En el arranque del sexenio, el gobierno de López Obrador apuntó hacia la presunta responsabilidad de funcionarios de la administración de Felipe Calderón en Rápido y Furioso, la fallida operación estadunidense que permitió el ingreso masivo de armas al país. Así, la FGR inició una investigación y el canciller Ebrard envió a Washington una nota diplomática pidiendo detalles de dicha operación… Casi dos años después, la cancillería secunda el silencio de Estados Unidos, la FGR no ha judicializado una sola carpeta de investigación y sigue sin saberse si hubo cómplices mexicanos y si las agencias estadunidenses violaron la soberanía nacional.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Doce años después que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) inició Rápido y Furioso –operación encubierta responsable del ingreso masivo de armas de alto poder a México–, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha esclarecido si supieron de ella funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.

La FGR retomó la investigación en 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos apenas había cerrado el caso.

Con Rápido y Furioso la ATF permitió a “civiles” la compra masiva de armas de alto poder que se suponía serían rastreadas desde su salida de la armería hasta su usuario final. Su objetivo: desarticular el tráfico de armas a México. Fue un fracaso y más de 2 mil 500 artefactos siguen en el país, en manos de cárteles.

Con el cierre de la investigación en Estados Unidos quedó sin conocerse el número exacto de armas que Rápido y Furioso permitió ingresar a México ni cuántas fueron decomisadas y cuántas siguen en la calle. Tampoco se conoce cuántas personas han sido asesinadas o heridas en ambos países con esas armas.

Desde 2010 autoridades y agentes estadunidenses involucrados en la operación han hecho declaraciones contradictorias en cuanto a si funcionarios del gobierno mexicano sabían de ella. De acuerdo con sus versiones, al menos, se enteraron los extitulares de la PGR Maricela Morales y Eduardo Medina Mora. El expresidente Calderón negó haber sido informado.

El 19 de mayo de 2020 el canciller Marcelo Ebrard dijo que envió una nota diplomática a Estados Unidos para conocer los detalles de Rápido y Furioso. Aseguró que el gobierno estadunidense ya revisaba dicha nota diplomática. Más de un año después, no hay respuesta.

“Esa indagatoria va a tener una repercusión muy importante y por eso lo hicimos saber en la nota diplomática. Es decir, hay de dos: o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México diciendo que no se sabía nada de esto; o bien, se atropelló, se violentó la soberanía nacional de México (por parte de Estados Unidos) y por eso es algo que es del mayor interés de la opinión pública”, explicó.

En 2021, a 12 años de Rápido y Furioso, la FGR no ha consignado ni judicializado alguna carpeta de investigación.

Pocas han sido las capturas realizadas. Una de ellas fue la de Heraclio Osorio Arellanes, identificado como el responsable del homicidio del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, quien murió el 14 de diciembre de 2010 en Mesquite Seep, en Arizona, tras un tiroteo donde se utilizaron dos de las armas perdidas.

De Los Zetas se detuvo a Jesús Enrique Rejón Aguilar y a otros integrantes de su organización, a quienes se extraditó por la muerte del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata, y por el intento de homicidio del agente Víctor Ávila, en San Luis Potosí, en febrero de 2011.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2346 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.