Recientemente, Early Institute dio a conocer el estudio "¿Cómo vamos con la primera infancia?” mediante el cual se realiza un balance de la situación actual y retos en el cumplimiento de los derechos de los niños de entre cero a cinco años en nuestro país.

Como todo reporte, el que se propone desde el instituto no busca solamente generar documentos para la reflexión, sino también es un llamado de urgencia para orientar decisiones públicas y privadas que permitan mejorar el desarrollo progresivo de esta población.

Bajo un formato de preguntas y respuestas basadas en datos oficiales, el estudio plantea seis interrogantes respecto de la situación en materia de pobreza, seguridad, cuidado, educación, atención materno-infantil y nutrición. Si bien México avanza marginalmente en algunos rubros, los desafíos persisten en la mayoría de las dimensiones.

Particularmente, el informe revela una preocupante situación en México porque pese a que la pobreza infantil disminuyó un 20% a escala nacional entre 2018 y 2024, las carencias sociales –especialmente en el acceso a servicios de salud– aumentaron más de 115% entre 2018 y 2024. Adicionalmente, la vulnerabilidad por carencias sociales creció 25%, esto es indicativo de una realidad de contrastes queva más allá de las cifras; si bien hoy desde el gobierno se celebra que las familias cuentan con mayores ingresos, este crecimiento no se traduce en una mejora homogénea ni equitativa respecto del desarrollo integral de la primera infancia.

La realidad es que todas estas variables adquieren un matiz específico acorde a la zona geográfica, condición económica, tipo de comunidad y condiciones sociales particulares en las que nacen los niños, lo cual refleja que esta agenda requiere de menos intervenciones genéricas y, por el contrario, políticas más profundas que permitan ampliar y crear cobertura de programas sociales dirigidos especialmente a los niños de cero a cinco años en situación de pobreza y pobreza extrema para combatir la acumulación de carencias. 

Adicionalmente, por las características del modelo federal y los contrastes que se viven en diversas regiones del país, en el reporte concluimos que – en todas las dimensiones clave como pobreza, educación, salud, mortalidad y seguridad – resulta indispensable generar estrategias diferenciadas en las capacidades de cada gobierno estatal y que estén focalizadas en grupos vulnerables como hogares indígenas, personas con discapacidad, niños en situación de movilidad y migrantes. 

Además de brindar una foto actualizada de estos temas, el reporte vuelve la vista a la pregunta crucial que hemos venido planteado a lo largo de este año: ¿cómo está manejando el gobierno de la presidenta Sheinbaum la agenda de la niñez?

Desde lo institucional, la llegada de la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio, sin duda otorgó mayor visibilidad y dinamismo a las funciones de articulación de esta dependencia entre los ámbitos federal, estatal y municipal. 

Hemos visto a un SIPINNA más activo y con mayor capacidad de interlocución en espacios institucionales, gubernamentales, legislativos y reuniones de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a este tema. 

En la construcción de los planes y programas, es de destacar que este año el SIPINNA logró generar un diálogo participativo que incluyó la voz de niños de todo el país para escuchar sus opiniones en la conformación de esta agenda mediante los diálogos “República de y para la Niñez y la Adolescencia”concepto adoptado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

No obstante estos avances, existen retos que deben sopesarse de cara a la efectividad del SIPINNA en los próximos años de gobierno. Primero, es indispensable pasar del diagnóstico a la operación concreta de políticas públicas en beneficio de esta población. Como hemos visto, los temas centrales de la primera infancia, niñez y adolescencia están claramente identificados y no requieren más diagnósticos de escritorio, foros de análisis o pactos protocolarios para reflexionar sobre ellos.  

Ante una agenda de temas tan amplios y complejos, el SIPINNA debe cambiar la apuesta de anteriores administraciones que pretendían abarcar al mismo tiempo rutas sumamente ambiciosas de trabajo, llenas de objetivos, metas, ejes e indicadores materialmente imposibles de cumplir en la línea de vida de un sexenio y dada la cantidad de instituciones y prioridades que convergen en la agenda pública del país.

Desde luego es positivo contar con programas y documentos rectores elaborados a partir de mejor información, metodologías y con la participación de todos los actores, pero hasta ahora la existencia de dichos planes no se ha traducido en automático en la puesta en marcha de políticas sociales y mucho menos con presupuesto suficiente para su operación. 

El Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (PRONAPINNA) –largamente anunciado este año– debe representar una oportunidad para cambiar este estado de cosas en el sector. La Secretaría Ejecutiva del Sistema, las dependencias federales, gobiernos estatales, organizaciones civiles y agencias internacionales debemos priorizar temas concretos y realizables hacia la mitad del sexenio en 2027. No se trata de generar una lista o catálogo de cientos de deseos hacia la niñez y en los hechos, seguir en la inercia de resultados marginales pretendiendo que con foros, fotos y conversatorios nuestras niñas y niños avancen en sus derechos elementales.

Por el contrario, me parece que esta agenda se encuentra en un momento crucial, considerando que este gobierno cuenta con mayorías parlamentarias y entidades federativas gobernadas por la misma institución partidista, con la capacidad de impulsar temáticas debidamente alineadas y respaldadas desde Palacio Nacional.

Por ejemplo, consolidar la política nacional en materia de crianza positiva, avanzar en la implementación progresiva del Sistema Nacional de Cuidados que permita mejorar los servicios de cuidado y educación inicial para la primera infancia, integrar una agenda legislativa nacional y homologada para avanzar en la reducción de las formas de violencia infantil y lograr por primera vez en diez años un incremento significativo de recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en el anexo transversal del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se trata de algunas ideas, pero se insiste en priorizar aquellos temas que sean viables y puedan transitar en la lógica, narrativa y estilo de la 4T. Para 2026, si se acelera la implementación del PRONAPINNA y sus estrategias, podría consolidarse como un legado positivo; de lo contrario, los riesgos persistirán para millones de niñas y niños que aún esperan resultados.

* Abogado. Doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana, director ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute; X/@abrahammadero