CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin tocar a la Fiscalía General de la República (FGR) por las omisiones en la investigación del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cargó las responsabilidades de las irregularidades en el procesamiento de las evidencias encontradas en el lugar, a la fiscalía local y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

A pesar de que la FGR lleva la indagatoria del Rancho Izaguirre en marzo de 2025, hallazgo realizado por madres buscadoras de la entidad, en la recomendación 11/2025 se deslinda a la institución, encabezada entonces por Alejandro Gertz Manero, incluso en  eventos como la apertura del rancho a medios de comunicación el 20 de marzo de 2025 convocada por el ahora embajador de México en Reino Unido.

El documento no menciona que en una conferencia de prensa Gertz Manero invitó a medios de comunicación a realizar un recorrido por el rancho Izaguirre, a pesar de que en ese momento la FGR aún no había anunciado la atracción del caso.

Se omite que los colectivos de madres buscadoras que se desplazaron al rancho, cuestionaron el papel de Gertz y de la FGR por la convocatoria.

En el texto recomendatorio se alerta sobre la omisión de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) de resguardar el inmueble luego de que desde noviembre de 2024 se había intervenido el lugar y se habrían detenido al menos a diez personas.

Esa falta de custodia, derivó en el ingreso de personas buscadoras de desaparecidos el 5 de marzo de 2025, “lo que evidenció anomalías en la preservación del lugar de los hechos y en el aseguramiento del inmueble”.

Sin mencionar que la presencia de las buscadoras permitió dar a conocer una serie de hallazgos que no habían sido procesados por la fiscalía estatal, la CNDH responsabiliza al agente del Ministerio Público de la FEJ responsable de la indagatoria por permitir que el 20 de marzo de 2025 “personas ingresaran al Inmueble 1 (Rancho Izaguirre) pese a que permanecía en proceso de intervención pericial”.

Sobre ese evento, la CNDH acota que “si bien dicho acceso se pretendió realizar de manera controlada y restringida a zonas previamente delimitadas mediante postes y cinta plástica, lo cierto es que, debido al número considerable de participante, se perdió el control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de los indicios que potencialmente podían encontrarse en dichas zonas”.

Se agrega que esa “visita evidenció deficiencias en la preservación del Inmueble 1 y en la conducción de las diligencias ministeriales, lo que impacta en los hechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, al comprometer la integridad del lugar de los hechos y la confiabilidad de los indicios”.

A pesar de que este jueves 5, la FGR emitió un comunicado para informar sobre los avances de la investigación sobre el Rancho Izaguirre, cuyo expediente fue entregado a la institución el 19 de marzo de 2025, la CNDH sólo hace mención de la oficina encabezada por Ernestina Godoy en un párrafo.

En la relación de evidencias recabadas por la CNDH para documentar la recomendación, se menciona que el 1 de diciembre de 2025 recibió el oficio FE.03.04.1357.2025.DL, de la fiscalía de Jalisco “en el cual hizo del conocimiento la situación jurídica de la Carpeta de Investigación 1 (abierta en noviembre de 2024), además de señalar que la Fiscalía General de la República no ejerció facultad de atracción”.

La recomendación firmada por Rosario Piedra Ibarra identificó violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, “atribuibles a personas servidoras públicas de la FEJ y el IJCF”.

Al limitar la responsabilidad de los agravios a la FEJ y al IJCF, la CNDH dio un plazo de seis meses para realizar “un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se acreditaron”.

Además, cada una de dichas instituciones deberán nombrar servidores públicos “de alto nivel”, deberán elaborar un protocolo de actuación para “el aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos, el procesamiento técnico-científico de indicios, el adecuado manejo de la cadena de custodia y la generación de periciales confiables”.

De manera particular a la FEJ se le instruyó a coadyuvar con la CNDH en la queja que presentará contra seis servidores públicos ante la Contraloría Interna, en tanto que deberá integrar la recomendación a las carpetas de investigación abiertas por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad relacionadas con el aseguramiento del Rancho Izaguirre.

Al IJCF, la  CNDH la instó a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de las carpetas de investigación abiertas en la FEJ por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad relacionadas con el aseguramiento del Rancho Izaguirre; colaborar con la CNDH en el procedimiento contra cinco servidores públicos “por sus omisiones y dilaciones en el procesamiento de las pruebas”; llevar a cabo un programa de capacitación en materia de derechos humanos dirigido para su personal, en un plazo de seis meses, así como emitir una circular en máximo dos meses en la que se establezca los lineamientos técnicos del procesamiento de indicios y cadena de custodia.