Bajo la premisa de que los mexicanos tienen derecho a saber la verdad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emprendió una investigación para esclarecer si la colusión entre autoridades y constructores es parte de las causas de los derrumbes de los inmuebles por los sismos de septiembre pasado. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Poner al descubierto los posibles actos de corrupción entre empresas inmobiliarias y servidores públicos es uno de los ejes de la investigación iniciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los sismos del 7 y del 19 de septiembre, que dejaron un saldo de casi 400 muertos. Al menos esta es una de las expectativas planteadas por el organismo, de acuerdo con el segundo visitador general Enrique Guadarrama López, coordinador de la investigación iniciada por la CNDH, que hasta el viernes 20 acumulaba 169 quejas de 116 de habitantes de la Ciudad de México. La corrupción permea los derrumbes y daños en decenas de inmuebles dañados, de manera particular en la Ciudad de México, donde desde hace años vecinos de diversas colonias han denunciado irregularidades en edificaciones asentadas en delegaciones como Benito Juárez y Cuauh­témoc, las más afectadas por el sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre. “La sociedad mexicana tiene derecho a la verdad, saber qué pasó, cuáles fueron las causas de la caída o desplome de edificios”, reclama Guadarrama en entrevista con Proceso, y puntualiza: “Lo que tenemos como objetivo es determinar si la situación es derivada del evento natural o si el evento vino a mostrar una serie de anomalías en el actuar de la autoridad”. Para acercarse a la verdad, por lo pronto, el organismo emitió al menos dos medidas cautelares, el 25 y 29 de septiembre, dirigidas a la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, y al procurador general de Justicia, Edmundo Porfirio Garrido, para “que se tomen todas las medidas para preservar los lugares en donde hubo colapso o derrumbe de inmuebles, para que permitan llevar a cabo las investigaciones penales o administrativas, inclusive la investigación propia de la CNDH”. En ambos documentos, de los cuales este semanario tiene copia, se pide a las autoridades capitalinas que tomen las medidas necesarias para que las instalaciones de inmuebles, como las del “Colegio Enrique Rébsamen”, por el que se abrió una carpeta de investigación, así como las de otros que “se encuentren (sujetos) a una indagatoria ministerial (…) no sean alteradas y permanezcan tal y como quedaron al concluir las labores de rescate”. De acuerdo con Guadarrama, “el propósito de las medidas es preservar evidencias para que las investigaciones nos arrojen las causas de la caída o desplome de edificios y determinar responsabilidades”. De las 116 quejas abiertas, 20 están relacionadas con casos de inmuebles derrumbados; 15 con la revisión de edificaciones que presentan daños estructurales; 29 con quejas de personas que denuncian la existencia de daños en sus centros de trabajo; 16 con afectaciones en escuelas; siete con la falta de garantías para la integridad de las personas; seis con la insuficiencia de información; tres con el inadecuado suministro de apoyos. Asimismo, en cuatro quejas se exige fincar responsabilidades y en un número igual se denuncia la afectación de bienes por falta de seguridad, en tanto que 12 fueron clasificadas como quejas de varios tipos, entre ellas por localización de vestigios arqueológicos, falta de pago de honorarios y negativa a brindar servicios de energía eléctrica y agua potable. El segundo visitador general de la CNDH es responsable de coordinar la investigación iniciada por los sismos de septiembre pasado, por los que se desplegaron unos 300 servidores de primera, segunda, tercera, quinta y sexta visitadurías. Fallas en la emergencia Guadarrama explica que desde el sismo del 7 de septiembre personal de la CNDH se desplazó a Chiapas y a Oaxaca, en su momento los estados más afectados, y 12 días después los visitadores adjuntos y psicólogos del organismo se presentarían en entidades como Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz y en la Ciudad de México para documentar la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales al atender la emergencia humanitaria. De acuerdo con los reportes del personal, tanto en las primeras entidades afectadas como en las subsecuentes “los esquemas de colaboración entre las autoridades no operaron de manera clara y definida; entre ellos, el de coordinación y de información no fluyeron de manera adecuada. Se detectó que no se daba por un solo conducto, que había lapsos en que no se daba la información, en que familiares y víctimas estaban sin saber qué pasaba”. Al señalar que de manera oficiosa la CNDH abrió expedientes de queja, como el presunto desvío de víveres por parte del DIF de Morelos con fines políticos, el visitador describe que la investigación del caso contempla hechos ocurridos antes, durante y después de los sismos. “La gente dice que los edificios se cayeron porque estaban mal construidos, de ahí que nuestra investigación va a revisar cuál fue el esquema de autorizaciones, determinar por qué hay zonas en donde se permite un máximo de cuatro pisos y hay seis; se van a analizar los planos y las estructuras, la manera en que fueron construidos los inmuebles, todo eso se tiene que investigar, se tiene que saber qué es lo que pasó con los edificios.” En esa etapa de la indagatoria, Guadarrama asegura que la CNDH contempla apegarse a los lineamientos internacionales de “centrar la mirada también en las empresas que también violan derechos humanos”. Entre las hipótesis que tiene el organismo, derivadas en buena parte de las denuncias ciudadanas, “es que pudo haber habido esquemas de colusión de autoridades con empresas, por lo que también les tienen que fincar responsabilidades si se logra acreditar que se violaron derechos humanos”. En el caso de la Ciudad de México, apunta, la Procuraduría General de Justicia había integrado 160 carpetas de investigación relacionadas con el sismo del 19 de septiembre, hasta el jueves 12, correspondientes a “fraudes, robos y por la mala actuación de las constructoras”, indagatorias que serán analizadas por el personal de la CNDH; entre ellas, los peritajes de los inmuebles derruidos, “para lo que se recurrirá a peritos externos”. En la etapa de análisis de lo que ocurrió durante la contingencia, la investigación del organismo estará dirigido hacia determinar la existencia de protocolos de protección civil, la coordinación entre autoridades, los mecanismos de información a familiares de víctimas y a la opinión pública; la operación de centros de acopio y albergues; censos para víctimas, esquemas de búsqueda y rescate, así como el destino de las personas rescatadas, entre otros temas. Guadarrama destaca que hasta el jueves 12 la CNDH había formulado 187 solicitudes de información, incluidas 26 medidas cautelares, a autoridades de los niveles federal, estatal, municipal y delegacional, y asegura que la tercera fase de la indagatoria “se refiere al manejo de los apoyos en la reconstrucción, y de ello dependerá de las reglas de operación para la distribución de los mismos”. La postura de la CDHDF En cuanto a las acciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durante la contingencia, el martes 17 la presidenta de este organismo, Perla Gómez Gallardo, en comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa a fin de promoverse para un segundo periodo en la CDHDF, incluyó en su comparecencia un reporte al respecto. Sostuvo que ante la declaratoria de emergencia el personal a su cargo realizó “300 acciones de manera ininterrumpida y simultánea”, abrió una queja de oficio “para documentar las posibles violaciones a derechos humanos”, realizó 150 recorridos en zonas afectadas, emitió 24 medidas precautorias y 16 “salidas foráneas para entregar víveres a cuatro entidades federativas”. Gómez Gallardo agregó que la labor del organismo durante la emergencia se enfocó en el acompañamiento, de manera que en lugar de tener 300 quejas “sólo llegaron a 11, porque hicimos más de 300 acciones para que se le atendiera en el momento inmediato a la persona, en vez de esperar a llevar oficios o hacer un trámite”. Reconstrucción bajo sospecha La intervención de la CNDH para revisar los antecedentes de los inmuebles derrumbados genera expectativa entre quienes en los últimos cinco años han denunciado el boom inmobiliario en la Ciudad de México, asentado en presuntas irregularidades tras las cuales está la sospecha de la corrupción. Josefina Mac Gregor, integrante de la asociación civil Suma Urbana, asegura que la Ciudad de México ha registrado un crecimiento urbano desordenado, a tal grado que de abril a la fecha, gracias a una aplicación en Facebook y Twitter de la organización, logró recabar 817 denuncias de obras irregulares edificadas en los últimos dos años. Para la también representante vecinal en la delegación Álvaro Obregón, resulta preocupante la iniciativa de reconstrucción de la capital del país, impulsada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, porque “refleja una prisa por darle vuelta a la página y construir nuevamente en lugares en los que no sabemos qué pasó, si los edificios se cayeron por el evento mismo, por la colusión entre autoridades y particulares o porque hubo una deliberada intención de ir contra las normas de construcción”. Mac Gregor recuerda que en la Ciudad de México los vecinos que se oponen a las construcciones desmesuradas se han topado con todo tipo de obstáculos, incluso en espacios que “uno supone podrían fungir como contrapeso de las autoridades corruptas y las constructoras que viven en el mundo de la impunidad”. Uno de esos obstáculos ha sido la propia CDHDF, dice Mac Gregor, quien recuerda que en octubre de 2014 el organismo cerró el expediente CDHDF/III/122-CUAU/ 13 /0594, por el que vecinos de 57 colonias presentaron un año antes mil 200 denuncias por edificaciones irregulares, que previamente habían sido interpuestas ante diversas autoridades por construcciones ilegales, daños a propiedad colindante, fraude en venta de departamentos, apropiación ilegal de áreas verdes y destrucción de inmuebles catalogados, entre otros hechos. De acuerdo con Mac Gregor, la dependencia encabezada por Gómez Gallardo respondió que “la cantidad y complejidad de casos rebasaba su capacidad”. Señala que en lugar del informe a fondo que exigían las organizaciones vecinales, la CDHDF emitió seis recomendaciones, que para los inconformes “no reflejaban las violaciones sistemáticas”. Una de esas recomendaciones es la 12/2014, en la que José de Jesús Saldaña aparece como la letra Q de una lista de 21 quejosos de las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Originario de San Simón Ticumac, Saldaña se inconformó ante la CNDH contra la comisión capitalina, debido a que no le fue dada a conocer la recomendación antes de ser emitida, como se habían comprometido los funcionarios de la CDHDF. Sostuvo que en vez de ser notificado él como quejoso, se le informó de la misma al personal de la constructora que dañó su patrimonio, Urbania, propiedad de Isaac Memun Elías, también presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi). “Seis meses después, la CNDH dijo que no podía hacer nada porque el organismo local había emitido una recomendación, pero no atiende lo que yo denuncié; la CDHDF sólo hizo observaciones a la delegación y no a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) ni a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) que estuvieron enterados de que la constructora edificó dos torres de más con tres pisos de más cada una, que no están reportadas en los planos originales.” Después de tres años de emitida la recomendación, “sólo se ha cumplido el 16%; además, en un principio se nos había dicho que en ella estaríamos contemplados 25 vecinos de la Benito Juárez, luego se bajó la cifra a 15, después a cinco y al final sólo aparecimos cuatro quejosos”. Dañado psicológicamente por la lucha infructuosa contra el desarrollo inmobiliario, José de Jesús Saldaña, que con apoyo de la delegación se ha negado a pagar los daños a su vivienda, declaró que en las últimas reuniones con personal de la CDHDF le dijeron que “mejor consiga un abogado” porque las recomendaciones de la institución son “simbólicas”. Este reportaje se publicó el 22 de octubre de 2017 en la edición 2138 de la revista Proceso.