AMLO y Claudia Sheinbaum no tienen llenadera. Habiendo acaparado los poderes Ejecutivo y Legislativo, la mayoría de las gubernaturas de las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, también quieren tener bajo su dominio al Poder Judicial y arrebatar a la oposición el estado de Guanajuato. Puestos en situación de pedir, también desearían la desaparición de los partidos políticos que significan una oposición real. 

Quieren todo el poder público; si es ilimitado, sin obstáculos y para siempre, mejor. No se conforman con menos. 

Les molesta que los califiquen de arbitrarios, absolutistas y totalitarios. Es injusto decirlo habida cuenta que su candidata a la Presidencia de la República obtuvo más de 36 millones de votos. Ese número y el hecho de dominar el Congreso de la Unión lo consideran como una carta blanca para hacer y deshacer, para que nada quede fuera de su control

AMLO, con el pretexto de que hay corrupción en el Poder Judicial, tanto federal como local, pretender acabar con el mal. Su remedio es muy simple: matar al paciente. Ve la paja en el ojo ajeno, no en su propia familia, socios de partido o cómplices. Él, como en todo, propuso una encuesta amañada: ¿está usted de acuerdo que en la designación de los jueces corruptos se siga el mismo procedimiento que se observa hasta ahora? La respuesta era obvia. No planteó un examen con respuesta múltiple. No quiso arriesgar.

Con base en lo opinado por un mínimo de ciudadanos, en una consulta improvisada y sin control, pretende justificar un cambio en las normas fundamentales que regulan los procedimientos para designar ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces, tanto federales como locales.

AMLO no es tonto, no propuso: ¿está usted de acuerdo con que sea el presidente de la República, mediante una elección amañada, quien designe a los jueces? Tampoco propuso, ¿está usted de acuerdo en que sea el crimen organizado, los directivos de Morena o los caciques, nacionales y locales, los que designen a jueces incompetentes, parciales e ignorantes? Esta posibilidad y no otra diversa pudieran ser las que derive de su propuesta.

Con las reformas que propone AMLO, la oficina de la Presidencia se convertirá en la mayor agencia de colocaciones que existe en el mundo. De la elección popular de los ministros, magistrados y jueces se pudiera pasar también a implementar el mismo procedimiento para los secretarios de Estudio y Cuenta, proyectistas, secretarios de acuerdo, actuarios, archivistas, demás personal judicial y hasta meritorios. El Judicial, como un todo, sería otro coto de poder a disposición de la presidenta, de AMLO y Morena.

Ahora que se abre la posibilidad de que los cargos de ministros, magistrados y jueces sean de elección popular, aumentaría el incentivo para ser de Morena. Esta agencia de colocaciones, con la reforma judicial, incrementará el número de plazas a disposiciones para beneficiar a quienes se muestren fieles a la causa. 

Los priistas, sobre todo los que son viejos, recordarán que los sitiales de la Suprema Corte, hasta 1996, fueron premios de consolación para los políticos caídos en desgracia o que estaban en espera de un mejor destino. El alto Tribunal, de prosperar la reforma, se convertirá en un trampolín del que salten los políticos.

La supuesta elección de los ministros, magistrados y jueces sólo es una farsa a la que recurren AMLO y Claudia Sheinbaum para controlar al independiente e insumiso Poder Judicial. Los jueces electos por el pueblo sabio impartirán justicia revolucionaria. Volverán las sentencias que se emitían para complacer al populacho. 

De aprobarse la reforma, ya me imagino a un juez “electo” por el pueblo, conociendo del concurso mercantil de una empresa trasnacional; a un juez familiar 90% honesto y 10% jurista, que resuelva de la nulidad de un testamento por captación; a un magistrado revolucionario resolviendo un caso de conflictos de leyes o aplicando leyes extranjeras; a un ministro, como Lenia Batres Guadarrama, juzgar de un conflicto competencial entre el Congreso de la Unión y alguna legislatura local o conocer de un caso de control difuso.

Dado que, por una u otra razón, diariamente falta un juzgador por muerte, renuncia o jubilación, con el sistema de elección de los juzgadores que propone AMLO pudiéramos tener elecciones todos los días del año, incluyendo el 1 de mayo, el 16 de septiembre, 12 y 25 de diciembre. 

Con ese sistema, el proceso electoral pudiera derivar en algo muy sencillo: en preguntar a la ciudadanía todos los días: ¿está usted de acuerdo con que fulano de tal sea ministro de la Corte o juez de primera instancia? Se daría por aprobado el nombramiento con la intervención virtual de los mismos electores: 500 o 600 ciudadanos que Morena habilite como opinadores habituales y permanentes. Ante el cansancio de los electores comunes y corrientes, el ser opinador en las encuestas para elegir jueces, pudiera ser una licenciatura susceptible de ser impartida por las universidades patito del Bienestar. Ser elector de jueces pudiera convertirse en una profesión hecha y derecha. El voto de ellos sería suficiente para hacer operante un nombramiento. 

Ante la ignorancia del Derecho, los jueces de la Cuarta Transformación pudieran convertirse en jueces de usos y costumbres que van a resolver los asuntos sujetos a su consideración según su leal saber y entender.

En ese estado de cosas, las facultades y escuelas de Derecho se convertirían en academias en las que se enseñaría a repetir, a cuatro voces, en coro y en tono menor: es un honor estar con Obrador, voto por voto, casilla por casilla. Serían de lectura obligatoria las obras completas de AMLO: su último libro Gracias, pudiera convertirse en un texto de cabecera. En ese contexto desaparecerían los cursos de obligaciones y contratos. No tendrían objeto los cursos, anuales o semestrales, de derecho constitucional, administrativo, fiscal, amparo y los procesales: civiles, mercantiles y penales, entre otros. Nadie se sentiría obligado a conocer los precedentes.

A ese paso, México se convertiría en una democracia plebiscitaria, con la posibilidad de que, mediante una consulta amañada, se permita el retorno de AMLO a la Presidencia de manera vitalicia, la desaparición del apartado de derechos humanos y de los medios de defensa de la Constitución. Todo pudiera derivar en que la ideología de la 4T se instaure como religión de Estado.