“Los gobiernos europeos están muy preocupados por el calentamiento global pero acá nos quieren destruir”, le dice un habitante de Juchitán, Oaxaca, al cronista que le pregunta sobre los parques eólicos controlados por empresas extranjeras. Y en su recorrido por las comunidades indígenas, hay quien le dice estar dispuesto a morir para que no se construya el Corredor Multimodal Transístmico, uno de los megaproyectos del presidente López Obrador. No están contra la energía eólica ni se oponen al desarrollo económico; se resisten a entregar el control de sus recursos naturales por nada y a poner en riesgo su modo de vida.
JUCHITÁN, Oax. (Proceso).- Llegué al Istmo de Tehuantepec pensando que la energía eólica era la alternativa ante la catástrofe ambiental: el planeta es ahora un grado centígrado más caliente que hace 100 años, y será dos grados más caliente en 2030, a menos de que reduzcamos a la mitad las emisiones de efecto invernadero. De no hacerlo, a finales del siglo XXI habrá el doble de guerras, la mitad de los alimentos y un PIB mundial 20% más bajo. Mi generación es corresponsable de la crisis: la mitad de las emisiones de carbono por quema de combustibles fósiles se han emitido en los últimos 30 años.
Por eso me sentí en un mundo al revés cuando llegué a Juchitán, Oaxaca, famosa por sus vientos que voltean tráileres en las carreteras. Los vendavales son parte de las expresiones populares. “Tiene aire tu cabeza”, se dice cuando hablas disparates. Y así me sentí, con aire en la cabeza, al escuchar a unos 40 líderes comunitarios, activistas e intelectuales indígenas, mestizas y mestizos, hablar en contra de la energía eólica la tarde del 17 de octubre pasado. ¿Qué puede tener de malo tomar la energía del viento?
Para que el viento se convierta en energía se emplean los aerogeneradores: turbinas con forma de ventiladores que pueden medir hasta 100 metros de altura y que se instalan en grandes extensiones de tierra –o de mar– en parques eólicos. Los vientos de 6.5 metros por segundo son suficientemente rentables para instalar un parque. En el Istmo de Tehuantepec la velocidad media de los vientos es de 10 metros por segundo, es decir, hay una mina de oro soplando sobre la región. Al día de hoy hay instalados mil 223 aerogeneradores en Oaxaca. Para los pobladores, que llevan más de una década lidiando con las empresas eólicas, la energía del viento –tal como se explota ahora– es un fraude en la lucha contra el cambio climático y una agresión a las formas de vida de las comunidades indígenas.
Las empresas dicen que los parques eólicos son inofensivos: argumentan que, si bien necesitan grandes extensiones de tierra, sólo ocupan 2% del territorio para la instalación de los aerogeneradores, y el resto puede seguirse usando para la agricultura. En realidad, una vez que arriendan la tierra y la llenan de turbinas suelen cerrar el acceso. Ya no se puede pastorear animales y sólo algunos tienen derecho a sembrar.
Una turbina de dos megawatts mide unos 67 metros (el Ángel de la Independencia mide 52) y necesita cimientos de unas 85 toneladas de concreto y acero para sostenerse: estructuras que estorban la recarga de los mantos freáticos y aceleran la desecación de ríos y esteros. La afectación no es menor, ya que la forma de vida de las comunidades binni’zaa (zapoteca) e ikoots (huave) es precisamente la siembra y la pesca.
En el Istmo de Tehuantepec hay 29 parques eólicos, asentados en ejidos o tierras comunales. Una pregunta importante es de quién son los aerogeneradores. En su mayoría pertenecen a empresas extranjeras. De los 29 parques, 17 son de capital español. Lo interesante es a dónde va esa energía o quién se queda con las ganancias del viento, y el número es elocuente: 92% de la energía eólica del Istmo de Tehuantepec es para autoabastecimiento: la producen empresas privadas para otras empresas privadas. Acciona, de España, produce energía para Cementos de México; la francesa EDF abastece a Wal-Mart, Suburbia y Vips; Eólica del Sur, también española, produce para los Oxxo y la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. Bimbo, por ejemplo, se luce diciendo que 400 de sus vehículos de reparto (y pronto sumará otros 2 mil) son “impulsados por el viento”, porque los abastece el parque eólico de Piedra Larga. Y así podríamos seguir con los datos obtenidos de una investigación de posgrado de Rosa Marina Flores Cruz, residente y activista en la zona.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el antiguo proyecto de convertir el Istmo de Tehuantepec en un canal seco que permita mover mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico. Le llamó Corredor Multimodal Transístmico y ha dicho que es uno de los proyectos prioritarios de su gobierno.
La reunión a la que asisto el 17 de octubre deja un mensaje claro: el Transístmico no pasará. Cuentan las historias de sus muertos: al dirigente de la comunidad de Cerro Grande, por ejemplo, lo asesinaron después de participar en una protesta. Era el líder del movimiento contra las altas tarifas eléctricas, porque para colmo, aquí, donde el viento se transforma en electricidad, los recibos de luz llegan de cientos o de miles de pesos a las casas de los campesinos pobres. Escucho a dos dirigentes decir que están dispuestos a morir por defender su territorio.
Bettina Cruz, integrante del Congreso Nacional Indígena, sentencia: “O nos salvamos todos o nos van a matar a cada quien por separado”. Ella nos guía por las calles de Juchitán. Esta ciudad es el epicentro del Istmo de Tehuantepec y el centro político de la industria del viento. A Juchitán la devastaron los sismos de septiembre de 2017, uno de ellos de 8.2 grados. En las calles de la ciudad se ven casas en ruinas, iglesias derrumbadas, terrenos que son tiraderos de escombro.
Bettina nos llama la atención hacia tres edificios públicos: el mercado, que ya se reconstruyó pero que sigue sin ocuparse (la burocracia lo ha impedido); la casa de cultura, que lleva el nombre del pintor Francisco Toledo, de la que no queda nada ni se nota ningún avance en su reconstrucción, y lo más simbólico: el palacio de gobierno; la fachada está en pie, pero el interior sigue inutilizable.
–Cómo es posible que en esta ciudad donde se generan millones de dólares en viento ni siquiera haya una derrama mínima para reparar sus edificios públicos –se queja Bettina.
Hay una imagen que condensa el abandono: arriba de la puerta principal del palacio municipal hay una torre fracturada y descarapelada con el astabandera pelona, sin lábaro patrio. Debajo se ve el reloj detenido a las 10:24. Y luego el escudo nacional: un disco de plástico amarrado a la pared con dos mecates, a punto de caerse. La Secretaría de Cultura reportó que el 23 de noviembre se iniciaron los trabajos para restaurar los monumentos históricos de Juchitán.
Unión Hidalgo
Desde 2011 habitantes de Unión Hidalgo se resistieron a la instalación de aerogeneradores. La empresa eólica Demex, filial de Renovalia Energy, se impuso entre desalojos y agresiones de la policía estatal, e instaló dos parques, uno con 69 aerogeneradores y otro con 152. El primero, en tierras comunales de Unión Hidalgo; el segundo, en tierras que ese municipio comparte con Juchitán.
Los de Unión Hidalgo se han vuelto expertos en viento. Hablan de megawatts, decibeles, del mercado de bonos de carbono. La instalación de las eólicas ha cambiado el lenguaje: lo que antes eran las tierras comunales ahora son “polígonos” donde están instalados los parques de compañías extranjeras. Se oponen al proyecto de Electricité de France –empresa con capital del gobierno francés– para instalar otro parque en su territorio.
Rescato algunas de las voces:
“Demex dijo que tendríamos universidades, hospitales, pavimentaciones. Nos pintaron un lugar mágico y nos engañaron” (Norberto Altamirano).
“Si se hace el Corredor Transístmico nos van a pedir más energía… los caminos que antes eran nuestros ahora tienen retenes y plumas. La gente que vivía de la caza y de la recolección de leña ya no tiene acceso a las tierras” (Édgar Martín).
“Nuestra desgracia es estar en una de las mejores regiones de viento a nivel mundial. Los gobiernos europeos están muy preocupados por el calentamiento global pero acá nos quieren destruir. Yo ya no puedo ir a la fiesta de mi pueblo por miedo. Voy caminando y me señalan: ‘ahí va el antieólico’, me estigmatizan” (Pedro Matus Ruiz).
“Los recibos nos llegan de 600 pesos. Mínimo deberían regalarnos la luz si están usando nuestro viento y las tierras que son de la comunidad” (maestra Rosalba).
Alguien más dice estar dispuesto a dar la vida para detener los megaproyectos.
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Para entrar al parque eólico de Piedra Larga 2, de 69 aerogeneradores, hay que pasar un retén con tres policías auxiliares armados.
Nos detenemos a conversar con un trabajador de mantenimiento.
–¿De cuánto le llega a usted el recibo de luz? –le pregunto.
De mil 500 a 2 mil pesos.
–¿Por qué tan caro?
–Porque no hay acuerdos con Demex (para subsidiar la luz). No hay beneficio para la gente, no hay nada. Hay una resistencia civil en algunas colonias de Juchitán, no se paga electricidad.
El trabajador acaba de revisar un aero de dos megawatts y 67 metros de altura. Algunas de sus partes se ven nuevecitas y lo son: los sismos de septiembre de 2017 bornearon algunos de los aerogeneradores. Las piezas dañadas las encontramos unos metros después, tiradas sobre la tierra. Fallan seguido: si el viento es muy fuerte, si hay tormentas o relámpagos, se queman sus fusibles y hay que subir a cambiarlos.
–¿Qué se siente producir tanta energía y pagar tan caro el recibo? –le cuestiono.
No me contesta. Mejor me cuenta la historia de San Mateo del Mar: que allá ni quisieron aerogeneradores porque les iban a echar a perder la pesca. Y para allá fui al otro día.
San Mateo del Mar
La península alberga dos comunidades: San Mateo del Mar y Santa María del Mar. Santa María ocupa el tramo más alejado. Y desde hace 10 años están aislados del mundo.
Desde el 19 de octubre de 2009 los de San Mateo mantienen un retén que impide el paso a la comunidad vecina de Santa María, una población de mil 500 personas. En esos 10 años no ha pasado ningún vehículo, ni de alimentos, medicinas, médicos o maestros. Para romper el cerco hay que subirse a una lancha que te lleva a Salina Cruz, pero es un viaje peligroso: ya ocurrió que en una volcadura murieron tres personas.
Los de Santa María del Mar dicen que sus vecinos de San Mateo están molestos porque han perdido la batalla por las tierras comunales. Y es verdad: las autoridades y las leyes han estado del lado de Santa María.
Pero la historia es más profunda: San Mateo conserva cultura y gobierno indígenas, además de la lengua ombeayiüts. Reivindican la propiedad comunal sobre unas 7 mil 700 hectáreas. En 1984 el presidente Miguel de la Madrid repartió una parte de ese territorio y a Santa María le adjudicó 3 mil 773 hectáreas. Dentro de esas tierras quedaron los lugares sagrados de los ikoots, en especial el Paso Tileme, a donde acuden a agradecer las lluvias.
Hasta aquí la historia podría ser una más de las decenas de conflictos de límites territoriales de Oaxaca. Pero en 2003 adquirió otro cariz. La trasnacional Preneal desarrolló un proyecto para instalar 132 aerogeneradores. De ellos, 102 se instalarían en la barra de Santa Teresa del municipio vecino de San Dionisio del Mar. Los otros 30 se planeaban en costas de Santa María. El potencial de los 132 aerogeneradores era de 396 megavatios, lo que lo convertía en uno de los parques eólicos más productivos de Mesoamérica.
El proyecto avanzó rápido: en 2004 el comisariado de bienes comunales de San Dionisio avaló el cambio de uso de suelo. Y en 2006 una asamblea de comuneros de Santa María del Mar aprobó su parte.
Pero entonces vino el levantamiento de los indígenas ikoots, primero de San Dionisio y después de San Mateo del Mar. La comunidad de San Dionisio desconoció a sus autoridades agrarias y administrativas y obtuvo la cancelación de los 102 aerogeneradores el 16 de febrero de 2013. Para entonces Preneal le había vendido el proyecto a la compañía española Mareña Renovables. Y el proyecto de los 30 aerogeneradores de Santa María del Mar quedó en suspenso, nunca fue clausurado.
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Por eso hay que regresar el reloj a la noche del 18 de octubre de 2009. Los testimonios cuentan que los habitantes de Santa María del Mar fueron los primeros en instalar un retén: cerraron la salida de San Mateo hacia Salina Cruz. Era una represalia porque San Mateo se oponía al plan eólico.
Con palas y martillos los de San Mateo fueron a abrir el camino. Santa María los recibió a balazos. Los de San Mateo quitaron el retén pero regresaron a su pueblo con 16 heridos, dos de ellos de gravedad.
La población de San Mateo se enardeció.
Y tomaron una decisión radical: encerrar a Santa María del Mar. El propósito era impedir el acceso a las maquinarias de Mareña Renovables. De eso se cumplen ya 10 años.
Converso con Laura Fiallo y Beatriz Gutiérrez, dos de las mujeres del colectivo Monapaküy, nacido para articular la resistencia al parque eólico y para organizar la reconstrucción de San Mateo tras los sismos de septiembre de 2017. Me hablan de etnocidio. El proyecto eólico, me dicen, implicaría el exterminio del pueblo ikoots. Las miles de toneladas de cemento que requieren los aerogeneradores acabarían con la pesca, sustento de su nación.
“No dejaremos pasar la maquinaria para el parque eólico”, me dicen. “Nos han hecho creer que somos pobres porque nos quieren despojar. Quieren nuestro aire, nuestra tierra y nuestro mar. Buscan la manera de crear un conflicto y dividir al pueblo. No sólo estamos en defensa de la tierra, sino de la lengua y la cultura”, me dice Laura.
El puerto secreto de Playa Brasil
Los habitantes de Playa Brasil se enteraron por WhatsApp que su pueblo va a desaparecer. Están molestos porque lo supieron por las malas, y ninguna autoridad ha venido a darles la cara. Al contrario, el alcalde de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, les dijo que el nuevo puerto no los afectaría.
Pero el presidente López Obrador dispuso otra cosa: el 28 de abril de 2019 tuvo una reunión privada en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) con empresarios. Les mostró cuatro planos. Uno de ellos señala el puerto actual de Salina Cruz y el proyecto de nuevo puerto industrial, que sepultaría Playa Brasil debajo de toneladas de cemento.
Los empresarios que estuvieron en la reunión tomaron fotos y se las pasaron a sus amigos surfistas de Playa Brasil. Y ellos la compartieron con la comunidad. “Van a destruir el pueblo. Significaría desalojarnos, destruir la naturaleza que nos rodea, y pasar por encima de los derechos humanos de las personas que viven aquí”, dice Sandra Velásquez, una ingeniera en acuacultura residente en la comunidad.
Es la tarde del 20 de octubre. Una veintena de personas nos recibe en el patio de la biblioteca Frank Devlin. Han visto topógrafos haciendo mediciones, drones tomando fotografías en el aire. Es un pueblito de unas 300 personas que vive de la pesca y la derrama del surf.
Otro plano que se exhibió en la reunión con López Obrador revela que las lagunas con manglares de Playa Brasil se convertirán en la zona de dragado del nuevo puerto industrial. Este nuevo puerto será el primer eslabón del Corredor Multimodal Transístmico, que recorrerá 300 kilómetros para enlazarse con el puerto de Coatzacoalcos. Eso, si López Obrador se impone a las resistencias de estas comunidades.
“Yo estoy dispuesto a morir con tal de que no se haga ese proyecto”, dice un pescador de anteojos y gorra.
En tres días que estuve en el Istmo de Tehuantepec cuatro personas se dijeron dispuestas a morir para impedir el Corredor Transístmico y más parques eólicos.
¿Eso es mucho o poco?
Este reportaje se publicó el 29 de diciembre de 2019 en la edición 2252 de la revista Proceso
