de saber el destino de su madre, vista por última vez en instalaciones militares, con una investigación abierta en la FGR y un litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, De los Ríos espera que el trabajo de la Comisión pueda convencer a las autoridades de la administración que suceda a la actual, para continuar con los trabajos de esclarecimiento.
“Estamos conscientes de que el tiempo puede jugar en contra de nosotros, pero también confiamos en que, ya colocada la efectividad del mecanismo, podemos lograr cabildear con los próximos que la comisión pueda seguir, y mantenerse el compromiso implícito de proseguir estos ejercicios y con el de Ayotzinapa, así como crear otra comisión para la violencia política de las últimas dos décadas”, puntualiza.
Luis Daniel Vázquez Valencia, jefe del Departamento de Posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, celebra la creación de la Comisión de Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico como “ejercicio que nos permita saber sobre todo qué sucedió en el país y dotar de verdad a los familiares” de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, aunque tiene algunas objeciones.
“Lo veo bien, pero demasiado limitado en la relevancia política que le están dando, en la forma que lo establecieron como un decreto y en la limitación temporal que le establecieron, que es la principal limitación”, apunta el experto en derechos humanos.
Para el también doctor en ciencias sociales con mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Vázquez Valencia dice que no debe perderse de vista que “México sigue teniendo graves problemas de violencia, con 36 mil homicidios al año y más de 92 mil desaparecidos actualmente”.
El experto describe el periodo contrainsurgente como una época en que prevalecieron violaciones a derechos humanos de forma sistemática, “como parte de una política pública” en la que desde la alta jerarquía del poder se ordenaba “a quién van a desaparecer, cómo lo van a hacer, qué tipo de información les van a pedir”, mientras que en años recientes se trata de “violaciones generalizadas” cometidas por distintos órganos involucrados en “redes de macrocriminalidad”.
Considera que “si no hay una conexión” entre ambas temporalidades, la Comisión de la Verdad “será poco útil para la construcción del ‘nunca más’, uno de los objetivos más importantes de este tipo de mecanismos”.
Apunta que la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y la corrupción “nacen en los años sesenta y setenta y se mantienen hasta ahora como prácticas o culturas organizacionales de la impunidad, como parte de una herencia del viejo régimen”.
Al señalar que la vigencia del mecanismo debería estar fijada por el cumplimiento de los objetivos y no por el sexenio, insiste en que en la construcción del “nunca más” deben considerarse “acciones de memoria en las que puedan establecerse esas conexiones de ese pasado con lo que sucede en el presente”.
Advierte que la creación de una Comisión de la Verdad a través de un decreto y no de una ley refleja “claramente que no es un tema relevante para el presidente”.
Tras recordar que a mediados de 2018 se le encomendó a Loretta Ortiz, actual integrante del Consejo de la Judicatura, el diseño de una ley de justicia transicional, que necesariamente implicaría “generar consensos en torno a la verdad con las principales fuerzas políticas, para que no tengas este problema de que, si se acaba el gobierno, se acaba la política gubernamental, en vez de construir una política de Estado”.
Resalta que la oportunidad de impulsar una Comisión de la Verdad como política de Estado se perdió cuando López Obrador “promete perdón a la clase política y decide continuar con el pacto de impunidad, con aquella frase de ‘Olvido no, perdón sí’ (en agosto de 2018), dejando en el olvido cualquier proceso de justicia transicional”.
Reflexiona que una evidencia más de que los derechos humanos no están en la agenda de López Obrador es que, de haber impulsado ese proceso de justicia transicional, no podría mantener el diálogo con el PRI y el Ejército, que le son útiles para lo que verdaderamente le interesa.
“Si se hubiera echado a andar la justicia transicional en ese momento, olvídate de cualquier posibilidad de diálogo con el PRI, de quien espera los votos para la reforma energética, y del Ejército, su principal aliado”, sostiene.
Reconoce que el país ha tenido algunos avances, sobre todo en materia de política social, pero en derechos humamos “lo que miramos son más bien retrocesos”; de ahí las escasas expectativas de que tenga éxito la Comisión de la Verdad.
“Creo que no va a pasar demasiado porque no es la agenda del presidente, en buena parte porque, es real, los derechos humanos no son un tema sexy, tenemos que hacer muchos esfuerzos para que la gente se interese de esas discusiones y en situaciones como las que abordará la Comisión de la Verdad. La gente no se va a apropiar en automático, ahí es donde obviamente tiene que haber un esfuerzo fuerte por parte del Estado para que suceda”, concluye.
