CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten el riesgo de que el Poder Judicial sea capturado políticamente en caso de prosperar las iniciativas del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrado.

El centro universitario recién publicó el “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024)”, coordinado por Sergio López Ayllón, J. Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar y Diego Valadés, y en cuya introducción se advierte que las iniciativas del presidente implican una modificación profunda de las reglas de acceso y ejercicio del poder.

Asimismo representan “una reformulación significativa a la división de poderes, una refundación de todos los poderes judiciales del país, y generan una nueva relación con las fuerzas armadas”.

Además, refiere el análisis, “constitucionalizan la agenda social de la 4T para garantizar su prolongación en el tiempo”.

Efectos del voto popular

El texto, publicado el 13 de junio, dedica tres de sus capítulos a la más polémica de las iniciativas, la que establece la elección en urnas de los jueces, magistrados y ministros.

En el capítulo titulado “La reforma al Poder Judicial. Efectos en el estatus y la mecánica de elección —por voto popular— de sus integrantes”, el investigador César Astudillo advierte que, de aprobarse la iniciativa, el daño al PJF será mayúsculo:

“Implicará el cese inmediato de mil 665 ministros, magistraturas y judicaturas, y generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”.

En ese contexto alerta que se obliga a los juzgadores a incursionar en el terreno electoral y a que valoren y resuelvan las controversias constitucionales, de por sí aderezadas de un gran contenido político, mediante criterios de interés político.

Cuando el PJF deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, alerta el investigador:

“Sin independencia judicial, el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder, y la propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos”.

El investigador J. Jesús Garza Onofre, por su parte, tituló su capítulo “Reforma al Poder Judicial. Sustitución del actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial separado de la Suprema Corte y creación de un tribunal de disciplina judicial”, y en sus conclusiones considera que este aspecto de la reforma judicial es inviable política y financieramente, además de tener “profundas incoherencias y visión parcial de todo el sistema de justicia”.

Purgar para luego capturar

Finalmente, el investigador Javier Martín Reyes titula su análisis “La elección popular de los poderes judiciales en México: breve radiografía del Plan C”, en el que considera que en la iniciativa permea una premisa fundamental: “la supuesta necesidad de realizar unapurga de todos los poderes judiciales y de establecer un sistema de voto directo para los titulares de los órganos de la judicatura”.

En su opinión, las modificaciones propuestas tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lo que la iniciativa propone, en pocas palabras, es pasar de un (muy) imperfecto proceso de designación, que no necesariamente garantiza la imparcialidad y el mérito de las personas nombradas, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la partidización de la judicatura”, destaca Reyes.

El “Plan C Judicial”, como lo llama el investigador, propone, a su juicio, un modelo por demás cerrado y restrictivo para la postulación de las candidaturas para la Suprema Corte y demás cargos electivos del Poder Judicial Federal, un igual número.

“Como puede verse, estamos frente a una iniciativa de reforma que permitiría que fueran los poderes —y no la ciudadanía— los que decidan finalmente quién puede aspirar o no a un cargo judicial. Es falso, por tanto, que el Plan C busque que en el Poder Judicial Federal esté representada ‘la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación’. Lo que en realidad quiere la iniciativa presidencial es que a la Suprema Corte y al resto de los órganos jurisdiccionales sólo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento”.

Asimismo, señala, la iniciativa presidencial propone que en un plazo no mayor a un año se realicen elecciones extraordinarias, de tal forma que cesen en sus funciones todas las y los ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito y magistrados electorales que actualmente están en funciones.

“En este aspecto, la lógica electoral es por demás clara. Si consideramos que Morena y sus aliados son, por mucho, la coalición con mayor fuerza electoral en la actualidad, amén de que controlan y es altamente probable que sigan controlando tanto al Ejecutivo como al Legislativo, no es difícil ver cómo, en menos de dos años, el obradorismo podría controlar a prácticamente a todos los poderes judiciales del país”, alerta el investigador.

En su conclusión, el balance del Plan C Judicial es claramente negativo.

“Se trata de una reforma profundamente regresiva, que más allá de la retórica del presidente López Obrador —especialmente, el supuesto intento por poner fin a las ‘reformas neoliberales’—, simple y sencillamente busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte”, advierte Javier Martín Reyes.

El texto completo puede consultarse en el siguiente enlace: archivos.juridicas.unam